La minería ilegal en Madre de Dios ha devastado el equivalente a toda Lima Metropolitana

No hay dedo que tape el sol, ni mano que esconda la destrucción de los bosques amazónicos del Perú. Es imposible que alguna autoridad se sorprenda –realmente- del inmenso daño ya irreversible -pero permitido durante décadas por gobiernos y gobernantes- ocasionado por el imponente mundo criminal de la minería ilegal e informal. El país ha regalado su futuro, como si no existieran consecuencias. A vista y paciencia de todos.

Sobrevolando Madre de Dios, una de las regiones más perjudicadas por la fiebre aurífera, uno puede permitirse seguir con la vista el infinito camino zigzagueante de los formidables ríos de la Amazonía peruana. Pero lo inevitable es enviciarse con el inacabable serpentín de pozas coloridas, terrenos podados, barro contaminado de mercurio y diminutas maquinarias que extraen gramos de oro, hora a hora. Quien lo vea, evidencia tan solo el punto de inicio de la ruta internacional del oro ilegal y se convierte en testigo de la masacre ecológica.

Al sureste del país, de frontera con Bolivia y Brasil, Madre de Dios es una de las regiones que más kilómetros de bosque ha perdido en los últimos veinte años, principalmente a causa de la minería aurífera ilegal e informal. De hecho, en la comparativa anual del 2022, se encuentra en el tercer puesto de hectáreas deforestadas; Ucayali en la cabeza y Loreto de segundo.

Solo en ese año, 24.485 hectáreas -equivalente a 244,85 kilómetros cuadrados, o quince islas San Lorenzo- fueron devastadas en dicho departamento. La minería ilegal, la tala ilícita y los crecientes sembríos de coca son los principales culpables de esta masacre ecológica que solo aparente expandirse. En total, entre el 2001 y el 2022, Madre de Dios ha visto desaparecer 301.755 hectáreas -superior a la extensión de Lima Metropolitana- de bosque, el 10,3 % de los 2,9 millones de hectáreas ultrajadas en los últimos 20 años en el país.

Madre de Dios está compuesta de tres provincias, todas con elevados índices de deforestación en las últimas dos décadas. Tambopata acumula 156.850 hectáreas consumidas, el 52 % de todos los bosques devastados en dicha región selvática. Le sigue la provincia de Tahuamanu, con 77.704 hectáreas (25,7 %), y Manu, con 67.227 (22,3 %). Inambari es el distrito más afectado por esta situación, seguido de Madre de Dios y Las Piedras.

La participación de la minería ilegal en estas estadísticas es innegable. Puntualmente, al menos treinta mil hectáreas arrasadas fue el impacto de la explotación ilegal e informal entre el 2021 y el 2024 en Madre de Dios. Así lo confirma el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), entidad que advierte que el 73,8 % de este impacto se ha dado en el denominado ‘corredor minero’, un espacio donde la minería informal fue permitida con promesas incumplidas, y coexiste con el lado ilegal, revelando así la ineficiencia – o complicidad- del Estado peruano.

Pero no solo se trata de bosques perdidos, sino de un costo económico que también dejará vacíos en las arcas del país. Recientes cálculos realizados por MAAP respecto al impacto en tres comunidades nativas de Madre de Dios demuestran una cifra multimillonaria: 593.786.943 dólares entre el 2022 y agosto del 2023. En la comunidad nativa San José de Karene, la minería aurífera tuvo una afectación socioambiental de 86 millones de dólares en el 2022 y 166 millones de dólares solo en los primeros ocho meses del 2023. En la comunidad de Puerto Luz, estas cifras alcanzaron los 24 millones y los 44 millones. La comunidad nativa Barranco Chico, se calcularon 75 millones y 196 millones de dólares, respectivamente.

Decir que la minería aurífera es algo reciente en Madre de Dios sería una farsa. Por largas décadas, desde comunidades indígenas hasta empresas de gran capital fueron explotando esta zona del país. Las localidades de Boca Colorado, Inambari y Huepete fueron puntos iniciales, mucho antes de que todo salga de control. Imágenes en blanco y negro de dragas importadas desde lejanos países europeos y reensambladas en la región revelan la importancia histórica de esta porción del Perú en la producción del oro.

Martín Arana, ingeniero forestal y miembro de Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), detalló a El Comercio que estas acciones se extendieron y vieron un boom “entre el 2007 y el 2008, a partir de la construcción de la carretera [Interoceánica]”. “Para poder enfrentar [el crecimiento], en el 2010 se [decretó] un reordenamiento de la actividad minera en Madre de Dios, y se estableció la zona permitida [para actividad minera de menor escala]. Se delimitó lo que coloquialmente se llama ‘corredor minero’”, explicó el especialista.

Básicamente, es una extensión cercana a las quinientos mil hectáreas donde el gobierno peruano permitió la continuidad de estas operaciones que ya dejaban heridas imposibles de curar, pero con medidas adicionales, aunque inconclusas. “Se estableció que ninguna actividad [minera] podía darse por fuera [del área habilitada], salvo sean derechos mineros otorgados previo a la creación del corredor. Esto estuvo acompañado del [planteamiento] de un ordenamiento de esta actividad minera”, agregó Arana. Sin embargo, mientras los bosques amazónicos mueren y se consolida el poder ilícito de la minería ilegal, el prometido reordenamiento no se ha dado.

Peor aún, el Estado ha autorizado a protectores ambientales y a mineros ‘informales’ hacer uso del mismo espacio: del ‘corredor minero’, que cuenta con una extensión superior al área de todo Tumbes. “Hay un problema de superposición de derechos, de derechos ambientales y derechos mineros, que no son compatibles. Se ha generado un problema gordo que hasta ahora no ha sido resuelto y ha creado un conflicto”, determinó Arana.

En Madre de Dios la distinción entre la minería informal e ilegal no se encuentra –salvo casos muy puntuales- en la forma como se extrae el oro ni en los papeles o registros. Literalmente, la diferencia es que unos operan como informales en el área ‘corredor minero’ y, cruzando la autopista, los ilegales trabajan fuera de este espacio. Eso es todo, el daño es el mismo. Un reporte de Conservación Amazónica (ACCA) estima que la población minera materditana es principalmente informal (67,4%) e ilegal (20%). Solo el 12,6% opera en la formalidad.

‘La Pampa’ es como se conoce a la zona de minería ilegal -es decir, fuera del espacio del ‘corredor minero’- más grande del departamento. Pero hace 20 años, todo era bosque. “Alrededor del 2008 aparecen los primeros puntos de actividad minera en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, fuera del ‘corredor’ y empezó a crecer. Esta expansión es una conjunción de varias cosas: debilidad del Estado, el alza continua del precio del oro y las facilidades de acceso de la carretera interoceánica. Había un tiempo que todos los días llegaban camiones llenos de personas para trabajar”, contó Arana.

La minería ilegal no puede tratarse como una acción minorita y artesanal que beneficia a un grupo minoritario de personas, en comunidades alejadas. Se trata de una acción interconectada a nivel global, que moviliza miles de millones de dólares anuales y debe su crecimiento e impunidad a la violencia que ejerce y a las manos que quiebra corruptamente. Mata árboles, peces, personas. Destruye bosques, sociedades y futuros.

Prueba de su importancia en el mundo clandestino es su capacidad de acción: cerca del 40 % de todo el oro que exporta el Perú proviene de la minería ilegal, y el Perú provee el 44 % del oro ilegal de toda la región. Más aún, solo en Madre de Dios unas 50 mil personas trabajan directamente en la minería ilegal o informal. Esto es cerca del 35,4 % de la población de dicha región. A esto se suman los trabajos indirectos que genera esta depravadora actividad. Para Martín Arana, definir que la mitad de los materditanos está vinculada de alguna forma a la minería aurífera “sería conservador”.

Para Mariano Castro, director del programa Unidos por los Bosques de la FCDS, es crucial que se evite “caer en un discurso de falsa ética social”, el cual intenta validar la continuidad de este statu quo al describir la minería informal como una actividad económica esencial para el desarrollo local. “Estamos frente al crimen organizado. Se trata de actividades con importante capital, acceso a Starlink [internet satelital], equipamiento costoso y capital trasnacional. No es una actividad de minería artesanal de pequeño impacto”, resaltó.

Miguel, un joven taxista de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, es consciente de esta realidad. “Aquí [en la ciudad capitalina] todavía es tranquilo, pero en La Pampa [la principal zona minera de Madre de Dios] ahí sí es peligroso. Todos pagan cupo”, contó a El Comercio. “Incluso ahora están asaltando los buses que salen hacia Cusco, ya van como cinco este año. Los paran y roban todo, pero siempre van por un botín: el oro. Ellos saben que alguien está llevando oro y van por eso”, retrató.

Por su parte, el ingeniero de FCDS describió los territorios tomados por la minería ilegal como “semejantes a zonas liberadas”. “No hay estado y lo que rige es la ley del lejano Oeste. Hay lugares donde nadie puede hacer nada si no es con el permiso de un grupo [que manda]. Se restringe el tránsito, el área es controlada por grupos de crimen organizado, se cobran cupos y sobreprecios”, afirmó Arana.

Esto ya se ha convertido en un ecosistema social que revela no solo la magnitud del problema, sino lo costoso que será volver a tomar control de este territorio. “Cuando se inició el operativo ‘Mercurio’ [un megaoperativo contra la minería ilegal en Madre de Dios llevado a cabo el 2019] se rescató a varias mujeres explotadas sexualmente, incluso menores. Pero al final, muchas de estas mujeres optaron por regresar por la cantidad de plata que ganaban”, adicionó el especialista.

Para Castro, el primer paso que debe cumplir el Perú es sincerar el daño. No hay quien pueda negar que el problema ha escapado -por años- de la mano de la sociedad peruana. El director de Unidos por los Bosques reitera en “que se debe valorar la verdadera y grave dimensión que tiene el problema para que haya una respuesta en la magnitud que este requiere”. “Es necesario que se informe al país. No hay un informe oficial sobre los diversos aspectos de esta problemática. Se requiere una política multisectorial con recursos y continuidad”, dispuso el experto.

Para Castro, es lamentable que desde el Congreso de la República y sectores del Poder Ejecutivo y gobierno regionales “estén promoviendo medidas que realzan las actividades de minería ilegal, como sea y donde sea”. Respecto a los procesos de formalización minera, que han tenido paupérrimos resultados, Castro resaltó que deben buscar cambios de práctica. “Existen proyectos de ley que apuntan a que se mantenga este problema de ilegalidad y de daño. Esto implica no solo una responsabilizada política, sino responsabilidad penal, porque están avalando una acción ilícita que genera daños a las personas”, concretó.