Redacción EC

JOSÉ ROSALES

La belleza de la Reserva Nacional de Paracas corre peligro por la proyectada construcción de 33 inmuebles que, a decir del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), quedarían dentro de este imponente espacio paisajístico al que llegan millones de aves, entre ellas el emblemático flamenco.

En las últimas semanas, dos de los 33 propietarios de los lotes ubicados en la urbanización Santo Domingo empezaron a trasladar material para iniciar la construcción.

Si bien las obras se paralizaron, el problema de fondo sigue. El Sernanp dijo que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) no inscribió restricciones que impiden construir en zona de la Reserva Nacional de Paracas y que exigirá que esa entidad las incluya en las fichas registrales de los 33 propietarios de los lotes.

Según el jefe del Sernanp, Pedro Gamboa Moquillaza, la omisión de la Sunarp de no incluir este requerimiento indujo al error a la Municipalidad Distrital de Paracas para otorgar las licencias de edificación.

Por ello, señaló que solicitarán la acreditación de la posesión de los predios, así como la compatibilidad de uso, los trámites de categorización, zonificación y plan maestro, toda vez que se trata de un área natural protegida donde se establecen limitaciones a la propiedad.

VERSIÓN DEL ALCALDE
El alcalde de Paracas, Miguel Castillo Oliden, coincidió con la propuesta del jefe del Sernanp y dijo que, frente al problema surgido, su comuna inició la revisión de los expedientes y licencias de construcción solicitados por estos propietarios.

Amparados en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Habilitaciones Urbanas y el TUPA, la Municipalidad Distrital de Paracas otorgó estas licencias a los propietarios que sustentan que tiene la titularidad de los predios desde 1958, inclusive antes de la creación de la Reserva Nacional de Paracas en 1975.

 “No cumplir con dar estas licencias hubiera sido motivo para que nos denuncien por abuso de autoridad. No existe ningún marco jurídico municipal que obligue a los funcionarios edilicios a solicitar opinión técnica vinculante de otra entidad del Estado. Hemos actuado dentro del marco jurídico, pero existe la disposición del municipio para mediar en un problema surgido entre el Sernanp y estos propietarios”, argumentó Castillo.

El capitán del puerto de Pisco, comandante AP Martín Terry Kahn, señaló que frente a esta situación y, a fin de determinar si estos 33 propietarios pueden realizar algún proyecto, solicitó a la Dirección General de Capitanías y Puertos (Dicapi) una opinión técnica.

 “Este fin de semana arriban peritos de la Brigada de la Dirección de Hidrología y Navegación de la Marina de Guerra del Perú para determinar la línea de alta marea en el sector de Santo Domingo que no ha sido definida técnicamente. Tras esta evaluación de la Autoridad Marítima, recién podremos determinar si procede o no la ejecución”, confirmó Terry Kahn.

El fiscal de prevención del delito competente en materia ambiental de Ica, Pedro del Carpio Soto, precisó que si bien la titularidad y propiedad de los 33 lotes no está en discusión, lo que se debe definir son los parámetros y normas constructivas que debieron presentar estos para ejecutar sus proyectos.

“Ante la diversidad de leyes que argumenta el municipio distrital, así como el Sernanp, la Sunarp, la Dicapi y los derechos legítimos de los propietarios, esta fiscalía evalúa toda la normatividad para poder pronunciarse”, señaló.