Trujillo: centro juvenil donde ocurrió incendio es "una bomba de tiempo"
Trujillo: centro juvenil donde ocurrió incendio es "una bomba de tiempo"
Johnny Aurazo

El pasado 14 de febrero, un motín en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo dejó cinco internos muertos luego de que se quemara uno de los pabellones. Tras la violenta protesta, los 190 menores que se encontraban internados en el establecimiento fueron trasladados a otros reformatorios del país y a la ex sede de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional en esta ciudad.

El centro juvenil, antes conocido como Floresta, entró en remodelación y luego de dos meses de su reapertura, alberga a 74 internos y en los próximos días se sumarán 13 jóvenes provenientes de Piura, aun cuando su capacidad es para 80 personas. Es decir, volverá a sobrepoblarse, tal como ocurrió en febrero.

Ante esta situación, el gerente de centros juveniles del Poder Judicial, Julio Magán, admitió que el centro juvenil de Trujillo “es una bomba de tiempo” y “preocupa mucho su situación”.

Según el mismo funcionario, el correccional fue reabierto con 52 jóvenes y en solo dos meses se han sumado 22, debido a que el Poder Judicial dicta únicamente medidas de internamiento y no ejecuta acciones alternativas como medidas de protección (custodia del menor) o socioeducativas.

“El problema es que a la mayoría de magistrados le gusta dar mandato de detención. Los centros juveniles están hechos para personas que merecen estar ahí, pero ahora a cualquiera le dan mandato de internamiento”, indicó.

Magán añadió que la mayoría de infractores del correccional ingresa por estar implicados en delitos como extorsión, sicariato y secuestro. “Eso preocupa”, sostuvo en Trujillo, ciudad a la que llegó para participar de una feria en la que se ofertarán productos elaborados por internos de todos los centros juveniles del país.

De acuerdo con la Policía Nacional, de enero a mayo de este año fueron intervenidos 218 adolescentes en La Libertad por infracciones a la ley penal. Esto significa un incremento de un 15,3% respecto al mismo periodo de 2017 (189).

El ex fiscal Alfredo Galindo Peralta opinó que la participación de menores de edad en delitos como extorsión, robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego, sicariato, homicidios y otros continúa siendo un “gran problema social” en el país. “Necesitamos medidas urgentes que permitan frenar esta situación”, dijo.

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