Vigilante atropellado por mujer ebria en Trujillo falleció: el entramado de irregularidades que denuncia la familia

La familia del fallecido Juan Martínez vive un duelo luego de que este fuera embestido por Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien se encontraba en estado de ebriedad al volante. Él solo cumplía con su labor como vigilante de un edificio el pasado 3 de mayo, hasta que, en la intersección de las calles Las Capullanas y Los Tallanes, en la zona residencial Las Palmas del Golf, en Trujillo, Maricsa fue directo hacia él, fracturándole las costillas y dañando severamente su columna vertebral. Cinco días después, el cuerpo de Juan no resistió y finalmente murió. La mujer se encuentra en libertad bajo comparecencia con restricciones desde el 6 de mayo. Sin embargo, han aparecido nuevas revelaciones que podrían agravar la situación legal de la mujer y la de otros implicados.

Durante el velorio de Juan Martínez, familiares expresaron su indignación, cuestionaron la libertad de Maricsa y exigieron que sea encarcelada preventivamente.

Información falsa en acta policial

El caso se agravó luego de que se revelara que el informe policial inicial, al cual El Comercio tuvo acceso, describió las causas del accidente como “una caída de altura”, esto pese a las imágenes que notablemente registran cómo Juan terminó gravemente herido por la pérdida de control de Maricsa en su vehículo. Los suboficiales Kenver Apaza Vía y Jean Anthony Espinoza Lozano figuran como los autores del documento que omitió el atropello.

“Se deja en constancia que a la persona de Juan Martínez Torres (54) se procedió a trasladar hacia el Hospital Belén perteneciente al SAMU, siendo atendido por el médico de turno Paulo Aguirre Sánchez, dando como diagnóstico policontuso por caída de altura, herida inguinal; quedando en observación en el tópico de cirugía”, se lee.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, informó que los efectivos serán investigados por los órganos de control de la Policía. Además, confirmó que los agentes han sido separados de sus funciones mientras dura la investigación.

Cuestionamientos al Ministerio Público

Otra de las críticas fue que, a pesar de los videos y la declaración de culpabilidad de la acusada, el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva, lo que generó molestia entre los familiares de la víctima. Al respecto, Joan Manuel Valladares Correa, fiscal provincial de La Libertad, explicó que se acusó a Maricsa Alfaro Cerna por el delito de lesiones culposas, que tiene prevista una pena de entre 4 y 6 años de prisión efectiva, y que la norma procesal exige que la pena mínima sea de 5 años para solicitar prisión preventiva.

“Era evidente que no podíamos solicitar una medida tan gravosa como es la prisión preventiva. Eso, más allá de que tengamos elementos como los videos que se conocen. La Fiscalía solicitó una medida con comparecencia que también resguarda la presencia de la investigada e imputada en el proceso”, explicó.

Asimismo, resaltó que antes del 2023 la normativa requería solo cuatro años de pena mínima para pedir prisión preventiva, pero que fue el Congreso el que aprobó que se amplíe a cinco años. “El Congreso elevó esa valla. En el 2023 sí se podía establecer, porque en ese momento eran cuatro años exigibles”, sostuvo.

Sin embargo, la Fiscalía Provincial de La Libertad solicitó la recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo en la investigación contra Maricsa Polet, esto después de la muerte del ciudadano Juan Martínez. Por ello, recién ahora se ha solicitado la prisión preventiva, cuando la mujer ya se encuentra en libertad.

El fiscal provincial Joan Balladares solicitó una pena privativa de la libertad de cinco años y cuatro meses para la investigada. Asimismo, requirió el pago de una reparación civil ascendente a 329 mil 280 soles a favor de los herederos de Juan Martínez. También pidió la inhabilitación definitiva de Maricsa Alfaro para conducir vehículos.

El proceso continuará en el Poder Judicial, que deberá evaluar el pedido fiscal y determinar la situación legal de la acusada. No obstante, la entidad programó la audiencia en la que se discutirá la prisión preventiva contra Maricsa recién para el 28 de mayo.

Acusación contra hospital

A la familia le resulta sospechoso no solo que los policías hayan consignado “caída de altura” en el documento oficial, sino que, como allí se indica, ese haya sido también el diagnóstico médico inicial. Aunque consideran que ello pudo deberse a que el médico no contó con toda la información para evaluar correctamente a Juan, sí denuncian irregularidades en el Hospital Belén.

Su hermana, Rossmery Martínez, cuestionó la atención brindada por el centro médico antes del fallecimiento del hombre. Según señaló, Juan tuvo que esperar un día entero para ser operado, y la excusa que le dieron fue que todavía estaba muy delicado. Fuentes internas consultadas por El Comercio indicaron que “el Hospital Belén carece de muchos implementos en cuanto a atención”.

Por otro lado, la hermana también denunció que, desde el entierro del vigilante, el hospital habría retrasado la entrega del informe de su fallecimiento, situación que asegura viene afectando el avance de las diligencias para exigir justicia.

De ese modo, familiares y amigos de Juan Martínez pidieron celeridad a las autoridades y que el caso no quede impune. Recientemente, realizaron un plantón en la Unidad de Flagrancia de Trujillo para exigir prisión contra Maricsa y así evitar una posible fuga. También cuestionaron que la Fiscalía no verifique si la acusada se encuentra en su vivienda cumpliendo las medidas restrictivas.

Además, el abogado de la familia, Roberto Arteaga, aseguró que solicitarán la exclusión del fiscal Joan Balladares, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, quien en un inicio solicitó comparecencia con restricciones para la investigada.

Las consecuencias

Sobre el delito que podría configurarse contra los policías que habrían consignado información falsa en el acta, la abogada penalista y socia de Noriega, Icaza & Cárdenas Abogados, Sophia Icaza, explicó a El Comercio que se habría cometido el delito de encubrimiento real, tipificado en el artículo 405 del Código Penal y considerado un delito contra la administración de justicia. “Sanciona a quien dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito u ocultando sus efectos. El que lo comete es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”, dijo.

Comentó que también se configuraría el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del Código Penal, que ocurre cuando se insertan declaraciones falsas en un documento público, siendo este auténtico en su forma pero falso en su contenido. “La pena privativa de la libertad es no menor de tres ni mayor de seis años”, enfatizó.

Respecto a la actuación del Ministerio Público, Icaza sostuvo que habría que evaluar qué elementos consideró el fiscal para haber solicitado una medida menos gravosa como la comparecencia. “Tienen que haber verificado la existencia de peligro procesal, como el peligro de fuga o de perturbar la actividad probatoria”, indicó.

Finalmente, la abogada expresó a este Diario que, sobre las acusaciones contra el hospital, para poder confirmarlas se requiere un peritaje, a fin de esclarecer el actuar de los médicos que intervinieron en la atención del hombre.