Minería ilegal: Aramayo suspende trámite de polémico proyecto
Minería ilegal: Aramayo suspende trámite de polémico proyecto
Redacción EC

La congresista Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, presentó en marzo el proyecto de ley 1095, que plantea dos modificaciones en las normas que tipifican el delito de minería ilegal y que establecen los parámetros para enfrentarlo como crimen organizado. Sin embargo, segun dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, ha suspendido el trámite del proyecto. 

El Proyecto de Ley N° 1095/2016-CR que criminaliza la minería no ha sido retirado, he suspendido el trámite. — Alejandra Aramayo (@AleAramayoGaona)

Según anota en la publicación, el proyecto no fue retirado, sino que "el trámite fue suspendido para alcanzar elementos que permitan diferencia entre minería ilegal y minería informal".

Como se recuerda, parlamentarios de distintas bancadas se pronunciaron en contra del proyecto de ley presentado por Aramayo–y suscrito por otros siete legisladores de su partido.

La iniciativa fue admitida el 28 de marzo en la Comisión de Justicia y propone modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado y en el Código Penal, de modo que quienes realicen minería ilegal (aquellos que  trabajan en zonas prohibidas por el Estado y no pueden acogerse al proceso de formalización minera) no puedan ser investigados ni sancionados como miembros de organizaciones criminales.

El proyecto plantea lo anterior bajo el argumento de que procesar a mineros ilegales como cabecillas o dirigentes de bandas delictivas no solucionaría el problema del proceso de formalización minera.

En octubre del 2016, bajo el marco de las facultades delegadas, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1244, en el cual incluyó el delito de minería ilegal dentro del ámbito de aplicación de la Ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado. Su inclusión se dio en el inciso 15 del artículo 3 de la norma, que corresponde a los delitos ambientales (que incluye el delito de tala ilegal).

Con la nueva tipificación, el Estado puede enfrentar la explotación ilícita de minerales con las técnicas de investigación autorizadas por la ley (interceptación postal, intervención de las comunicaciones, agentes encubiertos, seguimientos, etc.).

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