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Gobiernos regionales: las nuevas autoridades con sentencias judiciales

Hoy 25 gobernadores regionales asumen sus cargos hasta el 2022. Varios registran sentencias judiciales, algunos han afrontado largas investigaciones

Expedientes regionales| INFORME

Walter Aduviri, gobernador regional de Puno, encabezó la revuelta conocida como "aimarazo" en el 2011. Lo condenaron a siete años de prisión pero la sentencia fue anulada (Foto: archivo)

Ralph Zapata

El miércoles pasado, luego de que cada uno de los 25 nuevos gobernadores regionales recibiera sus credenciales para el período 2019-2022, en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en Lima, el presidente Martín Vizcarra fue contundente: “Autoridad que delinque, será castigada severamente”.

El discurso de Vizcarra, dirigido también a los 196 alcaldes provinciales y 1.676 distritales que desde hoy asumen funciones, fue básicamente un llamado a la honestidad con una advertencia discreta. De hecho, no son pocos los nuevos gobernadores regionales que han iniciado sus gestiones con graves señalamientos. Dante Madriotti (Callao), por ejemplo, ha sido vinculado con una red criminal dedicada a la extorsión y sicariato. Se pidió su detención y estuvo prófugo; pero la apelación que presentó ante el Poder Judicial fue aceptada.

En octubre, la Corte Suprema ordenó que se anule la sentencia de siete años de cárcel para Walter Aduviri (Puno) por el delito contra la tranquilidad pública. El caso se remonta a mayo del 2011 cuando encabezó las protestas contra las concesiones mineras otorgadas por el gobierno del entonces presidente Alan García.

Elmer Cáceres (Arequipa) tiene denuncias por violación sexual contra tres mujeres, entre el 2004 y el 2017. Él ha negado las imputaciones. Por el momento, la Oficina de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público ha abierto investigación al fiscal Óscar Gonzales, quien archivó uno de los casos.

Además, algunas de las nuevas autoridades regionales registran sentencias. Juan Carlos Morillo (Áncash) cumplió condenas por girar cheques sin fondos y por violencia familiar.

Óscar Altamirano (Amazonas) fue sentenciado en el 2011 a cuatro años de prisión suspendida e impedimento para ejercer función pública por la adquisición irregular de materiales para un centro de salud durante su anterior gestión como gobernador regional.

A Francisco Pezo (Ucayali) lo condenaron, también en el 2011, a dos años de prisión suspendida por apropiación ilícita, desobediencia y por resistencia a la autoridad. Ese mismo año, Wilmer Dios (Tumbes) fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por colusión desleal en agravio del Estado. Para Carlos Rúa (Ayacucho), el Poder Judicial ordenó tres años de prisión suspendida por delito contra el medio ambiente, según información que consigna Transparencia.

En tanto, a Zenón Cuevas (Moquegua) el Poder Judicial lo sentenció a tres años de prisión suspendida por el delito de disturbios. Ello luego de que fuera sindicado como uno de los promotores del ‘moqueguazo’, protesta por la redistribución del canon minero, en el 2008.

—Investigados—
Otro grupo es el de los nuevos gobernadores regionales que tienen investigaciones en curso o que han sido investigados. El caso de Vladimir Cerrón (Junín) quizá sea el más resaltante aquí. La fiscalía lo denunció por presunto lavado de activos, delito que se le imputaba haber cometido en su anterior período de gobernador regional. Sin embargo, la denuncia fue archivada el año pasado.

Para Manuel Llempen (La Libertad), la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad pidió en el 2015 cinco años de prisión por presuntamente haber contratado de manera irregular una consultoría para la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (Sedalib), de la cual era presidente.

En el 2010, el Ministerio Público acusó a Elisban (Loreto) por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado y pidió cuatro años de cárcel para él.

A Juan Alvarado (Huánuco) la policía lo sindicó el año pasado como el encargado de una obra donde se hallaron cinco toneladas de explosivos que, al parecer, se utilizaban para la extracción ilícita de minerales.

Pedro Ubaldo (Pasco) tiene una investigación por el supuesto delito de colusión.

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