Mila pudo acceder al aborto terapéutico ¿qué sigue para otras menores embarazadas por violación?

Una semana después de que se denegara el acceso a aborto terapéutico a Mila, seudónimo de una niña de 11 años embarazada por violación sexual en Loreto, finalmente una segunda junta médica, esta vez en Lima, aprobó la interrupción del embarazo por el riesgo a la salud física y mental de la menor.

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Ayer, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) informó que se realizó el procedimiento médico para evitarle un mal grave o permanente. La institución añadió que se mantiene en estricta vigilancia de la evolución clínica de la niña, hospitalizada en el servicio de adolescencia desde el miércoles 9 de agosto. El aborto terapéutico se aplicó el jueves 10.

“En nuestro país el aborto terapéutico ha sido aprobado hace bastante tiempo y hoy vemos que se aplica en defensa de una niña, para salvaguardar su salud física y mental”, dijo la ministra Nancy Tolentino en Radio Nacional.

El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 y desde el 2014 existe una guía técnica nacional para estandarizar el procedimiento en caso de embarazos de hasta 22 semanas. Sin embargo, en el caso de Mila, una junta médica del Hospital Regional de Loreto rechazó el pedido el 03 de agosto pese a que incluso reconocían que la niña presentaba estrés postraumático producto de la violación perpetrada por el padrastro, quien aún está libre.

A las demoras se suma la actuación de la exdirectora de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (UPE), Lisbeth Mori, quien trató de evitar que la madre de la niña solicite el aborto terapéutico bajo el argumento de que eso no iba a cambiar la violación.

Ante ello, ayer la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura en agravio de Mila. El Ministerio Público anunció que se solicitará toda la documentación del Ministerio de Salud y el Hospital Regional de Loreto respecto del informe médico sobre las evaluaciones efectuadas a la menor, entre otras acciones.

Tuvo que pasar más de un mes desde que se conoció el caso – la UPE de Loreto asumió el cuidado de la niña el 3 de julio – para que pueda interrumpir una gestación no apta para tan corta edad. Incluso pese a que poco antes, el 23 de junio, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un fallo histórico donde se determinó que el Perú violó los derechos a la salud y a la vida de Camila, otra niña embarazada por violación a quien se le negó la información y el acceso al aborto terapéutico.

Susana Chávez, directora de Promsex, organización que representa a la madre de Mila y que llevó el caso Camila a instancias internacionales, explica que el dictamen del comité de la ONU ordenaba al Estado peruano a despenalizar el aborto en casos de embarazo infantil, medida que permitiría un procedimiento automático sin revictimizar a niñas que, en la mayoría de los casos, ya enfrentan situaciones de violencia sexual.

“El dictamen es de cumplimiento obligatorio. Se tiene que eliminar que para cada caso de embarazo infantil, en el que está plenamente demostrado el daño, se tenga que exigir a los médicos un examen riguroso. Solo provoca que se pierda tiempo, discusiones e interpretaciones que desvirtúan la misión especial que es evitar el daño grave o permanente. El tiempo es determinante cuando la vida y salud de las niñas está en riesgo”, dice a El Comercio.

Para entender la magnitud del problema. Todos los días, los Centro de Emergencia Mujer reciben por lo menos 22 casos de violación sexual a menores de edad. Entre enero y junio suman 4.031 casos y el año pasado fueron otros 8.100 menores. Además, en solo 10 años, más de 12 mil niñas entre 10 y 14 años dieron a luz. De estas, 2.552 aún cursaban la primaria.

Si se considera los partos de menores de 15 años, se trata de un promedio de 1.100 cada año, de acuerdo con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea.

Según estadística del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los nacimientos en madres niñas (10 a 14) ha aumentado en los últimos años. En Ucayali, por ejemplo, la tasa subió en 6.16% respecto al 2017, mientras que en Loreto el incremento fue de 4,26%, en San Martín 2,3% y a nivel nacional 1.06%.

Ayer, luego de conocer la decisión de la segunda junta médica del caso Mila, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que “el Gobierno y el Estado están en la obligación de proteger la salud y la vida, especialmente, de los adolescentes y niños”.

En tal sentido, Chávez recordó que está vigente el plazo que otorgó el comité de la ONU -180 días- para que el Estado peruano cumpla con la despenalización del aborto para embarazo infantil, así como asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes.

Desde el Congreso, existe el proyecto de ley 5462, que propone modificar el artículo 119 del Código Penal para “despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo en menores de catorce años de edad”. La iniciativa está desde el 28 de junio de este año en las comisiones de Constitución y Reglamento y Justicia y Derechos Humanos.

“Hay un consenso de todos los actores políticas de que exigir a una niña a continuar un embarazo es imponerle una carga que hace peligrar su salud e imponerle una maternidad forzada. Eso es una tortura. Mila ha podido ser atendida con personal médico experto, pero esto no está ocurriendo para las má de 1.000 niñas que tienen que verse obligadas a ser madres todos los años”, finalizó Chávez.