La fiebre ilegal de oro sigue destruyendo la selva [VIDEO]
Lourdes Fernández Calvo

En Madre de Dios, la naturaleza es asesinada diariamente por el hombre. En unas 30 mil hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, donde antes vivían árboles, hoy yace un cementerio de troncos y fango. La zona, denominada Mega 16, forma parte del sector conocido como La Pampa. Desde hace más de 30 años, este es el refugio de miles de mineros ilegales que, machetes en mano, hacen de la depredación su negocio. Deforestan, excavan y destruyen la selva para extraer el mineral que luego venden en Puno, Lima y Bolivia.

“Han llegado al río Malinowski y han ingresado a parte del núcleo de la reserva”, alerta César Sierra, asesor en Operaciones de Interdicción del Alto Comisionado en Asuntos de Minería Ilegal de la PCM, mientras observa los campamentos instalados en la zona. El Comercio acompañó el 23 y 24 de este mes a la delegación de más de 300 policías, fiscales y procuradores del medio ambiente que supervisaron la primera interdicción del año en la zona.

Según el jefe de la Reserva Nacional de Tambopata, Vicente Macedo, los mineros ilegales llegan al núcleo de la  reserva a través del río Malinowski. Esto se pudo comprobar en un recorrido que se hizo dentro de la reserva a unos 70 kilómetros del cauce del río. Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), sostiene que la presencia de mineros en la zona intangible aún no es significativa, pero sí preocupante porque pondría en peligro el ecosistema de la reserva y el turismo.

Campamentos eternos
Un pequeño dinosaurio de plástico es lo único verde que hay en el suelo de la zona Mega 16. Los árboles han sido reemplazados por troncos atados a plásticos azules que hacen de pequeñas casas, hoteles, bares, restaurantes y burdeles. El lugar parece haber sido arrasado por un huracán. Solo algunas familias se asoman entre las carpas para recoger lo que puedan antes de que la policía lo destruya. “Estos son campamentos en donde han vivido hasta ayer. Escuchan los helicópteros y se van”, refiere el coronel Sierra.

Solo en estos 200 campamentos se albergaban unos cinco mil mineros informales que desaparecieron esta semana, aunque las autoridades saben que volverán. Los policías especializados en explosivos reúnen las motos de los mineros y en minutos las hacen volar. Luego, prenden fuego a las carpas. “Déjennos trabajar tranquilos”, grita una señora escondida entre los plásticos y que ha llegado a recoger a sus animales.

Las autoridades reconocen que las interdicciones –operaciones que realiza el Estado para reprimir la minería ilegal– que se ejecutan cada mes y que le cuestan al Estado unos S/800 mil no bastan. Sin embargo, refieren que es el único medio que tienen hasta ahora para enfrentar a la minería ilegal. “Lo que nos toca hacer es destruir sus motores, tuberías y accesorios para que cuando quieran volver tengan que acopiar toda su logística nuevamente”, indica el director ejecutivo de Protección del Medio Ambiente de la PNP, general Wilman Carrasco.

Solo en esta interdicción, se destruyó maquinaria valorizada en más de S/10 mil. No obstante, no hubo ningún intervenido. Terminada la operación, los agentes se preparan para el retiro. Las autoridades hacen el balance de lo erradicado, mientras el helicóptero se alista para partir. A lo lejos, las figuras diminutas esperan el momento para volver a aparecer, hasta la próxima interdicción.