Keiko Sofía Velasco Alvarado, por Andrés Calderón

Empecemos por lo obvio. La vida y obra de Keiko Fujimori no se parece a la del dictador militar Juan Velasco Alvarado. A decir verdad, tampoco se parece mucho a la del dictador ingeniero y su padre, Alberto Fujimori Fujimori. El mix de nombres que titula esta columna (créditos a Franco Giuffra y Pedro Tenorio, precursores en la idea) se debe a las acciones legislativas de su partido, Fuerza Popular (FP), que si no evocan al ‘Chino’ setentero, por lo menos le rinden homenaje.

Por ejemplo, el Congreso de mayoría absoluta fujimorista le prohibió expresamente a la administración de Kuczynski privatizar Petro-Perú al momento de otorgarle facultades legislativas. Y conmemorando quizá los 48 años de fundación de la petrolera estatal por el “gobierno revolucionario”, la Comisión de Constitución, también controlada por el fujimorismo, ha propuesto derogar parcialmente el Decreto Legislativo 1292, para impedir que Petro-Perú ingrese a Fonafe y se maneje siquiera con estándares empresariales mínimos. “Allí está la recuperación del petróleo”, dirían Velasco en el 68 y los fujimoristas en el 2017.

Simplificar los proyectos de inversión público-privada tampoco es algo que interese mucho a FP. Por eso, la Comisión de Constitución quiere tirarse abajo el Decreto Legislativo 1333, cuya mayor novedad era crear una unidad especial (APIP) que se encargara de todos los procedimientos de identificación, saneamiento y expropiación de predios. Esas tareas que, por su desorganización, han ocasionado 10 años de demora en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Pero, bajo el falaz argumento de proteger los derechos de las comunidades indígenas (la norma no cambia en nada el régimen de estas comunidades), se ha planteado eliminar esta ley. Tal vez si se tratara de expropiaciones de tierras agrícolas, el gobierno hubiera tenido mejor suerte…

No crea, apreciado lector, que todo es derogación. FP sí fue propositiva en aprobar –con la irresponsable complicidad del resto de bancadas– la ley que criminaliza la especulación y el acaparamiento en casos de desastres naturales. O, dicho en otras palabras, la ley que controla los precios, genera más burocracia y mayor escasez. Otra remembranza setentera.

Si salimos de la economía, la cosa no cambia mucho. La ley de control de medios propuesta por las fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo –que también pudo llamarse “Estatuto de Libertad de Prensa”– le hubiera ahorrado mucho trabajo en su momento al gobierno militar. Más fácil que intervenir y expropiar los medios, era decidir por ley quién puede ser propietario de uno y trabajar en ellos y quién no. De yapa, una entidad supervisora de contenidos bautizada “veeduría ciudadana” sonaba más amigable que “Oficina Central de Informaciones”.

Y estoy seguro de que los decretos legislativos que mencionan los términos ‘orientación sexual’ y ‘género’ tampoco hubieran pasado en los 70. Lo único malo para los intolerantes de toda época es que ignorar en las leyes a las personas LGBTI no las desaparece. 

En resumen, la bancada naranja no parece muy creyente del mercado, y más bien sí devota de la empresa estatal. Tampoco se ve muy afín a las libertades civiles como la libertad de prensa, la identidad y libertad sexuales. No es de derecha, tampoco es liberal.

¿Cómo sería un gobierno de Keiko Fujimori, entonces? Si los últimos meses sirven de guía, aparentemente sería uno de izquierda conservadora. Si le sumamos la disciplina castrense de la Bankada y los brotes autoritarios de algunos de sus parlamentarios, el retrato queda un poco más claro. Ojalá que el 9 de octubre ningún acto legislativo conmemore el Día de la Dignidad Nacional.