Las historias detrás de los 13 trabajadores asesinados en Pataz

Deyther Domínguez Ramírez tenía 29 años y un tatuaje del rostro de su madre en el brazo. Por ella y por su padre, trabajaba como agente de seguridad. Lo hizo en Tumbes, su ciudad natal, y luego en Pataz, la tierra liberteña que desde hace años se ha convertido en el epicentro del sueño -y pesadilla- del oro en el país. En los últimos cuatro meses fue miembro del equipo de seguridad de la empresa R&R hasta que fue asesinado en un socavón junto a doce compañeros. Fue ese tatuaje el que ayudó a que su cuerpo, carbonizado por la sadismo de sus homicidas, sea reconocido.

La historia de los 13 trabajadores secuestrados y asesinados en Pataz no coincide solo por el cruel final. Eran jóvenes, provenían de distritos donde la extrema pobreza es la normalidad, con poco o nada de oportunidades y saltando de empleo en empleo para mantener a sus padres, hermanos o hijos.

“Dheyter era muy trabajador. Su madre había tenido un accidente hace años y hasta ahora sufría de dolores de cabeza, su padre trabajaba en construcción civil, pero con la edad ya no puede, le tiemblan las manos, le duelen los riñones. Era el sustento de la familia y también costeaba los estudios de su hermano menor, para que pueda ingresar a la universidad”, cuenta su cuñado, Eduardo Lazo a El Comercio vía telefónica.

Ayer, después de once días desde la última vez que supieron de él, finalmente lo velaron en su casa, en el asentamiento humano 12 de septiembre, sector Las Malvinas de Tumbes, y pudieron enterrarlo con el apoyo económico de la iglesia evangélica a la que pertenece su familia. “Ninguna autoridad se ha acercado. En la empresa nos dicen que mandemos la boleta de todos los gastos para que nos hagan la devolución, pero ahora no tenemos de dónde [conseguir dinero]”, añade Eduardo.

El secuestro ocurrió el sábado 26 de abril en una de las galerías del anexo Pueblo Nuevo. Sus cuerpos, desnudos, maniatados y con signos de tortura, fueron hallados el 4 de mayo tras días de incertidumbre y poca respuesta de las autoridades regionales y nacionales. Se presume que los autores del crimen pertenecen a la organización criminal liderada por alias “Cuchillo”.

Además de Dheyter, las víctimas fueron identificadas como Juan Ñaupari Salva (Amazonas), Yoval Martínez García (Huánuco), Cesar Rospigliosi Arellano (Lambayeque), Frank Monzón Valeriano (La Libertad), Nilver Pérez Chuquipoma (Cajamarca), Wilmer Chávez Mijahuanca (Amazonas), Josué Carbonell Beltrán (Lambayeque), Darwin Cobeñas Panta (Piura), Jefry Padilla Hidalgo (Loreto), Mego Yumbato Huancho (La Libertad) y los hermanos Franklin y Jhon Facundo Inga (Cajamarca).

“Franklin tenía 30 y John, 24 años. El menor me llamó y me dijo: ‘Mi hermano está dentro del túnel y si en caso hubiera algo, tengo que meterme’. Le dije que lo haga, porque yo los conozco. Mi hijo menor murió por su hermano”, contó su padre en una transmisión en vivo del periodista Pepito Suclupe Garcia. Los jóvenes eran. originarios de la provincia cajamarquina de Jaén, pero se mudaron al centro poblado menor Antonio Raymondi, en el distrito chiclayano de La Victoria.

César era el mayor de los trece trabajadores. Tenía 40 años y dos hijos menores de edad. Durante un tiempo fue mozo, pero desde hace tres años se dedicaba a brindar seguridad para mineros de Pataz. En los últimos siete meses se unió a la empresa R&R. Los familiares coinciden en que fueron sus propios compañeros quienes encontraron los cuerpos. “Se disfrazaron de policías. Eran 8 compañeros, era la única forma sino no los dejaban entrar”, declaró uno de sus familiares a N60 Noticias antes de la confirmación de su muerte.

Todos trabajaban para la empresa R&R, que a su vez brindaba el servicio de resguardo y seguridad a Libmar S.A.C, una minera artesanal en proceso de formalización que mantiene un contrato de exploración y explotación con la Compañía Minera Poderosa S.A, que tiene la titularidad de la concesión en la zona. A través de un comunicado, Libmar aseguró que a asumirá en su integridad todos los costos vinculados al traslado, velorio y sepelio de las víctimas. “Solicitamos a la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio del Interior y demás autoridades correspondientes que cumplan con su obligación impostergable de implementar políticas eficientes destinadas a prevenir actos criminales que atentan contra la vida de las personas, su seguridad, el orden interno, el orden público, la seguridad y la paz social” indicaron.

Días antes del hallazgo de los cuerpos, cuando los familiares pedían desesperadamente ayuda para el rescate de los trabajadores secuestrados, July Chavez Saavedra, esposa de John Facundo Inga, explicó que la labor de resguardo consistía en “recuperar” niveles de las galerías subterráneas tomadas por los llamados “parqueros” (delincuentes que roban minerales a los artesanales y empresas medianas) en la zona de concesión de Poderosa. “Mi esposo lleva un año en el rubro, ese no es su primer encuentro, ya iban cinco veces que venían recuperando niveles”, contó al canal digital Trujillo Limpio. Chávez confirmó que toda la información sobre el estado de los 13 trabajadores venía de los compañeros de la empresa, no había apoyo policial ni militar. “Están secuestrados, nos dicen que están vivos, pero nadie nos garantiza”, añadió la madre de Frank Monzón Valeriano.

Las labores de identificación de los cuerpos tardaron dos días y se desarrollaron en la División Medico Legal II La Libertad, cuya morgue se encuentra en pésimas condiciones. Jorge Vásquez, director de dicha división, denunció ante la agencia Andina que les recortaron el presupuesto y que, ante situaciones como la tragedia en Pataz, no cuentan con equipos y personal adecuados para acelerar las tareas.

Esta masacre eleva a 39 el número de colaboradores, mineros artesanales y trabajadores asesinados por bandas criminales en Pataz. El día de la confirmación del hallazgo de los cuerpos, Minera Poderosa denunció que estos hechos continúan ocurriendo a pesar del estado de emergencia declarado desde hace 14 meses en la provincia liberteña y la presencia de un considerable contingente policial que “no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”.