Manta y Vilca: Fiscalía pide que juicio sea por lesa humanidad

–¡Chupa, terruca de mierda! –le gritó un soldado, quien sostenía una botella de cerveza.
–¡No quiero! –sollozó Magda.

Esa fría noche, los llantos fueron silenciados por un huaino que sonaba a todo volumen desde un viejo tocadiscos. Magda Surichaqui se encontraba en el patio de la base militar de Manta, en Huancavelica, junto a otras diez mujeres. Los soldados, cuenta ella, las habían llevado allí para constatar si pertenecían a Sendero Luminoso. Sin embargo, en el lugar las obligaron a bailar y a beber licor.

Era junio de 1984 y Magda acababa de cumplir 18 años. “Los militares dijeron que querían ver nuestros documentos, pero en la base ya habían armado su fiesta. Emborracharon a las mujeres y luego las metieron a sus cuartos. Yo rechacé la cerveza y por eso me golpearon en la cara. En la madrugada, cuando ya estaban ebrios, pateé el tocadiscos y la música se detuvo. Aproveché que se distrajeron para escapar”, dice.

Según el testimonio de Magda, meses después un soldado de la misma base –llamado Rufino Rivera Quispe– la buscó en su casa, donde vivía junto a su madre y sus tres hermanos. Con engaños, la condujo a un sitio alejado y trató de besarla. Ella lo rechazó. Entonces,  asegura, él la sujetó de los brazos, la colocó contra el piso, le quitó la ropa interior y la violó.

—La presencia militar—
Un año atrás, en mayo de 1983, Sendero Luminoso se había apoderado de los distritos de Manta y Vilca. Las hordas terroristas iniciaron su propaganda en las escuelas de la zona, donde reclutaban a los jóvenes. También obligaron a renunciar a los alcaldes; en noviembre de ese año, boicotearon las elecciones municipales.

Debido al avance senderista, el gobierno de Fernando Belaunde emitió el Decreto Supremo 061-83, con el que amplió el estado de emergencia –declarado previamente en Ayacucho– a toda la provincia de Huancavelica. Como parte de la estrategia, el 21 de marzo de 1984 se instalaron bases militares en los dos distritos; estas funcionaron hasta 1998.

—Un largo camino—
Magda no denunció la violación. Temía que le disparasen o que la acusaran de terrorismo. Ella cuenta que, tras el hecho, Rivera le prometió que se casarían, por lo que iniciaron una relación. Quedó embarazada. Recuerda que el soldado firmó un acta con su familia, en la que se comprometía a contraer matrimonio. En 1985, fue dado de baja y la abandonó.

El 9 de enero de 1986, nació la hija de ambos: Luz Magaly. “La gente de Manta se enteró de que fui violada y me discriminó por varios años. Decían que yo era una mujerzuela. Luego, conocí a mi actual pareja y en 1996 nos fuimos a vivir a Huancayo porque ya no soportaba más”, cuenta.

Los investigadores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) localizaron a Magda en el 2002. Su caso fue incluido en el informe final de la CVR, el cual determinó que, entre 1984 y 1995, la violencia sexual fue una práctica reiterada del Ejército contra las mujeres de Manta y Vilca.

En total, se identificó a 24 víctimas de violación y a 32 menores cuyos padres eran militares, pero que jamás fueron reconocidos. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Demus asumieron la defensa de estas mujeres.

El primer obstáculo lo puso el Ministerio de Defensa, que no proporcionó adecuadamente la identificación de estos soldados. El segundo lo aportó el Poder Judicial, que en el 2009 abrió instrucción para reanudar las investigaciones. Eso dilató el proceso varios años, indica Carlos Rivera, abogado y miembro del IDL.

Recién a inicios del 2015, la Tercera Fiscalía Superior Penal pudo formular la acusación contra 14 militares sobre la evidencia de 14 de las 24 víctimas identificadas. En febrero de este año, la Sala Penal Nacional recibió el expediente y estableció que el juicio oral empezaría el 8 de julio.

—Juicio en marcha—
Siete de los 14 acusados se presentaron ayer a la primera audiencia. Cuatro no tenían abogado, por lo que se les asignó una defensora pública.

Por la posible sistematización de las violaciones por parte del Ejército, la fiscalía consideró que los delitos de violencia sexual debían juzgarse como crímenes de lesa humanidad, con lo cual tendrían carácter de imprescriptibles. Por ello pidió entre 8 y 20 años de prisión para los acusados. Esto será materia de debate en el juicio.

Celso Espinoza, abogado de uno de los imputados, dijo a El Comercio que solicitará la prescripción del caso para no sostener el juicio, que duraría entre uno y dos años. De no proceder su pedido, argumentará la inocencia de su defendido. Este Diario intentó dialogar con otros acusados durante la audiencia, pero no accedieron.

La próxima audiencia será el 15 de julio, en la que se determinará si las sesiones serán privadas. Las denunciantes solo acudirán cuando sean citadas. Si cualquiera de los acusados no se presenta, la Sala Penal Nacional ordenará su captura inmediata.

—Huella de la violencia—
Cada vez que recuerda aquellos días de 1984, Magda llora. No olvida el huaino, el tocadiscos, los insultos, los golpes en la cara, la violación en Manta. Hoy tiene 50 años y se dedica al comercio ambulatorio en Huancayo: “Yo quería estudiar, ser alguien. Fui condenada a esta vida cuando me violaron”. Es madre de seis hijos y abuela de cinco nietos. Por el bienestar de su familia, dice, lo único que ahora busca es aquello que durante 30 años le fue negado: justicia.

EL DRAMA DE APELLIDARSE MILITAR

Militar, Moroco y Capitán son algunos de los apellidos registrados en los distritos de Manta y Vilca, entre 1984 y 1995.

Las mujeres violadas colocaron en las partidas de nacimiento de sus hijos los rangos o apelativos de los soldados que abusaron de ellas, según el informe de la CVR. En total, hay 32 registros de este tipo en los dos distritos de Huancavelica.

Los documentos consignan como ocupación de los padres el término ‘servicio militar’. “Esta era una práctica común en la zona. Era el último intento de las madres por lograr que reconocieran a sus hijos”, explicó Carlos Rivera del IDL.

Enrique Bernales, ex miembro de la CVR: Es un juicio trascendental

El de Manta y Vilca fue uno de los 47 casos emblemáticos que reportó la CVR en su informe final, los cuales fueron elevados a la justicia. Es trascendental que se haya judicializado, porque un fallo favorable para las víctimas –bajo el pedido de la fiscalía de que las violaciones se consideren crímenes contra la humanidad– creará jurisprudencia en Latinoamérica.

En nuestro continente, aún no se han emitido sentencias sobre los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad. Solo existen dos antecedentes en el mundo: un caso en la otrora Yugoslavia (1993) y otro en Ruanda (1994).

La acusación, además, se ha planteado bajo dos premisas: que hubo una práctica sistemática de violencia sexual por parte del Ejército y que se violaron derechos humanos, como el de la dignidad. La evidencia nos demostró que existía un patrón delictivo y que se amedrentó a las víctimas.

La importancia de este proceso también radica en que permitirá la judicialización de miles de casos similares en el Perú.