Más de 1.800 homicidios en la gestión de Santiváñez en el Mininter: ¿Cuántos asesinatos se han registrado durante el mandato de Boluarte?

El ministro de Interior Juan José Santiváñez se encuentra en el momento más crítico de su gestión luego de un fin de semana teñido de sangre por el asesinato de Paul Flores García, vocalista de la agrupación musical Armonía 10, y de Eulalio Valverde Bargas, teniente alcalde del distrito de Chao, provincia de Virú (La Libertad). Desde que asumió el cargo el 16 de mayo del 2024, los casos de homicidio han sido constantes durante el mandato de Santiváñez, como lo demuestran las estadísticas oficiales.

Según los datos registrados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y procesados por el analista de datos Juan Carbajal, desde el inicio del inicio de la gestión de Santiváñez hasta el 13 de marzo del 2025 (429 días en el cargo), se registraron 1.818 homicidios a nivel nacional.

Este es el mayor promedio diario de homicidios entre todas las gestiones del Ministerio del Interior (Mininter) del actual gobierno, con una media de 6.04.

Por si fuera poco, hasta el 16 de marzo, el Sinadef registra 459 homicidios en lo que va del 2025, a razón de 6.2 como promedio diario. Además, hasta el 13 de marzo, se habían registrado 4.095 homicidios desde que Boluarte juramentó como presidenta de la República.

Durante la gestión de la primera mandataria del Ejecutivo en la historia del país, seis personas han liderado el Mininter. Santiváñez es quien ha permanecido durante más tiempo en el cargo.

Su antecesor fue Walter Ortiz Acosta, quien lideró el Mininter del 1 de abril al 16 de mayo del 2024. En ese lapso, ocurrieron 209 homicidios. A él le precedió Víctor Torres Falcón, en cuya gestión ocurrieron 681 delitos de este tipo.

¿Quién fue el segundo ministro de Dina Boluarte con la mayor cantidad de homicidios durante su cargo?

Vicente Romero Fernández fue el ministro del Interior por 308 días, el segundo mandato más largo en esta cartera por detrás de la administración de Santiváñez. En aquel periodo, ocurrieron 1.232 homicidios.

El antecesor de Romero fue Víctor Rojas Herrera, en cuyo mandato de 22 días se registraron 86 homicidios. El primer ministro del Interior fue César Cervantes Cárdenas, que solo estuvo 11 días en el cargo, durante los cuales hubo 41 homicidios.

El Ejecutivo oficializó hoy el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días. La medida busca reforzar la seguridad ante el incremento de la delincuencia y permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional (PNP).

Según el Decreto Supremo N° 035-2025-PCM, publicado en una edición extraordinaria de El Peruano, la disposición restringe derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y reunión, así como la seguridad personal.

La PNP mantendrá el control del orden interno y determinará las zonas donde se requiera la presencia de las Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que no es la primera vez que el Ejecutivo adopta esta medida extraordinaria en su intento de combatir la inseguridad. Sin embargo, los Estados de Emergencia previos no han rendido frutos.

Desde el 19 de setiembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024, se aplicó el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, y en siete distritos de Sullana. En tanto, el Cercado de Lima y Lince también fueron decretados en emergencia desde el 10 de octubre de 2023 hasta el 8 de diciembre del mismo año por inseguridad ciudadana.

El 27 de septiembre del 2024, el gobierno estableció un nuevo estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario en 13 distritos de Lima y uno del Callao, mediante el Decreto Supremo N° 100-2024-PCM. Posteriormente, se prorrogó por 45 días adicionales en noviembre y concluyó el viernes 10 de enero.

Los distritos incluidos en la medida fueron Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla.

Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la PNP, en estas jurisdicciones se reportó una disminución de denuncias por robo, hurto y extorsión; sin embargo, como reportó este Diario en un informe previo, los homicidios aumentaron hasta un 27% en comparación con 2023.

A nivel nacional, la PNP anunció que, para finales de 2024, se registraron 2.126 casos de homicidio. Del total, al menos 1.125 correspondían a sicariato, en su mayoría relacionados con ajustes de cuentas. El 84% de los homicidios se cometieron con arma de fuego, mientras que un 4% se atribuyó a agresiones físicas. Además, la motocicleta fue el vehículo más utilizado para cometer estos crímenes, los cuales ocurrieron en la vía pública en el 58% de los casos.

Así también, en los 14 distritos que estuvieron en estado de emergencia, los homicidios aumentaron en un 27% respecto al año anterior. Datos policiales revelaron que, de enero a diciembre de 2024, se reportaron 666 homicidios en estas zonas, mientras que en 2023 alcanzaron los 524. San Juan de Lurigancho lideró la lista con 155 casos, seguido por Comas (93), San Martín de Porres (71), Ate (68) y Puente Piedra (59).

El último decreto de un Estado de Emergencia ocurrió el pasado 6 de diciembre en seis distritos de la Provincia Constitucional del Callao: Mi Perú, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Punta, Callao Cercado y La Perla. La medida estuvo vigente hasta inicios de febrero. Esta también se aplicó a raíz de una serie de casos de sicariato que venían afectando a los distritos, donde mayormente las víctimas eran hombres jóvenes.

Rubén Vargas, exministro del Interior, declaró a El Comercio que el Perú vive actualmente “el mayor desborde criminal de su historia republicana”.

“Las estructuras criminales transnacionales y las economías ilegales con presencia en el Perú son factores directos del crimen organizado. ¿Por qué no logramos combatirlos? Porque tenemos un gobierno a la deriva y sin idea de cómo afrontar el problema complejo de la inseguridad ciudadana. Lamentablemente, el Congreso ha decidido abandonar el control político y se embarcó en aprobar leyes beneficiosas para las estructuras criminales”, sostuvo.

Vargas considera que, actualmente, el país no cuenta con un ministro del Interior, sino con “un operador político que ataca y la labor del Ministerio Público, para obstaculizar las investigaciones de las personas en el más alto poder del Ejecutivo”. “Si el Ejecutivo y la Fiscalía tienen una brecha insalvable, los beneficiados son los delincuentes”, expresó.

El exministro mencionó que la declaratoria de un nuevo Estado de Emergencia es una “muestra de desdén y desprecio a la ciudadanía” debido a la falta de resultados positivos en el combate de la delincuencia de las declaratorias previas.

En consecuencia, Vargas considera necesario que el ministro Santiváñez deje de liderar el Mininter.

Carlos Morán, también exministro del Interior, coincide en la necesidad de que Santiváñez no continúe al frente de esta cartera. Mencionó que el funcionario debería renunciar antes de ser censurado por el Congreso.

“La seguridad ciudadana exige que la clase política esté a la altura de las circunstancias y se designe a un profesional experto, con liderazgo y personalidad, para que asuma el reto. La seguridad de los 33 millones de peruanos exige mejores respuestas de sus gobernantes”, manifestó.

Adicionalmente, Morán expresó que el nuevo de Estado de Emergencia será “más de lo mismo”. “La alta rotación de ministros del Interior de los últimos años ha atizado más el fuego de la inestabilidad política y social. Por consiguiente, ha sido insuficiente la conducción de políticas públicas del sector. Por eso, se repiten las mismas recetas que ya han fracasado en el pasado: Estados de Emergencia a diestra y siniestra y sacar a las Fuerzas Armadas a las calles”, afirmó.