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Luque: “Las muertes en conflictos dicen que hemos fallado”

Plantea la creación de una unidad que verifique el cumplimiento de acuerdos suscritos por el Estado

Luque: “Las muertes en conflictos dicen que hemos fallado”

Luque: “Las muertes en conflictos dicen que hemos fallado”

Rolando Luque relata que el conflicto del río Corrientes en el 2007 –cuando la etnia achuar se levantó contra Pluspetrol– es el que más lo marcó. Lidera desde hoy la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), luego de trabajar por 18 años en la Adjuntía de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. En esta, su primera entrevista, explica los próximos lineamientos del Gobierno para gestionar conflictos.

—¿Cuáles son sus prioridades en este cargo?
Lo primero es estabilizar las situaciones que han producido algunos desbordes en varios puntos del país, como el caso de Saramurillo en Loreto [más de un mes en paro por los derrames de petróleo]. El viernes se logró convencer a los apus para venir a Lima a una reunión con el presidente del Consejo de Ministros en los siguientes cinco días. Igualmente, el caso de Cotabambas [por el proyecto Las Bambas] y otros que requieren una intervención inmediata.

—¿Todo esto en el corto plazo?
Vamos a trabajar en dos velocidades, primero atender lo inmediato y darle un cauce serio al proceso de diálogo; y segundo, para relanzar la ONDS bajo algunos nuevos conceptos, estrategias y nuevas metodologías.

—¿A qué estrategias se refiere exactamente?
Se requiere integrar el sistema de información, que ahora está disperso. Este es un insumo fundamental para el análisis y para las intervenciones oportunas del Estado en los conflictos. La ONDS tiene que ser la instancia del Ejecutivo que centralice la información de las oficinas de prevención de conflictos de algunos ministerios. Sin eso es difícil actuar de manera concertada dentro del Ejecutivo.

—¿Qué pasará con los compromisos ya asumidos en las mesas de diálogo?
Necesitamos honrar la palabra empeñada. Se han firmado muchas actas, hay numerosos acuerdos y el grado de avance de su cumplimiento es mínimo. Una de las primeras medidas es crear una unidad de gestión de cumplimiento de los acuerdos en la ONDS. No se tratará solo de saber cual es el grado de cumplimiento; esta unidad debe estar preparada para mover el Estado para el cumplimiento de los acuerdos.

—¿Revisarán las actas firmadas por el anterior gobierno?
Yo tendría cuidado con la palabra revisar, porque a veces se puede tomar como rectificar o corregir. Haremos una lectura de las actas que se han firmado hasta ahora. Vamos a organizar la información, cuántas son, de qué tipo y haremos una evaluación de las prioridades. Y el Estado tendrá que ir cumpliendo poco a poco, en la medida de sus posibilidades. Mi invocación a los dirigentes sociales es evaluar lo que es posible.

—¿Hay alguna propuesta para regular el modo en que se hacen las actas?
Sí, vamos a tener directivas muy claras sobre cómo elaborar una buena acta. Porque ahora es un instrumento débil y que se puede ignorar. La prueba está en el bajo cumplimiento de los acuerdos.

—¿Cómo abordarán el diálogo en casos donde la protesta derive en actos delictivos, como secuestros y actos de violencia?
Allí hay que separar claramente lo que es la protesta social, de lo que es la violencia y los ilícitos penales. De eso se deben encargar las autoridades correspondientes. De la parte de las demandas sociales y del diálogo haremos nuestra contribución desde esta oficina. En ningún caso se justifican los hechos de violencia, por más graves que sean los problemas.

—¿Van a uniformizar la tipificación de conflictos que se hace en la PCM y en la defensoría?
Le vamos a proponer al nuevo defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, la suscripción de un convenio entre las dos instituciones. Ello nos permitirá tener un equipo mixto que durante un tiempo haga un trabajo de aproximación instrumental que nos ayude a sincerar los números. Fue un error del pasado que la PCM intentara competir con la defensoría.

—Usted resalta que la violencia no es inherente al conflicto, pero la realidad peruana parece demostrar lo contrario.
El conflicto es distinto de la violencia. La violencia es el lado tóxico y negativo del conflicto. De hecho, el reporte de la Defensoría del Pueblo revela que en más del 50% de casos no hubo ningún episodio de violencia.

—Pero la gente percibe que con medidas radicales logran conseguir resultados más rápidos.
Quiero ser enfático en este punto: los procesos de diálogo no sustituyen el funcionamiento regular del Estado. No estamos proponiendo con el diálogo una institucionalidad paralela, eso sería afectar la institucionalidad actual.

—La violencia ha causado muertos en los últimos gobiernos, ¿cómo evitarlo?
Eso no puede volver a pasar en nuestro país. Hay una propuesta en marcha, y estamos en conversaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con el Ministerio del Interior para crear un centro de capacitación de la Policía Nacional y especializarla en control de multitudes en restablecimiento del orden público, uso de la fuerza y armas no letales. Las muertes en conflictos dicen que hemos fallado mucho.

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