Minería ilegal deforesta 500 hectáreas en Tambopata: la alarmante reducción de operativos y los efectos de las ampliaciones del Reinfo desde el Congreso

De acuerdo a imágenes satelitales captadas por Conservación Amazónica-ACCA, la actividad minera ilegal ha afectado principalmente la parte noroeste, en zonas aledañas al río Malinowski, uno de los principales ríos de Madre de Dios, que sirve para demarcar los límites de la Reserva Nacional Tambopata.

Las imágenes muestran que los ecosistemas afectados por los extractores ilegales de oro han sido bosque aluviales inundables y los bosques de terraza no inundables. Todo el área destruida equivale a la superficie total del distrito limeño de Pueblo Libre, o a 100 estadios nacionales.

El monitoreo satelital iniciado desde el año pasado observó que, de las 500 hectáreas de bosque destruidas, 69 fueron deforestadas solo entre los meses de enero y febrero del 2026. Esto significa que la minería ilegal está deforestando casi 35 hectáreas por mes, un área comparable a 49 canchas reglamentarias de fútbol.

En la zonas invadida, las imágenes satelitales han permitido registrar la presencia de 183 balsas tipo tracas y dragas. Estas son maquinarias utilizadas para remover y succionar grandes volúmenes de tierra con agua en busca del oro, provocando alta contaminación y deforestación.

Próximas a las infraestructuras mineras, las imágenes también permitieron identificar un total de 67 campamentos ilegales, compuestos de carpas ligeras instaladas que procederían de la zona conocida como La Pampa, una extensa área plana, entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica, muy cerca de la reserva, y que se han convertido en un foco de minería ilegal, trata de personas y violencia.

El informe de ACCA, al cual accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, calcula que, de acuerdo a la cantidad de maquinaria y el modo de trabajar en la minería, habría actualmente 1.000 mineros ilegales deforestando en la Reserva Nacional Tambopata para el 2026.

El avance incontenible de la minería ilegal dentro de la Reserva Nacional Tambopata se ha producido luego de que se detuviera la ejecución permanente de operaciones de control.

Entre los años 2017 y 2018, se inició una serie de operativos e interdicciones en la región de Madre de Dios que permitieron combatir el avance de la minería ilegal. A inicios del 2019, se ejecutó una intervención multisectorial contra la minería ilegal en zonas críticas de la región Madre de Dios –conocido como el operativo Mercurio–, lo que generó una reducción importante en la expansión minera en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento. La deforestación en la reserva no llegaba a las 10 hectáreas ese año, por aquel entonces.

El 2021, tras un receso de un año debido a la pandemia del COVID-19, el Ejército y Policía Nacional ejecutaron el llamado plan Restauración, un conjunto de operativos y patrullajes permanentes en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento, lo cual también generó la disminución significativa de la deforestación provocada por la actividad minera ilegal.

Pero desde entonces, los operativos de mayor envergadura no se han efectuado en la reserva por lo que, entre el 2023 y 2024, se han registrado el retorno de las actividades mineras, siendo el 2025 el año con mayor destrucción de bosques en esta área natural.

Se observa que toda la actividad ilegal está ocurriendo en los alrededores de los puestos de vigilancia y control (PVC) integrados por guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Los nueve puestos de vigilancia y control están ubicados en el ingreso de la reserva que tiene una superficie de 274.690 hectáreas.

Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica - ACCA y autor del informe, señaló que el personal de guardaparques no está en capacidad de contener el ingreso permanente de mineros ilegales. “Siempre se ha reportado la presencia de hectáreas afectadas por la minería, pero no habíamos dimensionado el problema en cuanto a las cantidad de personas inmersas en esta actividad ilegal. Es una situación inequitativa cuando solo hay un grupo de 12 personas en un bote enfrentados diariamente a mil mineros ilegales”, explicó a El Comercio.

Novoa apuntó que la desactivación de las operaciones contra la minería ilegal explica en parte la deforestación sin parangón. “A medida que la operación (militarizada) se quedó sin financiamiento se fue desactivando el enfoque de control permanente de la zonas naturales. Las bases establecidas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata se desactivaron”, recordó.

A la falta de operativos ejecutados se añaden otros factores como el alto precio que alcanzado el oro a escala mundial y el apoyo que ha recibido la minería ilegal de parte de la clase política. “Al abandono de las autoridades para dar una sostenibilidad a la protección de la reserva, se suman los altos precios que ha registrado el oro, y a esta suerte de arista política en los últimos meses”, dice Novoa.

“En los últimos tiempos hemos visto gremios mineros mucho más organizados negociando con el Ejecutivo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que ha sido como el caldo de cultivo para que nuevamente los mineros retirados recolonicen, no solo la zona de La Pampa, sino también la reserva nuevamente”, agregó.

Sidney Novoa advierte que es el peor momento que atraviesa la reserva nacional. “Si antes estuvo fea ahora está peor”, dijo. “Ahora es Tambopata, pero hay muchas regiones que corren el riesgo de que ocurra algo similar, la Reserva Comunal El Sira en Huánuco con Ucayali, por todo el río Yuyapichis en Puerto Inca o el Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor que también está muy próximo a una zona de minería ilegal en la frontera con el Ecuador.

César Ipenza, experto en derecho ambiental, coincidió con Novoa en los peligros que acechan a las reservas naturales protegidas debido a la falta de atención del Estado.

“La minería ilegal ya no solamente está en una zona circundante a las áreas protegidas, sino también dentro de una reserva [Tambopata] que se supone que tiene una protección legal [...] y esto nos sorprende porque nuevamente denota una incapacidad de la autoridad”, sostuvo.

Ipenza señaló que es preocupante que los representantes de esta región en el Parlamento se dediquen más a defender o a promover la minería ilegal. “Quisiera saber si verdaderamente el congresista Eduardo Salhuana ha presentado alguna iniciativa o alguna acción de control en defensa del patrimonio de Madre de Dios, siendo esta la capital de la biodiversidad, o más bien ha presentado iniciativas que facilitan esta actividad bajo la excusa de la formalización”, cuestionó el abogado.

El experto señaló que el congresista de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, ha presentado iniciativas de ley para que mineros con Reinfo como un instrumento ambiental para que puedan solicitar concesiones mineras en Madre de Dios. “Esto no necesariamente resuelve problemas, vemos que hay una situación de corrupción instaurada, mientras, lamentablemente, la actividad ilegal está avanzando como nunca antes en madre de Dios”, advirtió.

EL DATO

La actual deforestación es considerada histórica. Normalmente, en un período de cuatro años, se registraban 500 hectáreas deforestadas.

En el 2019, un informe de El Comercio mostró con base en imágenes satelitales el avance incontenible de la deforestación por la minería ilegal, con pérdida de 9.280 hectáreas de bosques en Madre de Dios. El Ejecutivo de entonces emprendió un operativo para recuperar el control de la zona.