Oro y sangre: bandas criminales peruanas y extranjeras tienen en la mira el control de la actividad minera en Pataz | INFORME

Al menos ocho organizaciones criminales operan en La Libertad extorsionando a empresarios y a la población común. Según fuentes de El Comercio en la zona, estas bandas extendieron su dominio brindando un falso servicio de seguridad a mineros, es decir, operaban con el “chalequeo” que es protegerlos de sus mismas amenazas o de otros delincuentes a cambio de sumas de dinero que pueden incrementarse si los delincuentes lo desean. Con el pasar del tiempo, se transforman en cobro de cupos y si las víctimas no cumplen con los pagos, son asesinadas por encargo.

Los Pulpos, La Jauría, Los Malditos de El Triunfo y Los Ochenta, son las agrupaciones delincuenciales con más años de vigencia en La Libertad, también las que cuentan con mayor hegemonía criminal. En tanto, Los Malditos de Río Seco, Gato Coté, La Gota Norteña y el Tren de Aragua, son relativamente nuevas y están conformadas por peruanos y extranjeros.

Dichas bandas encontraron en la minería ilegal un espacio para penetrar con acciones extorsivas que les asegurarían ingresos fijos. El Tren de Aragua, por su parte, generaba hasta S/4 millones anuales bajo el delito de trata de personas; sin embargo, luego de diversos golpes contra la organización por parte de la policía, habrían optado por migrar a otros espacios del país y sectores ilícitos, tal y como informó El Comercio en entregas anteriores sobre la mega banda internacional.

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La madrugada del último sábado, un grupo de delincuentes armados ingresó a la empresa minera Poderosa, ubicada en la provincia y distrito de Pataz (La Libertad). Al interior, el grupo se enfrentó contra el personal de seguridad y tomaron de rehenes a trabajadores. El ataque no terminó ahí, puesto que accedieron al socavón de la mina y detonaron cargas explosivas, las cuales ocasionaron el fallecimiento de 9 trabajadores y dejó a otros 14 heridos.

Cabe resaltar que la comisaría más cercana al lugar de los hechos está a 1.88 kilómetros de distancia en un camino accidentado con curvas pronunciadas. Además, según información del Ministerio del Interior (Mininter), hasta el 2021 la comisaría de Vijus (aledaña a la mina Poderosa), solo contaba con 2 camionetas policiales operativas y una moto. Ese mismo año, la mina donó una más a la dependencia policial mencionada.

Horas después del ataque contra la mina, el Mininter informó que se detuvo a siete personas que estarían involucradas en la masacre de Pataz. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), serían integrantes de la banda La Gota Norteña.

Ellos fueron identificados como: Luis Fernando Zapata Chumacero, de 26 años; Agustín Leonides Oré Alfaro (54); Dilser García Huamán (21); Maikol Jordy Torres Benites (23) y Luis Gustavo Arias Benites (23), todos de nacionalidad peruana. Además, los venezolanos Junior Alberto Herrera Josa (25) y José Alexander Ramírez Valencillo (19).

El ministro del Interior, Jorge Torres Falcón, anunció la noche del domingo que en la zona hay un grupo de 180 policías para el control de la seguridad y con 60 efectivos del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), quienes llegaron desde Lima.

“Vamos a intensificar las acciones que sean necesarias para que los criminales caigan. No vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo. Que lo tengan bien en cuenta”, manifestó el ministro del Interior.

Los presuntos integrantes de la banda La Gota Norteña, se dedicarían a la minería ilegal, la extorsión y el sicariato en Pataz. Sus acciones no serían aisladas. Tan solo una noche después del atentado en la mina, en los exteriores de un concierto del cantante Tito Nieves en Trujillo, unos sicarios asesinaron a una persona y dejaron a otras dos heridas. Según informaron medios locales, la víctima sería un minero dueño de dos discotecas.

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Días antes, el pasado 29 de septiembre, un padre y sus dos hijos fueron asesinados a balazos mientras conversaban en un parque ubicado en la urbanización El Bosque, en Trujillo. Las víctimas identificadas como Fidel Cuevas Varas y sus hijos Richard y Loyer Cueva Hernández, se dedicaban al transporte de insumos para la minería. La PNP manejó la hipótesis que el crimen estaría relacionado con las mafias de minería ilegal, puesto que Loyer fue presidente de las rondas campesinas de Vijus, en la provincia de Pataz.

Desde el 19 de enero de este año a la fecha, Pataz se encuentra en estado de emergencia. A pesar de la vigencia de la medida, los ataques armados producto de las actividades de mineros ilegales y extorsionadores, no se han detenido. En julio, la minera Poderosa informó que el distrito de Pataz está “invadido por delincuentes peruanos y extranjeros” que buscan controlar las operaciones mineras de la localidad.

Además de robar, extorsionar y trabajar con oro de procedencia ilícita, los delincuentes también han realizado actos “terroristas” volando torres de alta tensión y matando personas. Según informó la empresa minera, en los últimos años, siete de sus colaboradores fueron asesinados. Asimismo, resaltó que se detectó el delito de explotación sexual y explotación de menores que serían coaccionados para integrar las bandas criminales y robar minerales de los socavones.

Según el estudio de CHS Alternativo, “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, las economías ilegales generan al menos 6.657 millones de dólares anuales en el país. La mayor parte es recaudada por la minería ilegal de oro, con un total de 1.777 millones de dólares, seguida por la trata de personas (1.300 millones de dólares) y el tráfico ilícito de drogas (1.134 millones de dólares).

En respuesta sobre la problemática actual y la masacre de Pataz, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró que el ministro del Interior y el de Energía y Minas, se han trasladado hasta Pataz para que se reúnan con las autoridades locales y los integrantes de la empresa afectada, según el mandato de la presidenta Dina Boluarte.

“La responsabilidad recae en los asesinos que han ingresado a matar impunemente a los trabajadores. Debe llevarse a cabo una investigación inmediata por parte de la policía y la Fiscalía (...). Una comisión multisectorial, encabezada por un alto comisionado, se encargará de combatir la minería ilegal”, dijo Otárola.

Al cierre de esta edición, el número de fallecidos se mantuvo en 9 y los heridos en 15. Estos últimos se encuentran internados en la clínica San Pablo de Trujillo donde 14 están estables y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).