Humans Rights Watch: ¿qué dice el informe de la ONG sobre las manifestaciones registradas en Perú?

Human Rights Watch (HRW), una Organización No Gubernamental (ONG) internacional que trabaja por los derechos humanos, presentó este miércoles su informe final sobre el manejo de las protestas ocurridas en el país entre enero del 2022 y los primeros meses de este año.

El reporte, llamado ‘Deterioro Total: Abuso por las fuerzas de seguridad y crisis en el Perú’, recaba las declaraciones de más de 140 personas, desde testigos directos de la violencia hasta fiscales, ministros y expertos. HRW verificó más de 37 horas de grabación en 269 videos y 663 fotografías, así como múltiples documentos.

El reporte concluye que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) “hicieron un uso desproporcionado, e indiscriminada, de la fuerza […] en clara violación de los derechos humanos”.

Se resalta que la Defensoría del Pueblo registró 1,327 protestas entre el 7 de diciembre pasado y este 20 de febrero. De estas, 153 registraron incidentes de violencia. HRW detalla que, de los 49 civiles fallecidos a causa de la respuesta de las fuerzas del orden, 39 fueron por heridas de bala.

En las 34 autopsias de fallecidos por proyectiles de arma de fuego, a las que la ONG tuvo acceso, se reporta que 14 víctimas recibieron disparos en el torso, otros 11 en la cabeza y 9 en la espalda. En muchos de los casos, el calibre de la bala coincidía con las armas de fuego operadas por las fuerzas del orden.

Cabe señalar que el documento publicado enfatiza en que “la policía no incautó ningún arma de fuego, casera o no, en manos de los manifestantes, ni Human Rights Watch encontró ninguna imagen de un manifestante con un arma de fuego en la mano”.

El estudio de HRW rebate el informe militar que fue elevado al ministro de Defensa sobre lo sucedido en Ayacucho el 15 de diciembre. Oficialmente, se declaró que la patrulla militar fue emboscada y, ante esto, los soldados dispararon en defensa propia.

Según Humans Rights Watch, “las muertes se produjeron durante varias horas en distintos lugares”, según videos y testimonios recopilados. El informe describe que “los militares respondieron con fuerza desproporcionada e indiscriminada” ante algunos manifestantes que lanzaron piedras.

Así como el caso de Ayacucho, el 15 de diciembre del 2022, el reporte también describe extensamente los hechos ocurridos en Juliaca, Puno, este 9 de enero, y en Andahuaylas, Apurímac, entre el 10 y 12 de diciembre.

El informe establece que, si bien las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, “algunos manifestantes lanzaron piedras o fuegos artificiales contra las fuerzas de la seguridad”. Sin embargo, se menciona que un policía “sufrió daños en varios órganos a causa de un disparo”.

En la misma línea, se explica que se emplearon huaracas y “avellanas” por parte de los manifestantes. Datos del Ministerio de Salud, citados en el análisis de la ONG, revelan que 383 policías y cuatro militares fueron atendidos en centros de salud.

La PNP mencionó que, en total, 889 efectivos resultaron heridos durante las manifestaciones. Tres de ellos “sufrieron lesiones oculares que les causaron pérdidas de la visión”. Otro policía fue atacado con un explosivo, rompiéndole dos vértebras, los dos tímpanos y provocándole una hemorragia intracraneal y una contusión pulmonar.

El estudio concluye que es posible que “personas involucradas a la criminalidad” se hayan aprovechado de la crisis, pero no se encontró pruebas de que organizaciones criminales sean los actores de las protestas. En este punto, Humans Right Watch también denunció la quema de locales como oficinas de la fiscalía y de registros públicos.

En su tercer capítulo, el informe señala que “la policía ha hecho un aparente uso indebido de una disposición legal excesivamente amplia que le permite detener a personas sin verificar su identidad”.

Como ejemplo se presentó lo sucedido el 6 de enero de este año, cuando se detuvo a 270 personas que se manifestaban frente a la Corte Superior de Justicia en el Centro de Lima. Otro caso similar ocurrió en Cusco el 19 de enero, con la detención de ocho adultos y cinco menores de 18 años, quienes no fueron registrados por la policía.

De manera similar, se presentan las detenciones masivas, como la ocurrida el 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El reporte también indica que se documentaron “actos de golpizas y otros malos tratos físicos y psicológicos en detenciones”.

Human Rights Watch concentró el acoso y violencia contra periodistas en un capítulo entero, en el cual se da cuenta de que la Asociación Nacional de Periodistas documentó 155 casos “entre hostigamiento, amenazas, golpes y detenciones arbitrarias” entre el 7 de diciembre y el 5 de enero. En la mayoría de acontecimientos, los actos de acoso y violencia fueron por parte de las fuerzas del orden.

La parte final del reporte de HRW indica una serie de recomendaciones a ser tomadas por las autoridades peruanas. Al gobierno de Boluarte se le pide abordar las causas del descontento social, investigar los hechos suscitados durante las protestas, dar apoyo a las víctimas y reformar las fuerzas de seguridad que desempeñan tarea de orden público.

Al Ministerio Público, la ONG ruega se refuercen las investigaciones sobre hechos que atenten contra los derechos humanos, que se trabaje en la transparencia de la institución y reforzar la supervisión sobre la PNP.

En el caso del Congreso, las recomendaciones van desde “dejar de priorizar intereses personales” hasta “abandonar los esfuerzos por socavar la independencia de otras instituciones del Estado”. También se demanda modificar las leyes del uso de la fuerza para que se ajusten a los estándares internacionales.

A la Policía Nacional se le exhorta reforzar la transparencia y la formación, así como garantizar la rendición de cuentas, la cooperación con fiscales y “establecer claramente que las armas letales no deben utilizarse para defender edificios o propiedades, solo en defensa de la vida”.

Humans Rights Watch recomienda a las Fuerzas Armadas peruanas entregar al MP y a los ministerios del Interior y Defensa “planes de operación e informes de incidentes” cuando sean desplegadas para operativos de orden público. También se solicita cooperar con los fiscales en las investigaciones sobre la actuación durante las protestas.

Tras la reunión del Concejo de Ministros, la presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que “respecto a lo de la ONG que acaba de sacar ese informe, es eso, una ONG; en el territorio nacional, cada institución cuenta con su propia autonomía. El Ministerio del Interior tiene un proceso dentro de la Policía”.

El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que “las investigaciones siguen en curso. Hay personas identificadas por la Fiscalía, pero aún no se ha llegado a una conclusión. Desde el sector Interior, nosotros estamos apoyando con cualquier tipo de información requerida [por la Fiscalía]”.

Aclaró que se están realizando investigaciones a través del Ministerio Público y por medio del ministerio del Interior y la Policía. “Nosotros estamos trabajando de forma transparente. Tengan la plena seguridad que no va a haber ningún tipo de encubrimiento”, agregó el ministro.

El Comercio conversó con el abogado especialista en derechos humanos, Juan Carlos Ruiz, quien explicó que, “en principio, hay que entender que el Estado peruano ha ratificado la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y ha reconocido su competencia”.

Adicionalmente, Ruiz arguyó que “los derechos humanos no son solo un asunto doméstico, son un asunto de preocupación internacional. Sobre esa base, hay diversas organizaciones que ponen los reflectores” sobre los países donde ocurren hechos que van en contra de estos principios.

El abogado aclaró que “Human Rights Watch tiene toda la facultad para mirar todo lo que está pasando” y que el caso puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se resuelve la problemática de manera oportuna.

Finalmente, el especialista advirtió que lo que se debería hacer “es dejar a los equipos del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial trabajar” para sancionar a los responsables. Sin embargo, comentó que las investigaciones en el MP “no caminan con celeridad” y resaltó la falta de credibilidad hacia estas instituciones por parte de la población.