Ayer, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, se reunió con autoridades regionales y educativas de Loreto para evaluar las responsabilidades del caso (Foto: Daniel Carbajal)
Ayer, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, se reunió con autoridades regionales y educativas de Loreto para evaluar las responsabilidades del caso (Foto: Daniel Carbajal)
Redacción EC

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, se reunió ayer en Iquitos con distintas autoridades regionales y educativas, luego de que la Contraloría General de la República reportara que en la provincia de Maynas no se atendieron 56 denuncias contra docentes por delitos contra la libertad sexual.

Alfaro informó que los 36 profesores involucrados en casos de violación, tocamientos indebidos, acoso y hostigamiento sexual “serán separados administrativamente y las investigaciones continuarán a la par con la denuncia penal de cada uno de ellos”. “Hemos venido hasta Iquitos para tomar acciones por recomendación de la Contraloría”, dijo.

En la reunión también participaron el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

—“Inacción” de UGEL—

Según un informe elaborado por la contraloría, 12 funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Maynas y su Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) no consideraron las 56 denuncias presentadas por escolares de varias instituciones educativas de Maynas, entre el 2014 y el 2017.

La entidad concluyó que, debido a la “inacción” de esa UGEL, las denuncias no fueron comunicadas adecuadamente al Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Los casos involucran delitos de violación sexual (25), acoso sexual (21), hostigamiento sexual (3) y tocamientos indebidos (7).

Asimismo, se determinó que, en 22 de las 56 denuncias, la UGEL no emitió los informes preliminares respectivos para concretar el procedimiento administrativo disciplinario según ley. En 28 denuncias, el procedimiento se inició fuera del plazo establecido (30 días), por lo cual al menos tres casos prescribieron.

—Nuevos contratos—

De acuerdo con la auditoría de control, estos hechos permitieron que algunos maestros denunciados siguieran enseñando en otros colegios y que no fueran separados preventivamente o sancionados, tal como dispone la normativa vigente (Decreto Supremo 004-2013-ED).

Otros docentes acusados sí fueron inhabilitados temporalmente, pero luego fueron contratados por otras instituciones educativas en Loreto, debido a que sus casos no contaban con el informe requerido de la CPPADD para iniciar el proceso administrativo requerido.

En ese sentido, la contraloría reportó que, cuando se auditó la sede de la UGEL Maynas, se comprobó que la documentación de los procesos disciplinarios no contaba con clasificación o inventario alguno, lo que generaba un riesgo de deterioro, pérdida o utilización indebida.

—Siguen en las aulas—

Durante la reunión con el ministro Alfaro, el actual director de la UGEL de Maynas, Lennie Armas Viera, dijo que de los 36 profesores implicados en delitos contra la libertad sexual, 18 continuaron brindando clases en 18 colegios ubicados en Iquitos.

“[Estos docentes] ya fueron cesados de sus cargos porque obviaron esta información en sus hojas de vida”, agregó el funcionario, quien asumió el cargo en agosto del 2016 y es señalado por la contraloría como uno de los responsables de la inacción de la UGEL ante las denuncias presentadas por escolares.

En tanto, el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, indicó: “Las sanciones deben ser severas para aquellos que se han aprovechado de los escolares. Nosotros como gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Educación, vamos a tomar acciones drásticas para que estos maestros no vuelvan a clases”.

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