Madre de Dios: La ley, esa otra selva
Madre de Dios: La ley, esa otra selva
Ricardo León

Periodista. Editor de la sección Nacional

jose.leon@comercio.com.pe

Al centro poblado Bajo Puquiri nadie lo conoce por su nombre. Todos le dicen Delta 1, uno de los focos más antiguos de la e ilegal de Madre de Dios. La extracción artesanal aquí comenzó hace tanto tiempo que, a diferencia de los campamentos recientes construidos con palos y un plástico azul, en esa localidad hay como una ciudad comprimida con su plaza de armas (que también es paradero y cochera y eventual cancha de fulbito), su mercado, sus ferreterías, un chifa y decenas de bares y burdeles. Pero lo que aquí llama la atención, además, es que muchos de estos locales, sobre todo los clubes nocturnos, han cerrado. La señal es inequívoca: el oro ya casi se acabó.

Otra manera de saber que aquí el mineral es ya escaso es la ausencia de mineros ilegales, de saqueadores que invaden cualquier concesión y, en el lapso de tiempo que demora el propietario en expulsarlos, ya consiguieron suficientes láminas de oro como para vivir antes de invadir otro terreno. “Son los desobedientes”, resume Meraldo Umiña, presidente de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala. 

Umiña es, como miles de mineros de Madre de Dios, puneño. Él arribó a Delta 1 en 1983, mucho antes de que la fiebre del oro en Madre de Dios alcanzara los niveles tóxicos que ahora se conocen, y que la han convertido en una región en peligro biológico. Tiene concesionadas 100 hectáreas, pero los ‘desobedientes’ han ocupado casi toda su concesión, así que solo trabaja en 30 hectáreas. 

Este dirigente, desde el 2002, comenzó a realizar los trámites para dejar la condición de informal y pasar a ser artesanal y formal. Pero no lo ha logrado. Él es uno de los 1.800 mineros informales que quedaron suspendidos en el limbo legal y que trabajan, hace años, junto a la delgada línea de la ilegalidad. 

EN EL LIMBO MINERO

En julio de este año, después de varios meses, se retomaron las interdicciones de mineros ilegales en Madre de Dios, esta vez con Antonio Fernández Jerí como jefe de la Alta Comisión en Asuntos de Formalización de la Minería. En el más reciente de estas operaciones, El Comercio acompañó a los 1.200 policías y cerca de 30 fiscales que intervinieron campamentos de absoluta ilegalidad en el sector conocido como Mega 15, en La Pampa, una de las áreas más afectadas por esta actividad.

Estas operaciones buscan detener el trabajo de los ilegales, es decir, de aquellos que no intentan acceder a la formalización y que toman cualquier punto de la selva para buscar oro, no importa si es un río (totalmente prohibido) o la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, como ya ocurre. 

En cambio a los informales, como Meraldo Umiña, no los intervienen la policía ni la fiscalía. Su dificultad es otra: por abstracciones legales, ninguno de ellos ha logrado formalizarse y por un razón sencilla y a la vez complejísima: en el proceso se les pide un certificado de desbosque (que autoriza el corte de árboles previo al trabajo minero), pero la ley no indica qué entidad lo entrega. Explica Umiña: “Fui al gobierno regional, y ellos no dan ese certificado; Energía y Minas tampoco, igual la autoridad forestal y agraria. No puedo cumplir la ley porque no tengo ante quién hacerlo”. 

En marzo del 2012, el entonces primer ministro Óscar Valdés hizo una enorme promesa: “En Madre de Dios, en 12 meses como máximo, no va a haber mineros informales porque los vamos a formalizar”. Ya pasó muchísimo más tiempo.

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