René Zubieta Pacco

—“¡Déjame, déjame!”.
—“¡Cállate! Si no, te voy a pisar la boca del estómago y no vas a poder ni respirar”.

La exclamación desesperada corresponde a una adolescente de 15 años que fue violada por un desconocido soldado del en su casa de la comunidad campesina de Manta, , en agosto de 1988. La menor había quedado sola luego de que su prima saliera con otro militar -supuestamente su enamorado- que también había llegado al lugar. Ambos, de la base militar contrasubversiva de la zona, volvieron un mes después y el mismo soldado volvió a violar a la misma chica. Ella quedó embarazada y nunca volvió a saber de él. Su hijo nació el 12 de mayo de 1989.

Este es solo uno de los testimonios que documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación () en su apartado ‘Violencia sexual en Huancavelica: las bases de Manta y Vilca’. De unos 24 casos, 14 mujeres denunciaron el ultraje del que fueron víctimas entre 1984 y 1998. Como consecuencia, varias resultaron embarazadas. Por ejemplo, solo en Manta se registraron al menos 32 casos de niños y niñas cuyos padres son militares que finalmente no los reconocieron.

La Fiscalía Penal de Huancavelica formalizó la denuncia el 2007 y mañana viernes 8 de julio -30 años después los hechos- el colegiado B de la Sala Penal Nacional iniciará a las 8:15 en Lima el juicio oral contra 11 militares implicados: entonces un oficial, un suboficial y 9 soldados. La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a cargo de Luis Landa Burgos, sustentará la acusación y la solicitud de pena, que iría hasta los 20 años de cárcel para quienes sean hallados responsables. 

Importancia del caso
“Es la primera vez donde se va a enjuiciar a los militares por crimen de lesa humanidad en la modalidad de delitos sexuales. En otros casos, han sido por otros crímenes de lesa humanidad”, resalta a El Comercio María Isabel Cedano, directora de la ONG Demus, que junto al Instituto de Defensa Legal (IDL) ha acompañado a las denunciantes en el proceso.

Cuenta la abogada que en el camino se presentaron obstáculos. Por ejemplo, que el Ministerio de Defensa no haya proporcionado a la fiscalía los nombres de los jefes militares regionales de la época, para establecer mayores responsabilidad.

“Lo que estamos exigiendo es un juicio ágil, justo y transparente. No queremos que demore una eternidad, que no se valoren adecuadamente las pruebas o que se exijan pruebas imposibles. Lo que la sala penal ha hecho es exigir órdenes escritas de puño y letra, y eso no lo van a encontrar en este tipo de crímenes. No queremos que las víctimas tengan que padecer estrés por trasladarse desde sus lugares de origen hasta Lima, que cuando hablen en quechua no tengan traductores”, exhorta Cedano.

Cifras de la violencia sexual
La CVR detalla que la violencia sexual incluye violaciones de derechos humanos como la violación sexual, desnudos forzados, prostitución forzada, uniones forzadas, esclavitud sexual y abortos forzados. Así, se reportaron 527 casos en mujeres y 11 en varones.

Sin embargo, en base al Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia, Demus refiere que hay unas 4.567 víctimas solo de violaciones sexuales durante el conflicto armado interno y que existen más de 1.500 víctimas de otras formas de violencia sexual. 

En cuanto a los perpetradores, la CVR indica que el 83% de actos de violación sexual se imputan al Estado y aproximadamente un 11% a Sendero Luminoso y el MRTA. En el caso estatal, se indica que el abuso del personal militar y policial se dio como parte de incursiones a diferentes poblaciones y comunidades, e incluso como represalias contra pobladores sospechosos de tener -forzada o voluntariamente- vínculos con grupos terroristas. 

Asimismo, se indica que las víctimas de violación sexual, en su mayoría, eran, analfabetas, quechuahablantes, de origen rural y jóvenes de entre 10 y 29 años en al menos 15 departamentos del Perú, registrándose más casos en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en la sierra Sur del país.