(Foto: archivo)
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José Carlos Requena

La huelga de maestros, que afecta ya a más de la mitad de regiones, es un problema del que solo se ocupa la opinión pública nacional cuando algún disturbio grave tiene lugar. Los que protestan son cerca de un tercio del profesorado, según estima el Ministerio de Educación (Minedu).

El hecho de que más de un millón de escolares corran el riesgo de perder del año parece importarle a un grupo menor: autoridades del sector –nacionales y regionales– y medios de comunicación. Para los dirigentes de la protesta, en cambio, les resulta un tema secundario. Por el contrario, parecen haber centrado sus esfuerzos en mantener la presión en los docentes que quisieran regresar a las aulas.

“Los padres de familia me piden que vuelva a clases. Pero no puedo porque sería hostigada por los dirigentes”, le dijo una profesora de Puno a Lourdes Fernández (El Comercio, 5/8/2017).

El problema de los salarios en el sector educación es sin duda complejo. Entre los especialistas parece haber un consenso sobre la necesidad de mejorar los ingresos de los docentes, a la vez que se brindan otras fuentes de prestigiar la carrera.

Una investigación de Juan José Díaz y Hugo Ñopo (Grade, 2016) arriba, entre otras conclusiones, a la siguiente: “Respecto a los incentivos […] es importante subrayar que estos deben ser entendidos más allá de la mera connotación pecuniaria. El abanico de posibles incentivos […] puede ser amplio. […]. Dicho esto, creemos que un incentivo fundamental para la profesión es incrementar su prestigio y para tal fin resulta prioritario mejorar los salarios de los docentes”.
Precisamente Ñopo publicó hace unos días un gráfico en su cuenta de Twitter que reseña “las décadas de deterioro” en los salarios de los docentes (2/8/2017).

Las dirigencias radicales han sabido explotar las precariedades del magisterio. La “motivación política” de la que se queja el presidente Pedro Pablo Kuczynski no es pues nueva.

En el año 2003, la Comisión de la Verdad (CVR) describió los “rasgos del magisterio que el PCP-SL supo en su momento utilizar a su favor”. Se menciona, por ejemplo, “la percepción de ser un sector olvidado y oprimido y la necesidad de dar cauce a sus propias expectativas”, que, en manos de dirigencias radicalizadas, “serían reelaboradas a la luz del discurso del PCP-SL” (Tomo III, capítulo 3).

Aunque el gobierno se niegue a ver la necesidad de enfoques políticos, eso parece ser precisamente lo que falta: una mirada que, ganando el espacio a los radicales, con una supervisión cercana, quite legitimidad a sus demandas económicas.

Alejarse de las calculadoras y acercarse a la historia. Un reto inmenso, sin duda.

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