¿Y si el fujimorismo tiene razón?, por Marco Sifuentes

Ahora resulta que el fujimorismo ya se sinceró y ha anunciado que apoya, en bloque, el proyecto de Ley Mordaza. Curiosamente, de lo que nadie habla es del otro proyecto de interferencia fujimorista. Se trata de una propuesta firmada por Modesto Figueroa (cuya única aparición en medios nacionales, hasta ahora, se debió a sus vínculos con la minería ilegal).

El proyecto de Figueroa busca regular la publicidad estatal en medios de comunicación. Según él, “a través de esta forma de actos contractuales se han producido y se producirán graves actos de corrupción”, aunque, como suele ocurrir con este tipo de afirmaciones pomposas, nunca precisa cuáles son los actos de corrupción que ya se han producido (asumiendo que no se refiere a los de la década fujimorista).

Este proyecto, a diferencia del de Aramayo y Letona, no ha generado ningún escándalo. Salvo un artículo en este Diario, ningún otro medio ha dicho nada.

Eso sí, una búsqueda rápida en Twitter demuestra que, desde que Figueroa lo presentó, hace un mes, ha ocurrido algo muy interesante. Desde finales de marzo, sin que ocurriera ningún debate o denuncia al respecto que pusiera este asunto en la palestra, muchas cuentas asociadas al fujimorismo –políticos, periodistas y, sobre todo, su batería de ‘trolls’– han intentado ‘levantar’ el tema. El término ‘publicidad estatal’ ha experimentado un repentino subidón en redes en el último mes y todas las menciones vienen de cuentas peruanas. Mucha casualidad, ¿no?

Es como si se estuviera preparando el terreno para una segunda ola de ataques del fujimorismo a la prensa, a la que culpan ya no solo de la derrota de su candidata, sino de la reciente recuperación de la popularidad de PPK. 

Seguramente, la señora Fujimori está confiada en que sus ajustes de cuentas personales coinciden con la demanda ciudadana por una mayor calidad de los medios. Y podría no faltarle la razón. La discusión sobre la publicidad estatal debería ser siempre bienvenida. Después de todo, por ejemplo, muchos diarios con menos lectoría que varias cuentas de Twitter aún reciben una inexplicable tajada (y no solo del Ejecutivo ppkausa, también de entidades públicas afines al fujimorismo: Congreso, municipalidades y gobiernos regionales).

Pero si realmente se quiere ir a temas de fondo en los medios, habría que discutir, por ejemplo, la ejecución de sus códigos de ética. Los miembros del Consejo de la Prensa y de la SNRTV, por ejemplo, sí los tienen y, en consecuencia, cualquier ciudadano puede exigir sanciones para ellos, como ha ocurrido. Pero innumerables radios y televisoras de todo el Perú –incluyendo grandes corporaciones, como las de los Capuñay– no cumplen con el artículo 34 de la Ley 28278 que les exige implementarlos. Esto serviría para que cualquier ciudadano descontento pueda exigir regulación y obtener sanciones sin necesidad de leyes con tintes más bien chavistas.

Si el fujimorismo realmente está interesado en la calidad de los medios, podría enfocar sus esfuerzos en aumentar las sanciones para los que no cumplan con la ley o agilizar los procesos de queja o fortalecer la supervisión de entidades independientes como Concortv. Todo esto, claro, si su verdadera preocupación no fuera la próxima elección sino, de verdad, la ciudadanía.