Denuncian adulteración de documento policial para declarar en emergencia Tumán

El programa dominical Punto Final reveló que uno de los informes policiales que tuvo en cuenta el Ministerio del Interior (Mininter) para declarar en estado de emergencia el distrito azucarero de Tumán, en la región Lambayeque, en junio del 2017, fue adulterado para supuestamente favorecer al Grupo Oviedo, de propiedad del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito.

Según el programa periodístico, el informe de apreciación de emergencia número 778 que emitió la Policía Nacional del Perú (PNP) concluye en su apartado D “sugerir muy respetuosamente al supremo gobierno la declaratoria de emergencia en el distrito de Tumán”, tras los últimos acontecimientos violentos que se desataron por la administración de la azucarera.

Sin embargo, en el documento original no se habría consignado esta sugerencia, de acuerdo con el mismo informe. El autor del documento, el agente de inteligencia de la PNP, Daniel Díaz Alarcón, aseguró, tras ser citado por la fiscalía que investiga el caso, “que luego de revisar la apreciación de inteligencia, me he percatado que se le ha agregado el literal III, conclusiones de la letra D, precisamente la que recomienda al Estado declarar el estado de emergencia”.

El documento original, según el programa, pasó luego a manos de Marco Antonio Vega Varillas, jefe de Díaz Alarcón en la oficina regional de Inteligencia de la PNP, y después al general Jorge Pérez Flores, entonces máximo representante policial en la región Lambayeque, “quien lo usó para alimentar su informe 023-2017, consignado en el decreto (064) que declaró el estado de emergencia” en Tumán.

Ante esta situación, el programa entrevistó al subdirector de la PNP, general José Luis Lavalle, y este admitió, tácitamente, que el documento sí fue adulterado. “El ministro [del Interior] ha ordenado una investigación para saber quién agregó ese párrafo y encontrar las responsabilidades que hubiera”, respondió el alto oficial.

Sin embargo, el mismo general Lavalle dijo luego que “lo que sí tiene que estar muy claro, es que el haber agregado ese párrafo no era determinante para la declaratoria del estado de emergencia”, pues esta se sustenta en otros informes.

En el Ministerio Público, el caso es investigado por el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, el mismo que ha solicitado 26 años de prisión contra Edwin Oviedo por el asesinato del ex dirigente de la agroindustrial Tumán Percy Waldemar Farro Witte y otros 26 años por el homicidio del también sindicalista Manuel Rimarachín. A Oviedo se le acusa de ser el "autor mediato" en ambos casos, aunque él ha rechazado las imputaciones.

Para el fiscal Carrasco, hay indicios suficientes de la comisión del presunto delito de falsificación de documentos y fraude procesal, caso por el que incluso ha sido citado Antonio Becerril, actual gerente general de la azucarera y hermano del congresista fujimorista Héctor Becerril, añade el informe periodístico.

Por su parte, el representante legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla, aseguró al mismo programa que la declaratoria de emergencia en Tumán sí se justifica y que la decisión la tomó el gobierno sin injerencia de ellos. “Tumán era un caos […] Negamos de manera categórica que hayamos tenido alguna coordinación ni intromisión con la policía”, manifestó.

Sin embargo, en el mismo informe Latina identificó dos bases policiales en inmuebles de la misma azucarera.

El 12 de mayo se cumplirán 11 meses de la primera declaratoria de emergencia en Tumán. Desde esa fecha hasta la actualidad se ha emitido también una serie de resoluciones que han cambiado las administraciones judiciales en favor, en la mayoría de casos, del Grupo Oviedo.

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