Pataz: Candidatos a alcaldías distritales tienen sentencias, cuestionamientos y vinculación con la minería informal

En el homónimo distrito solo postulan dos candidatos y ambos tienen vínculos con la minería informal. En una nota anterior, este medio dio cuenta de las cuestionadas candidaturas de José Torrealva Yparraguirre, de Podemos Perú, y Miguel Mantilla Rodríguez, de Alianza para el Progreso (APP). Sin embargo, la revisión de las listas electorales revela que el escenario se repite en otros cuatro distritos de la provincia, donde hay candidatos cuestionados por denuncias, sentencias o su cercanía a la minería informal.

La situación en Huaylillas, distrito ubicado en el centro de la provincia, es similar a la de Pataz, solo dos candidatos disputan la alcaldía. Uno de ellos es Víctor Robles Acuña, de Podemos Perú. Es técnico en minería, conoce sobre explotación de minas y aparece habilitado en el Reinfo. En 2019 fue denunciado, junto a sus hermanos, por agredir físicamente a un hombre durante una fiesta quien había tenido una operación recientemente al hecho.

Su contendor, Fernando Morales Chinchay, de APP, no presentó estudios ante el JNE y cumplió una condena de diez años de pena privativa de libertad por robo agravado en 2009. Registra además una denuncia por violencia y resistencia a la autoridad.

“Hay una oportunidad de reincorporarnos. Tengo cuatro empresas y ahora vivo de los frutos de mi trabajo. Es cierto que de repente cometimos errores en nuestro tiempo, pero ahora estamos para hacer bien las cosas”, declaró Morales Chinchay a este medio.

En Ongón, el distrito más extenso de la provincia, postula Crispen Medina Agüero, de Somos Perú, transportista que fue detenido en 2023 por presunta violencia familiar. En la denuncia se indica que habría agredido y dejado moretones a su nieta menor de edad. Dos meses después fue detenido nuevamente, esta vez por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, luego de que una pasajera sufriera una lesión en la espalda mientras él conducía un vehículo. Según alegó, no vio un rompemuelle que estaba en la vía.

También postula Linder Fernando López Vásquez, de Podemos Perú, quien estudió para ser suboficial y registró ante el JNE una sentencia por abuso de autoridad y otra por incumplimiento de obligación alimentaria. Su esposa lo denunció en 2022 por abandono de hogar.

Parcoy es, junto con el distrito de Pataz, uno de los territorios más golpeados por la minería ilegal. Allí opera la Minera Aurífera Retamas (Marsa), cuya sede fue atacada en 2024 por mineros ilegales que secuestraron a un grupo de trabajadores. En este distrito postula Víctor Nunura Castañeda, por APP, quien es gerente general de la Corporación Minera Chir Chir, habilitada en el Reinfo en la provincia de Sánchez Carrión. Registró ante el JNE una sentencia de tipo contractual e indicó que no completó la secundaria.

Uno de sus contendores es Walter Trujillo Paz, que postula por Acción Popular y se dedicaba a la venta y extracción de minerales, según consta en la Sunat. En 2019 fue intervenido por conducir en presunto estado de ebriedad y portar un arma de fuego que, según declaró entonces, no le pertenecía. En 2017 fue asesinado Jeanclaude Asto Mariños cuyos padres señalaron al candidato y a su hermano Jaime Trujillo como los autores intelectuales de su muerte, tras una disputa entre ambas familias vinculada a la minería artesanal. La Fiscalía sobreseyó la causa por falta de elementos de convicción suficientes.

Los hermanos de Walter Trujillo Paz, Jaime, Américo y Rosa Nely, además de Antonia Asto Medina, tía de Jeanclaude, fueron capturados junto a otras personas por presuntamente integrar la organización criminal Los Topos del Frío, dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro dentro y fuera del país, un caso en el que también está vinculado el exconductor de televisión Andrés Hurtado, alias “Chibolín”. La Fiscalía imputó a los hermanos como coautores de los delitos de minería ilegal y organización criminal que generó ganancias de millones de dólares provenientes de la comercialización de oro. En 2020 se les dictó 36 meses de prisión preventiva, confirmados en segunda instancia salvo para Rosa Nely, cuya libertad fue ordenada ese mismo año.

En Buldibuyo postula Juan Cueva Araujo, de Podemos Perú, quien según la Sunat tiene entre sus actividades económicas la venta de metales y minerales y la explotación de minas y canteras. En su hoja de vida ante el JNE se declaró operador minero independiente, sin estudios técnicos ni universitarios. Registra la venta de 12 motocicletas pendientes de transferencia y es propietario de dos camionetas Toyota Hilux, valorizadas en 70 mil y 80 mil soles, y de una Land Cruiser Prado valorizada en 312 mil soles.

Como primer regidor de su lista figura Wudilfredo Ponte Zevallos, quien registra una sentencia por el delito de agresión contra las mujeres, con una pena de prisión efectiva y prestación de servicios comunitarios.

El patrón se repite en cinco de los distritos de una provincia que el propio Estado reconoce como territorio disputado por el crimen organizado. El 4 de octubre, los electores de Pataz, Huaylillas, Ongón, Parcoy y Buldibuyo decidirán si estas candidaturas cuestionadas llegan al gobierno local, en una provincia que concentra gran parte de la minería ilegal de toda la región de La Libertad.

“El Reinfo es un sistema informal”

Iván Arenas, analista político y especialista en el sector minero, descartó que los candidatos con sentencias y denuncias ajenas al ámbito minero representen alguna garantía para la gobernabilidad local. Planteó, en cambio, que la exigencia ciudadana debería orientarse hacia programas de desarrollo articulados entre Estado, empresa y comunidad, con un componente explícito de formalización y lucha contra la ilegalidad.

Asimismo, advirtió que la presencia de candidatos vinculados al REINFO en la provincia de Pataz no es un problema meramente económico o legal, sino una amenaza directa a la viabilidad institucional del país.

“El sistema de REINFO es un sistema informal. De tal manera que no existen derechos laborales para los trabajadores, todas las contrataciones son ilegales o informales. Esta es una economía informal y, tarde o temprano, cuando estos representantes de la economía informal toman asuntos del Estado, este va a contaminarse de ilegalidad o de informalidad.”, sostuvo.