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Fuerzas Armadas intervendrán en La Oroya por casi un mes

Presencia de militares será desde hoy hasta el 10 de setiembre, dispuso el Gobierno tras protestas que dejaron un muerto

Fuerzas Armadas intervendrán en La Oroya por casi un mes

Fuerzas Armadas intervendrán en La Oroya por casi un mes

El Gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas tengan presencia en la provincia de Yauli, en Junín, donde se han registrado protestas y bloqueos en la Carretera Central de parte de pobladores del distrito de La Oroya y trabajadores de la empresa Doe Run.

La medida se anunció a un día de iniciadas las protestas a través de la Resolución Suprema N° 152-2015-IN publicada hoy en el diario oficial El Peruano. La norma lleva la firma del presidente Ollanta Humala; el ministro de Defensa Jakke Valakivi Álvarez y el ministro del Interior José Pérez Guadalupe.

Cabe recordar que el paro iniciado ayer en La Oroya ha dejado un muerto -que según familiares transitaba por la zona y no participaba de las protestas- y cinco heridos de bala.

De acuerdo a la resolución, los militares tendrán presencia desde hoy hasta el 10 de setiembre con el fin de apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP), que mantiene el control del orden interno. Justamente el objetivo es asegurar el control y mantenimiento del orden interno, y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico.

La norma señala también que las Fuerzas Armadas contribuirán a garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo del as actividades de la población afectada. Ello, se explica, permitirá que la PNP se concentre en su accionar en el control del orden público.

“La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte”, dice la resolución. 

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