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El inacabable debate sobre el género durante el año 2017

Decisiones históricas y pugnas por modificaciones en la tipificación de los delitos por ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’, además de controversias por el currículo escolar

El 2017 quedará como un año clave en el debate sobre los temas de género. Decisiones históricas como la del Poder Judicial en enero, que obligó al Reniec a que reconozca e inscriba el matrimonio entre el ciudadano peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche, el cual fue celebrado en México. Todo un hito respecto al matrimonio homosexual en el país.

O la constante controversia sobre la penalización de la discriminación por identidad de género u orientación sexual; así como el –al parecer– inalcanzable consenso entre el Ministerio de Educación (Minedu) y algunos padres de familia sobre el currículo escolar.

–Pugnas por el 1323–
El año empezó con la promulgación del Decreto Legislativo 1323, el 6 de enero, como resultado de las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo para legislar en varias materias: reactivación económica, lucha contra la corrupción seguridad ciudadana, etc.

En la norma se plantearon nueve modificaciones en el Código Penal. Sin embargo, fueron dos cambios los que entraron en controversia: las modificaciones en el literal ‘d’ del artículo 46 y en el artículo 323 del código. Ambas incluyeron la tipificación de los delitos por ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’. Con ello, se estableció el endurecimiento de penas para casos de feminicidio, violencia familiar y violencia de género.

En abril, el decreto fue remitido a la Comisión de Constitución para su respectivo análisis. El grupo de trabajo parlamentario aprobó –en votación de mayoría fujimorista– la redacción de un texto sustitutorio, en el cual se recomendó la derogación de las modificaciones establecidas en los artículos 46 y 323 del Código Penal.

El Pleno del Congreso debatió esta recomendación durante la primera semana de mayo. Con 66 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, se aprobó la derogación parcial del Decreto Legislativo 1323, bajo el argumento de que este no se habría enmarcado en las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo.

Expertos consultados por El Comercio concluyeron que la decisión del Congreso fomentaba “una desprotección” hacia la comunidad LGBTI, ya que se dejaba sin efecto la tipificación como delito de la discriminación por género y orientación sexual (crímenes de odio); así como sanciones más estrictas ante la violencia contra la mujer (feminicidios).

Tras ello, se elaboraron varios proyectos de ley sobre el tema. Leyla Chihuán y Miguel Castro (Fuerza Popular) presentaron una iniciativa para que se tipifiquen los crímenes de odio en su modalidad agravada; en la otra esquina, la también fujimorista Nelly Cuadros propuso que se eliminen los términos “orientación sexual y de género” del D. Leg 1323 porque, a su juicio, estos eran subjetivos.

Asimismo, Marisa Glave, Indira Huilca (Nuevo Perú), Alberto de Belaúnde y Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) promovieron un proyecto que buscaba el “fortalecimiento de la lucha contra los crímenes de odio y la discriminación”, por lo cual planteaban la modificación del Código Penal para agravar las sanciones contra la discriminación por género. Aún está pendiente la discusión en el Pleno del Congreso de todas estas iniciativas.

–El currículo en la mira–
Sin embargo, la discusión más notoria relacionada a los temas de género involucró al Currículo Nacional de Educación Básica, que está vigente desde el 1 de enero pasado, y es implementado por el Ministerio de Educación (Minedu) en las escuelas del país.

Diversos colectivos de padres de familia y sectores religiosos cuestionaron el contenido de esta guía pedagógica, ya que consideraban que incluía nociones de la denominada ‘ideología de género’. Se sostenía que el Minedu debió consultar previamente a los padres la inclusión del enfoque de “igualdad de género” en el currículo.

En marzo, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas organizó una multitudinaria marcha en las calles de Lima exigiendo al Gobierno que anulara la implementación de este documento educativo en las escuelas. Desde el Congreso también se escucharon voces contrarias al mismo: algunos parlamentarios como Nelly Cuadros (Fuerza Popular) y Yonhy Lescano (Acción Popular) presentaron iniciativas para modificar o anular completamente la guía.

El Minedu, encabezado por la ex ministra Marilú Martens, realizó algunas precisiones al currículo para contener la situación. Por ejemplo, incluyó un glosario de términos como “sexo”, “identidad”, “género” y otros que resultaban controversiales para algunos padres de familia.

Hacia agosto, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló parcialmente el enfoque de igualdad de género de la guía pedagógica, ya que consideró que uno de los textos no había sido consensuado adecuadamente con los padres de familia.

De este modo, se declaró fundada parcialmente la demanda de acción popular presentada por el colectivo Padres en Acción (PEA), con el cual solicitaba la eliminación total del currículo. El fallo fue apelado por el Minedu, y el caso se encuentra pendiente de resolución en el Poder Judicial.

Sin embargo, bajo la nueva gestión del ministro Idel Vexler, el debate sobre el currículo se ha retomado. A inicios de diciembre, el Minedu anunció que se harían algunos ajustes en la guía pedagógica, a fin de hacerla más entendible y aplicable en los colegios del país.

De acuerdo a Vexler, algunos puntos del documento “tienen mucho floro”, lo que resulta en “definiciones muy confusas”; no obstante, precisó que el enfoque de igualdad de género se mantendría intacto. “Será un proceso de reajuste hasta marzo del próximo año”, señaló el ministro. La discusión sobre este tema, pues, seguirá en el 2018.

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