Minería ilegal: Congreso aprueba que la maquinaria incautada a extractores de oro ya no sea destruida

Faltando 15 minutos para la medianoche, en la sesión del pasado jueves 25, el pleno del Congreso aprobó una norma que modifica la regulación de la interdicción de la minería ilegal, es decir, todo lo relacionado a la destrucción de maquinaria empleada para extraer oro ilegalmente. Dicha norma, aprobada pese a observaciones de tres ministerios, podría afectar la lucha contra una de las actividades ilícitas más difíciles de erradicar en el interior del país. Su autógrafa deberá ser remitida al Poder Ejecutivo, que podrá observarla o promulgarla.

La referida norma busca que durante la labor de interdicción ya no se destruya la maquinaria de los campamentos ilegales, sino que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) la asigne a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo.

El autor del proyecto es Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso (APP) por Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal. Según su hoja de vida, fue asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios. Su proyecto original planteaba que la maquinaria pase directamente a las autoridades subnacionales, pero en el dictamen aprobado se incluyó al Pronabi en el proceso.

El texto final fue aprobado con 84 votos a favor. Solo siete legisladores votaron en contra y 11 se abstuvieron. Una de las abstenciones provino de Alejandro Soto, vocero de APP, la bancada del autor del proyecto.

¿Qué dicen los especialistas?

“Atenta contra el carácter reservado de la interdicción”

César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, advirtió que, al incluir a los alcaldes o gobernadores en el proceso de interdicción, se afectaría la labor de la fiscalía, puesto que se podría filtrar información. “El fiscal va a tener que ir a buscar a un alcalde o gobernador que quiera la maquinaria, y ese proceso puede retrasar la acción. Definitivamente se está flexibilizando la normativa de interdicción contra la minería ilegal”, afirmó el especialista.

De ser coherente con las observaciones presentadas por tres ministerios, el Poder Ejecutivo debería observar la norma. El dictamen de la Comisión de Energía y Minas, grupo encargado de estudiar el proyecto, consigna hasta tres opiniones contrarias que no fueron tomadas en cuenta. Este proyecto evitaría que la maquinaria sea destruida para pasarla a manos de gobiernos regionales y locales.

El Ministerio de Interior indicó que el proyecto debería ser revaluado considerando las advertencias de la Dirección General contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional del Perú. El Ministerio de Defensa mencionó que debería ser reformulado atendiendo las competencias actualmente asignadas al Pronabi.

El Ministerio de Justicia fue más enfático afirmando que el proyecto “no era viable”. “Las acciones de interdicción reguladas por el Decreto Legislativo 1100 tienen como objetivo evitar el enriquecimiento injusto, privar a los responsables de los efectos beneficios y prever que no se sigan cometiendo las conductas criminales [...] No obstante, la fórmula legal pretende incorporar una regulación en beneficio de los gobiernos locales y regionales, fines que desnaturalizan los objetivos del referido decreto legislativo, el cual busca proteger el ambiente y promover la seguridad ciudadana”, dice el informe remitido a la Comisión de Energía y Minas.

Los únicos que se pronunciaron a favor fueron los gobernadores regionales, beneficiados con la nueva norma, al contar con maquinaria operativa.

¿Qué dicen los especialistas?

“Podría traer más perjuicios, sobre todo en el contexto amazónico”

Lenin Valencia, exdirector de Formalización Minera, explicó que la minería ilegal opera en zonas de difícil acceso, y existe limitada capacidad para retirar la maquinaria. Además, son territorios con índices de violencia y sicariato. “Es limitada la capactidad de autoridades subnacionales de gestionar recursos”, añadió.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista Eduardo Salhuana para conocer la justificación de su proyecto que se convirtió en ley, pero no contestó nuestros mensajes. Sus colaboradores indicaron que se encontraba en Puerto Maldonado por su semana de representación. En el pleno del pasado jueves, su justificación fue la siguiente: “Estamos hablando de cargadores frontales, volquetes, retroexcavadoras, que son ubicadas en las zonas operadas por mineros ilegales, [que] se destruyen.

Según el Alto Comisionado en la Lucha contra la Minería Ilegal, en el período 2012-2016 se han destruido maquinarias por 130 millones de dólares. [En] un país con tantas necesidades, hemos visto a los alcaldes y gobernadores clamando por maquinaria pesada”.

La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Raúl Doroteo, un legislador de Acción Popular vinculado al Caso ‘Los Niños’. Su colega Elvis Vergara pidió que el tema pase a un cuarto intermedio, pero no fue tomado en cuenta. En el pleno del Congreso, esta ley se aprobó sin mayor debate, en apenas media hora y con la intervención de apenas cinco de los 130 parlamentarios.

Además de Vergara, la congresista que se pronunció en contra de la norma fue Ruth Luque (Cambio Democrático). Aunque Salhuana indicó tener hasta el visto bueno de la Marina.

¿Qué dicen los especialistas?

“La destrucción es algo imprescindible en la lucha contra la minería ilegal"

Dante Vera, experto en conflictividad social y economías criminales, consideró que, salvo excepciones, los gobiernos subnacionales no tienen las condiciones para recibir la maquinaria. “Por los niveles de corrupción transversal, esta actividad ilegal tiene comprometidos a autoridades, alcaldes y gobernadores”, dijo.

El Comercio compartió la norma con tres especialistas en minería, y los tres coincidieron en que la norma aprobada representa un freno en la lucha contra la actividad ilícita de la minería ilegal.

“El congresista Salhuana suma, una vez más, a sus iniciativas un proyecto de ley [...] que podría [...] terminar favoreciendo a la minería ilegal”, dijo Dante Vera, experto en conflictividad social y economías criminales.

Para el abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, esta iniciativa “flexibiliza” y “frena” la lucha contra la minería ilegal. Además, advirtió que atenta contra la autonomía del Ministerio Público y contra el carácter reservado de los operativos de interdicción.

Lenin Valencia, exdirector de Formalización Minera, recordó que las autoridades locales no gestionan eficientemente los recursos que manejan. “Si quieren abordar el tema deben centrarse en cosas más contundentes como fortalecer el proceso de formalización”, afirmó Valencia.

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Eduardo Salhuana

Autor del proyecto

Eduardo Salhuana es congresista de Alianza para el Progreso (APP) por Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal. Según su hoja de vida, fue asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios.

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