“[Congreso y Ejecutivo] están dando leyes que promueven la minería sin medir la conservación”

Karina Garay ha pasado gran parte de su vida luchando contra la minería ilegal en el Perú, las mafias y los criminales ambientales. En el 2019, en la Operación Mercurio, fue una de las cabezas, como fiscal especializada en delitos medioambientales en Madre de Dios, en el mayor intento de los últimos años por erradicar la minería ilegal en La Pampa. Su trabajo siempre ha sido peligroso, pero eso no la ha detenido. De hecho, fue la protagonista del documental “Las aventuras de Wonder Woman. Dentro de la guerra contra la minería ilegal en la Amazonía peruana”. Ese es el apodo (también el de Mujer Maravilla) que se ha ganado a pulso.

Garay nació en Cusco y actualmente tiene 37 años, en el 2021 dejó de ser fiscal en Madre de Dios, una de las zonas más críticas en cuanto a minería ilegal, pero continúa batallando contra este delito ambiental como abogada de la ONG Sociedad Zoologica de Frankfurt.

En medio de sus viajes al interior del país para buscar solución a esta problemática, Karina Garay conversó con El Comercio alarmada por los últimos paquetes legislativos que aflojan la lucha contra la minería ilegal. A esto se suma asesinatos a defensores indígenas y autoridades, así como la continua deforestación en la selva peruana.

— El Congreso ha emitido un paquete de leyes que pone en revés la lucha contra la minería ilegal, ¿cuáles son las más preocupantes?

La más preocupante es la modificatoria del Decreto Legislativo (DL) 1100 que ha sido aprobada por el Congreso y pasó al Ejecutivo para su correspondiente autorización y promulgación. Esta ley modifica el DL que regula la interdicción de la minería ilegal. Esta ley faculta al Ministerio Público y a la Policía Nacional a que todos los bienes que se encuentren en sean destruidos (...). Con esta modificatoria de ley se tendría que destinar la maquinaria a los gobiernos, siempre y cuando se les consulte si ellos tienen la logística necesaria.

Esta ley trunca la interdicción porque el fiscal, policía o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas tendrán que preguntar [a los gobiernos] si tienen capacidad de llevarse la maquinaria. Al consultar a los gobiernos, se atenta contra la reserva de las operaciones, pues estos gobiernos tendrán que saber a dónde se está yendo a interdictar. Es muy probable que los operativos no tengan resultados. Por otro lado, la dilación, porque hasta que pregunten y reciban una respuesta, estos operativos no se van a realizar. Estos deben ser inmediatos.

[Esta fue observada por el Ejecutivo el 28 de junio, luego de la entrevista realizada por El Comercio a Karina Garay]

— ¿Hay interesados en el Congreso y el Ejecutivo para apoyar la minería informal e ilegal?

Lastimosamente se están dando más leyes promoviendo la minería sin medir la conservación y respeto al medio ambiente. El congresista [Eduardo] Salhuana, obviamente, es un congresista ex asesor de la Federación Minera [de Madre de Dios] que ha ido promoviendo estas leyes en favor de la minería, pero sin tener en cuenta las salvaguardas ambientales. A ello se han unido demás congresistas aprobando estas leyes sin hacer consultas a especialistas.

— Hablábamos de la ley de interdicción, pero ¿qué hay del proyecto de ley que busca ampliar el ingreso a el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)?

El plazo de ampliación de formalización minera estaría venciendo en 2024. Estando a puertas de eso, se impulsa esta ley que promueve una nueva inserción al Reinfo. Es decir, se vuelvan a inscribir los mineros, se abre nuevamente el proceso. Lo que es grave porque vemos que la inscripción en el Reinfo se ha convertido en un proceso de desorden, el cual no está surgiendo sus efectos, el cual no concluye con un proceso de formalización minera. Los administrados se quedan con procedimientos suspendidos, pero siguen haciendo minería sin considerar compromisos ambientales porque no ha terminado el proceso. El hecho de insertar nuevos mineros a este Reinfo hace que se genere mayor informalidad porque habrán mayores solicitudes que no van a culminar.

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— Desde hace algunos años se sigue ampliando el proceso y se les da carta blanca a los operadores mineros de trabajar, pero sin cumplir con lo que se le pide a un formal.

Ahí hubo una jugada en la modificatoria del articulo 307 del Código Penal referido a minería ilegal. Este articulo señala que la persona que esté inscrita en Reinfo se exime de toda responsabilidad penal. Entonces lo que sucede es que basta que un minero presente su formato por mesa de partes, solicitando inclusión en Reinfo y, así haga minería sin tener todas las autorizaciones, no es sujeto a sanción penal. Definitivamente se promueve la ilegalidad.

— ¿En qué situación nos encontramos sobre los asesinatos a líderes indígenas que se paran frente a la minería ilegal?

Es una lástima que estos procesos, que se han generado a raíz de las muertes de defensores ambientales, sigan siendo impunes. Tuve una reunión con el Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata y nos mencionaban que son cinco años y no hay solución, no se han determinado los responsables [de las dos muertes en Madre de Dios]. No se resuelven las denuncias que hicieron los defensores ambientales protegiendo sus concesiones y territorios. No hay sentencia, no hay nada. La población se siente desamparada frente al Estado porque ellos se enfrentan, protegen, denuncian, los matan y nadie hace nada.

— La operación Mercurio sonó mucho cuando se llevó a cabo en 2019, ¿funcionó?

En cuanto a sus metas, fueron cumplidas (...). Sin embargo, este tenía una segunda parte que era plan Restauración. Con este plan no solo se trataba de seguir con las interdicciones, sino que era un trabajo estatal conjunto; mientras se hacían operativos, se debía comenzar a reforestar y dar alternativas de trabajo a toda esa población. Todo eso se cayó, no hubo nada. Ese fue un plan considerado desde inicios de Mercurio, se estaba trabajando en ellos, pero a inicios de 2021, cuando empieza Restauración no se considera eso, solo operatividad.

— Siempre se discute acerca de la minería ilegal en La Pampa en Madre de Dios, pero ¿qué otras zonas en el país son críticas?

Loreto es una región que está siendo invadida por minería ilegal, especialmente en [la reserva nacional] Allpahuayo Mishana. Se está generando mayor cantidad de minería en los ríos. Se están dando atentados contra puestos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), puestos de la Marina y a comunidad nativa. Si no se controla, eso se va a convertir en una Pampa.

Más que nada al tema de la Amazonía: Loreto, Ucayali y obviamente Madre de Dios que es descontrolado.

Además…

Minería con dragas

El Comercio publicó un informe hace unas semanas donde reveló el peligroso aumento de la minería ilegal en Loreto con dragas que extraen oro y contaminan los ríos de la región. Recordemos que cualquier actividad extractiva en cuerpos de agua es ilegal. Este Diario realizó un recorrido donde pudo ver en total 12 dragas operando sobre el río Nanay (9), Napo (1) y Curaray (2). Sin embargo, se estima que en la zona operarían al menos 40, provistas de tecnología satelital y recursos superiores al de las autoridades que les permiten avisarse en caso de operativos y evadir la vigilancia. 

— En cuanto a la lucha contra la minería ilegal, ¿a qué se debe estar atentos en este momento?

Hay que estar atentos a las leyes, no se puede permitir que se den leyes que en vez de fortalecer la lucha contra la minería ilegal, favorezcan una minería que se esconde bajo el nombre de formal. Estar pendiente de esto. Como la propuesta legislativa que pretende modificar las áreas naturales protegidas [Ley N° 26834], si se modifica eso, va a haber paso abierto para que se pueda realizar minería en las reservas.

Además…

Deforestación por minería

En lo que va del 2023, solo en Madre de Dios, son 96,34 hectáreas deforestadas fuera del corredor minero y 239,35 hectáreas dentro el corredor minero, según las alertas de minería en la Plataforma RAMI para mayo de 2023 para Conservación Amazónica (ACCA) y el Programa SERVIR Amazonía.

Una de las zonas más críticas se da en la Comunidad Nativa Barranco Chico donde solo en mayo se registraron nuevas pérdidas de cobertura forestal debido a la minería ilegal. Esta pérdida suma 2,11 hectáreas en solo un mes.