Fuego y horror en las fosas clandestinas de La Pampa [CRÓNICA]

Llevaba 83 horas desaparecido. Ener Ovalle Fasabi había salido de su casa, en Puerto Maldonado, a las 4 a.m. del sábado 18 de febrero. Como de costumbre, manejó la moto que alquilaba para ir a trabajar y, al amanecer, dejó su último rastro en el km 115 de la carretera Interoceánica. 

Por una trocha de este sector, Ovalle se dirigía diariamente a un campamento de extracción de oro enclavado en La Pampa, aquel infierno de minería ilegal que corroe la Reserva Nacional de Tambopata.

En tres días de búsqueda, Eloy, el padre de Ener, solo había hallado el casco y la casaca que este tenía puestos cuando se perdió. Ninguna información certera. Algunos mototaxistas de la zona le decían que el joven había vendido su moto y deambulaba ebrio. Otros, que un grupo con indumentaria militar se lo había llevado, dos kilómetros adentro, al Quemadero. Eso lo aterrorizaba. 

Eloy sabía que a un jornalero secuestrado semanas atrás lo torturaron e incineraron vivo allí. Su hermano, que había ido a buscarlo, fue obligado a prenderle fuego. 
La tarde del 21 de febrero, el padre de Ener caminó hasta unas dragas cercanas al lugar que le indicaron y se internó entre vegetación espesa y lagunas de fango. Columnas de humo esparciéndose sobre el cielo tieso lo guiaron hacia un montículo que ardía. Era lo que quedaba de la osamenta de una persona. Al lado, en una fosa de al menos 40 centímetros de profundidad, estaba la ropa de Ener.

Nadie vigilaba el lugar. Eloy solo separó los huesos de su hijo que aún no se habían carbonizado y avanzó. En medio del pasmo, cruzó tres fosas más con huesos de unas 20 personas que no llegaron a consumirse. Todo estaba cubierto de cenizas y troncos.

El Departamento de Investigación Criminal de Madre de Dios tiene registradas 48 desapariciones a partir de diciembre del 2016. Casi todos los reportes corresponden a extractores de oro que laboraban en los campamentos ilegales conocidos como Mega 11, Zorro Valencia o La Peña, dentro de La Pampa. Sin embargo, los pocos jornaleros que se atreven a declarar coinciden en que la mayoría de desapariciones no ha sido denunciada. Algunos aseguran que, al menos, una persona se ha perdido diariamente desde la mitad del año pasado. Hablan del mismo grupo armado que secuestra y quema viva a la gente. Declaran bajito y se van.

—Crimen sobre explotación—

Hace dos años, ese submundo de depredación y explotación sexual de menores que es La Pampa también estaba amenazado por la feroz acción de bandas criminales. Había robos incesantes a dueños de maquinarias para la minería y a transportistas, asaltos en los bares y violaciones a las mujeres que ahí eran prostituidas. 

El rubro más afectado fue el transporte, y ello obligó a que los dirigentes de las cuatro principales asociaciones de mototaxistas optaran por protegerse. Quince licenciados del Ejército, con largo trajín en el Vraem, llegaron contratados a inicios del 2016 para dar seguridad al precio que fuera. 

Los propietarios de las dragas y bares vieron en esto una solución y también pactaron con los soldados su resguardo. Entonces, otros 20 uniformados se desplegaron en La Pampa. La delincuencia común fue mermando, pero eso causó a su vez las primeras desapariciones masivas. 

El grupo armado operaba siempre con vestimenta militar y, enpoco tiempo, pasó del exterminio de ladrones al sicariato por encargo o al cobro de cupos. En suma, al control íntegro de la zona de depredación.

Florencio, un minero ilegal, asegura que el grupo controla las trochas de ingreso hacia los campamentos de La Pampa, entre los kilómetros 98 y 117 de la Interoceánica. De ahí su denominación en los archivos de la policía: Los Sanguinarios de la Trocha. Ellos cobrarían hasta S/100 semanales o 40 gramos de oro a cada jornalero que accede a las áreas de extracción.

“Andan con ropa de camuflaje y fusiles. Matan y desaparecen al que no les paga. Confunden a la población diciéndole que le dan seguridad, pero en realidad operan salvajemente. Todos estamos amenazados”, dice Florencio.

La tragedia de Ener Ovalle tiene precedentes muy parecidos en la desaparición de los mineros Edson Pacco Caytuyo (24) y Richard Inga Alanoca (25). Al primero lo secuestraron el 10 de enero junto con un amigo, al que llamaba ‘Chino’. Ambos fueron llevados al bosque y, a punto de ser ejecutado, ‘Chino’ reconoció a un familiar entre los criminales. Lo dejaron ir. En su carrera, oyó los balazos que habrían matado a Edson.

Inga, nacido en el Cusco, también se movilizaba en moto. La última vez que lo vieron fue hace 30 días en la trocha del km 107, cuando discutía con dos de los uniformados. Nadie en La Pampa atiende a los familiares del joven cusqueño cuando indagan sobre él, aunque todos sepan dónde terminó su cuerpo. 

El pasado 25 de febrero, agentes de la policía que transitaban por la misma trocha donde Inga fue interceptado, vieron que un minero era golpeado y despojado de su moto.

Los agresores, que vestían prendas militares y fusiles, dispararon a matar y huyeron con dirección al Quemadero. Allí, cuatro se rindieron. Uno de ellos, conocido como ‘Venado’, huyó pero dejó una mochila que contenía los documentos de Ener Ovalle. A dos metros todavía estaban sus huesos, los que Eloy, su padre, había separado cuatro días antes.

*Con la colaboración de Manuel Calloquispe