Lambayeque: las autoridades realizaron el registro domiciliario de cinco inmuebles y de la citada dependencia policial. (Foto: Difusión)
Lambayeque: las autoridades realizaron el registro domiciliario de cinco inmuebles y de la citada dependencia policial. (Foto: Difusión)
Redacción EC

Representantes de la y agentes de la Policía contra el Crimen Organizado lograron la captura del jefe de la comisaría de Incahuasi y cuatro efectivos policiales por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

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Se trata del Alférez PNP Edward Diego Pérez Núñez, y los suboficiales PNP Antonio Nicolás Guevara Quevedo, Jolver Alexander Cruz Rojas, José Alejandro Paiva Jurupe y Carlos Brein Barreda Vargas.

Las autoridades que participaron del megaoperativo, además, realizaron el registro domiciliario de cinco inmuebles en la ciudad de Chiclayo, de la citada dependencia policial, registro personal e incautación de libros de ingreso y documentos.

Según la investigación fiscal, los implicados habrían solicitado y recibido la suma de S/1,000 de Marcelina Manayay Leonardo y Catalino Céspedes Purihuamán.

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El presunto soborno se dio a cambio de la libertad Manayay Leonardo, quien se encontraba detenida por la muerte presuntamente sospechosa de su menor hija de un año de edad. Ese caso no fue comunicado a disposición de la fiscal penal de turno de Ferreñafe,

Otro hecho que se le atribuye a Pérez Núñez, en complicidad con Guevara Quevedo, Cruz Rojas y Paiva Jurupe, es que habría solicitado dinero al médico Jhon Freddy Santisteban Tuñoque, quien se encontraba detenido en la comisaría de Incahuasi, con sus compañeros de trabajo Julio Mayanga Arroyo y Diana Carolina Rinza Lucero.

El pedido de la presunta coima tenía como finalidad liberarlos y no comunicar ni ponerlos a disposición de la fiscal penal de turno de Ferreñafe, pese a que los habían intervenido en presunta flagrancia delictiva por un presunto cobro indebido de S/15,00.

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El requerimiento de dinero lo habrían hecho por intermedio de Wilson David Gil Ibáñez, trabajador del centro de salud, a quien le solicitaron S/2,500, a fin de solucionar la situación jurídica de los intervenidos.

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