Hay 59 alcaldes con inscripciones en el Reinfo: ¿de qué zonas son y a qué agrupaciones políticas pertenecen?

La relación entre la minería informal y la política no solo se da en el Congreso, donde se aprobó otra vez la ampliación del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), enfocado en los pequeños mineros y mineros artesanales, pero que en la práctica ha servido de fachada para actividades delictivas como la minería ilegal y el crimen organizado. La conexión también se evidencia con alcaldes del país. Según una revisión de El Comercio, hay por lo menos 59 burgomaestres que tienen inscripciones en el Reinfo.

Los registros (104 en total) de los 59 alcaldes están en al menos 14 regiones: Puno, Cusco, Lima, Apurímac, Arequipa, Huánuco, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Ica, Áncash, Amazonas, La Libertad y Madre de Dios. En las dos últimas regiones, la minería ilegal del oro es un gran problema por su nexo con otros delitos como el crimen organizado o la trata de personas, además de la contaminación ambiental que genera. En muchos casos, los alcaldes poseen inscripciones en sus jurisdicciones.

Dos burgomaestres con registros en Madre de Dios son provinciales. Uno es Luis Alberto Bocángel Ramírez, alcalde provincial de Tambopata (cumple su segundo período; el primero fue entre el 2007 y 2010). Tiene cuatro inscripciones vigentes en su jurisdicción.

En enero del 2024, cuando ya llevaba un año como burgomaestre, tres de esos cuatro registros figuraban como suspendidos, de acuerdo con un informe de Epicentro publicado ese mes. Esto quiere decir que esas tres inscripciones pasaron a la condición de vigentes en su etapa como alcalde.

Aparte de él, sus hermanos Samuel y Lucio Alcides Bocángel Ramírez poseen registros en la provincia. Samuel tiene siete vigentes, y Lucio Alcides, dos suspendidos.

En las elecciones del 2022, Bocángel fue elegido por Avanza País, partido en el que milita con representación en el Congreso (en noviembre del 2023, miembros de su bancada votaron a favor de prorrogar el Reinfo).

Desde que asumió como alcalde, Bocángel visitó varias veces el Parlamento. Por lo menos siete fueron a Eduardo Salhuana, el legislador por Madre de Dios ligado a la minería del oro que ahora preside el Congreso. La última visita fue en diciembre del 2024, cuando asistió al Palacio Legislativo como invitado a un foro Perú-Brasil.

Antes de que finalizara el 2024, Salhuana y Bocángel participaron en la ceremonia de aniversario de Madre de Dios. En el evento estuvo su gobernador Luis Otsuka, expresidente de la Federación Minera de Madre de Dios, en la que Salhuana fue asesor legal.

Entre el 2023 y 2024, Bocángel también hizo cinco visitas al Ministerio de Energía y Minas.

Además de la alcaldía de Tambopata, Bocángel ha postulado al Congreso. En el 2016 fue candidato por Peruanos por el Kambio. Para esa elección, El Comercio informó que fue incluido en la lista parlamentaria pese a los cuestionamientos en su contra. Esto porque en el 2010 la fiscalía los acusó a él y a su hermano de ser propietarios de dos dragas hidráulicas (que generan un grave daño ecológico fluvial) valorizadas en US$500.000. Además, en el 2012 fue condenado por usurpación de funciones.

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Bocángel afirmó a El Comercio que no realiza actividades mineras desde que asumió como alcalde. Cuando se le preguntó si hizo trámites mineros entre enero y diciembre del 2024, período en el que tres de sus cuatro concesiones cambiaron de suspendidas a vigentes, indicó: “Mi hijo es ingeniero de minas”. Luego dijo que no iba a “dar ninguna declaración”.

Otra autoridad de Madre de Dios es Cirilo Espinal Suárez, alcalde provincial del Manu (aunque es natural de Huancavelica). Figura con 11 registros, todos en su jurisdicción (es el burgomaestre que más tiene).

De ese número, cinco están vigentes y seis suspendidos. En estos incluso hay actividades de beneficio; es decir, plantas donde se procesa mineral. Siete inscripciones se encuentran en el distrito de Huepetuhe, una de las principales zonas de la minería ilegal e informal del oro de Madre de Dios. En el distrito, donde Espinal reside, ha operado el clan Baca Casas.

En la hoja de vida de las elecciones del 2022, Espinal no registra oficios ni declaración de bienes y rentas. Solo reporta que en el 2014 fue elegido regidor de Huepetuhe por Democracia Directa. En su declaración jurada indica que es “minero artesanal” con un ingreso mensual de S/5.000. Para ese proceso electoral fue elegido por el movimiento independiente Amor por Madre de Dios.

En Pataz, el otro epicentro de la minería ilegal del oro en el Perú, hay un alcalde con inscripciones en el Reinfo: Domingo Mendieta Villanueva, burgomaestre de Buldibuyo, uno de los 13 distritos de la provincia de La Libertad.

Mendieta figura con un registro suspendido en el derecho minero Estrella de Pataz N° 4. Lo tiene pese a que es docente, como señala en las hojas de vida que presentó para las elecciones del 2022 y 2018, en las que postuló a la alcaldía de Buldibuyo por el movimiento regional Trabajo más Trabajo y por Fuerza Popular, respectivamente. En la del 2022, consignó que laboró en la institución educativa César Vallejo de Buldibuyo y que tiene bienes inmuebles (dos predios) y muebles (una camioneta) por un valor de S/310.000 en total.

Mendieta tiene un pasado político. En el 2014 fue elegido regidor de Buldibuyo por el Apra. Luego fue subprefecto y militó en Acción Popular, según su hoja de vida. Desde julio del 2024, milita en Alianza para el Progreso, partido liderado por el gobernador de La Libertad, César Acuña.

En enero del 2024, Mendieta y representantes de Buldibuyo se reunieron con Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad. Días antes del encuentro, el alcalde protagonizó un accidente vehicular en Morropón (Lambayeque), donde falleció una persona. Según la denuncia policial, fue detenido tras el hecho.

No es una autoridad ni tiene registros en Pataz, pero el alcalde distrital de Chaparra (Caravelí, Arequipa), Marcos Amet Laura Dávalos, figura con una denuncia policial en la provincia de La Libertad. La presentó en agosto del 2018 en la comisaría de Vijus por la pérdida de su billetera y DNI. En el documento policial, que El Comercio revisó, indica que su ocupación es “contador”.

En la provincia arequipeña de Caravelí, Laura figura con cinco inscripciones del Reinfo. Dos están en Chaparra (su jurisdicción), dos en el distrito de Quicacha y una en Cahuacho. De las cinco, una en Quicacha está vigente. En Chaparra, además, registra una actividad de beneficio (donde se procesan minerales).

En su hoja de vida de las elecciones del 2022, Laura informó que es contador público y que trabajó en la Empresa Minera Aurífera Cholito S.A. (2019-2022) y en Chala One S.A.C. (2018-2019), que es una planta de beneficio. En el 2021 registró ingresos por S/291.355.

Desde el 2024, Laura está afiliado a Ahora Nación, partido de alcance nacional liderado por Alfonso López-Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Además del alcalde Luis Bocángel Ramírez, este Diario llamó y dejó mensajes a los otros alcaldes mencionados en el informe. No contestaron hasta el cierre de esta edición.

El artículo 32 de la Ley General de Minería establece que las autoridades políticas (como los alcaldes) no pueden ejercer actividades mineras en su jurisdicción, aunque el artículo 34 especifica que esa prohibición “no incluye el ejercicio de las actividades mineras relacionadas con derechos obtenidos con anterioridad a la elección”.

Para el exviceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro, “habría que determinar si es que, ejerciendo el cargo, [los alcaldes] han seguido solicitando petitorios mineros o inscripciones [...], lo cual, claramente, está prohibido por la ley de minería vigente”. Agregó que debe tomarse en cuenta la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que las autoridades lideran las políticas de desarrollo sostenible. “Los alcaldes dirigen los sistemas de gestión ambiental local y el tema de seguridad ciudadana”.

Castro considera que habría un conflicto de intereses porque en la actividad minera, sino se cumplen los estándares ambientales, se daña el territorio y se traban posibilidades de desarrollo local sostenible. “Por lo tanto, hay un conflicto de intereses entre una actividad minera que daña el medio ambiente, el territorio, con el rol de alcalde”, recalcó.

Además, dijo que debe tenerse en cuenta que la ley establece que los alcaldes tienen un desempeño a tiempo completo, por lo que no pueden realizar otras actividades.

Para el abogado César Ipenza, especialista en temas ambientales, existe incompatibilidad entre ser alcalde y minero informal, porque se aprovechan de su cargo político para beneficio propio. “Buscan influir en autoridades políticas”, sostuvo.

También señaló: “Los alcaldes velan por la seguridad ciudadana y, en cambio, en la realidad no es así, hay mucha delincuencia y mucha violencia. Es una contradicción porque un alcalde es el responsable de ver el tema de la seguridad ciudadana y vemos que la minería ilegal es una de las principales actividades que promueve o facilita el tema de inseguridad”.