“El oro ha sido una maldición para Pataz”: Alcalde narra la pesadilla que vive su provincia

El asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de la empresa Libmar y que a su vez prestaba servicios para la Compañía Minera Poderosa, ha enlutado al país. Luego de la declaración de toque queda en el distrito de Pataz por parte de la presidenta Dina Boluarte, Aldo Carlos Mariño, alcalde de la provincia de Pataz, conversó con El Comercio.

-El distrito de Pataz, capital de la provincia de la que usted es alcalde, quedará en toque de queda, conforme al anuncio de la presidenta Boluarte. ¿Qué medidas deben realizarse para combatir el crimen y la violencia?

El toque de queda en Pataz será insuficiente si no se crea una base de la Depincri ni se envía al servicio de inteligencia contra el crimen de la Policía. Yo se lo dije a la presidenta: si tuviéramos un servicio de inteligencia activo en la provincia de Pataz, hubiésemos evitado los secuestros, torturas y asesinatos.

-La creación de un base de la Depincri en Pataz no estuvo entre los anuncios que dio la presidenta en conferencia de prensa. ¿Fue una promesa que le hizo en la reunión que tuvo con ella?

Sí, y esperamos que después de esta conversación ella cumpla y, tal como ha dicho, que investigue a todos los responsables, empezando por las autoridades. El alcalde provincial también es un sospechoso, así como el minero ilegal, artesanal y la empresa grande. Todos tienen que ser considerados como sospechosos para encontrar realmente quién está detrás de los asesinatos.

Además, necesitamos toque de queda en los 13 distritos de la provincia de Pataz, no solo en la capital. No queremos que las Fuerzas Armadas vayan solo a proteger a la minera Poderosa, sino a toda la población.

-¿En cuántos días la presidenta Boluarte le prometió que instalará la base de la Depincri en la provincia?

Dijo que lo va a hacer en el acto; esperemos que ya esté dando las indicaciones.

Repito: más que un toque de queda, Pataz necesita personal especializado de investigación para que no sea como el estado de emergencia, es decir, un papel firmado que no funcionó.

-Su región se encuentra en estado de emergencia desde el año pasado y ha sido prorrogado en más de una ocasión. ¿Qué resultado produjo?

Ninguno. No ha sido eficiente.

-¿Se reafirma en pedir pena de muerte contra los asesinos de los 13 trabajadores de la empresa R&R?

Así es. Está ese o el otro camino, que es la cadena perpetua para ellos. Para eso necesitamos que el Congreso de la República haga normas en esa dirección contra los terroristas.

-Precisamente, la presidenta comunicó que solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas para “implementar medidas en materia de terrorismo urbano”...

Esto es terrorismo, porque va más allá de un acto delincuencial simple. Han ido con armas de guerra, secuestraron, torturaron y mataron a 13 personas; todo esto se ve en video.

Tienen que ser procesados por organización criminal y actos terroristas. No podemos decirles que son mineros ilegales, porque eso sería santificar su pena.

-Usted ha declarado que “el oro ha sido una maldición para su provincia” ¿Por qué ha llegado a esta conclusión?

El oro ha sido una maldición para Pataz, porque no ha servido ni ha traído riqueza para la provincia.

Nuestras vías de comunicación son un desastre, son las peores del país. No tenemos hospital y nuestra infraestructura educativa es un desastre. Nuestra gente vive en el temor y el caos, porque es asesinada. Lamentablemente, el oro que produce Pataz está invertido en La Molina, San Borja y en los grandes distritos de Lima.

La provincia está ensangrentada por las bandas criminales y los accidentes de tránsito en sus carreteras. Lo que tenemos es cualquier cosa menos una carretera.

Pataz necesita una carretera y mañana me reuniré con la presidenta para pedirle que cumpla con esta obra. Si no tenemos una respuesta favorable, pensamos en hacer una marcha de sacrificio la próxima semana.

¿Cuánto dinero del canon minero recibe al año la provincia de Pataz?

Solo cinco millones de soles. Y de eso solo nos quedan tres millones, porque dos millones se van en pagos de obras por impuestos de deudas de la gestión anterior.

¿Y qué ha hecho su gestión con los ingresos que ha recibido de canon?

Este año voy a dejar 44 obras. Mi gestión dejará ocho instituciones educativas, nuevos espacios multifuncionales —para hacer deporte y donde las rondas campesinas puedan reunirse— canales de irrigación y cinco puentes.

-Pero, frente a la crisis de seguridad en Pataz, y respetando las funciones que le corresponden por ley, ¿qué ha hecho su gestión?

Después de años debemos ser la única alcaldía de Pataz que se ha unido con las rondas campesinas como un solo equipo para enfrentar sin miedo a la criminalidad.

Juntos logramos evitar la muerte de 50 trabajadores secuestrados de la minera Caravelí y capturar a 2 delincuentes terroristas. Pero el caso de Poderosa nos supera en números y es más amplio; por eso necesita de inteligencia policial.

-¿Qué tipo de amenazas ha recibido, alcalde?

Amenazas de muerte por WhatsApp y llamadas. Si algo pasa conmigo, el responsable será el gobierno.

-Cuando ocurre un ataque en La Poderosa, derrumban una de torre de alta tensión, ocurre un crimen, etcétera, ¿usted recibe un informe inmediato de la Policía o los militares?

No, me entero por la prensa.

Los militares están cuidando netamente la infraestructura donde están los altos funcionarios de la mina Poderosa, no van a los socavones; sino, la situación hace rato se hubiese controlado.

-¿Cuántos militares brindan seguridad a la provincia en el actual estado de emergencia?

200 aproximadamente.

-¿A cuántos deberían aumentar con el toque de queda?

Al doble como mínimo

-En un principio, el premier Adrianzén puso en duda el secuestro de los trabajadores y que ellos trabajaran para Poderosa. Cuando se confirmó que trabajaban para la mina y que no solo habían sido secuestrados, sino asesinados, ¿qué sintió usted al recordar las palabras del premier?

Impotencia e indolencia. Como no fueron sus familiares, le importó un pepino las trece personas que fueron secuestradas, pero si hubieran sido de su familia, yo creo que hubiese actuado distinto. Cuando se actúa a tiempo, se salvan vidas.

Si hubiera enviado a policías a la zona, hubiéramos salvado vidas. Eso vivirá en su conciencia.