La inseguridad ciudadana es una enfermedad que ha golpeado a América Latina en las últimas décadas. Con el fin de comprender mejor este desafío compartido en la región, El Comercio convocó a periodistas de cobertura policial y judicial de diversos medios del Grupo de Diarios América (GDA) en México, El Salvador, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y el Perú.
Lee también: Hay al menos tres puntos críticos de extorsiones entre La Victoria y El Agustino: los detalles de los hechos | MAPA
En este resumen, ellos nos explican los orígenes de la inseguridad ciudadana en cada uno de sus países, los desafíos de las coberturas y las posibles salidas a este problema que afecta a millones de personas en la región. El conversatorio, moderado por Juan Pablo León, editor de la sección Nacional de El Comercio, sirvió para poner en evidencia los retos semejantes que enfrenta el periodismo en la región. “El intercambio de ideas, experiencias y recursos entre los diferentes equipos de redacción de los medios que integran el GDA es la base que sustenta la relación de confianza que existe en nuestra comunidad periodística desde hace más de tres décadas, y es el motor que nos impulsa a producir trabajos colaborativos de alta calidad, desarrollados incluso en condiciones adversas, superando el miedo a amenazas e impunidad para revelar hechos noticiosos que impactan la vida de nuestros lectores”, dice Lyng-Hou Ramírez, directora del GDA.
Una crisis en común
Pese a que cada país enfrenta la inseguridad desde un origen particular, hay al menos 10 situaciones compartidas entre todos: la reciente –y creciente– frialdad y el salvajismo de los delincuentes, la impunidad, los escasos filtros migratorios para delincuentes extranjeros, la captación de menores de edad como modus operandi para evadir la justicia, la disputa de bandas y control del espacio, el control de las mafias desde las cárceles, la existencia de bandas más organizadas que la propia autoridad, miedo generalizado al caminar, y la fácil recuperación de organizaciones luego de que son desarticuladas.
"El año pasado se registraron 38 cadáveres torturados, embolsados y tirados en la vía pública, y este año la cifra es de 52 hasta el momento"
“En Latinoamérica estamos atravesados por una misma matriz, que es la del crimen organizado. De ella se desprenden otras actividades delictivas, desde las más complejas como el narcotráfico, hasta las más sencillas como los hurtos en la vía pública”, explica Fernando Rodríguez, periodista especializado en inseguridad del diario “La Nación” de Argentina. En su país, solo durante el 2022, según el último registro oficial, la tasa de homicidios dolosos fue de 4,2 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la provincia de Santa Fe más que duplicó esa tasa y llegó a 11,4. En la principal ciudad santafesina, Rosario, opera una de las más importantes organizaciones narcocriminales de la región: La Banda de los Monos. Las disputas territoriales entre bandas han dejado en esta ciudad un reguero de violencia, sangre y muerte, y la tasa de crímenes (casi todos producto de venganzas, ajustes de cuentas narco) es de 20 por cada 100.000 habitantes, cinco veces más que el promedio nacional.
Aunque La Banda de los Monos tiene presencia concentrada en Rosario, en la región hay otra que sí ha logrado expandirse a varios países: el Tren de Aragua de Venezuela. “Llegaron a Colombia para competir con el crimen organizado nacional. Penetraron los territorios de microcomercialización de droga de bandas, como los Paisas y los Costeños. Esto hizo que los delitos se volvieran más sangrientos. El año pasado se registraron 38 cadáveres torturados, embolsados y tirados en la vía pública, y este año la cifra es de 52 hasta el momento”, explica Jonathan Toro, periodista de “El Tiempo” de Colombia.
Los tentáculos de esta organización también se sienten en Chile, añade Andrea Chaparro de “El Mercurio”, donde, de acuerdo con las últimas encuestas, el 80% de las personas o ha sido víctima de un delito o conoce a alguien que ha sido víctima de un delito y no una vez, sino dos o tres veces. “Tenemos fenómenos que no habíamos visto antes, como el gota a gota. Por ahora, existe una presencia pequeña del Tren de Aragua en barrios de Santiago y el norte de Chile, y está incrementando cada vez más su presencia en el sur del país”, indica. En el Perú, esta modalidad no es ajena. De hecho, según indica la periodista Abby Ardiles de El Comercio, aunque esta práctica no era usual en Venezuela, los miembros del Tren de Aragua han logrado diversificarla por toda América del Sur.
"El aumento de la pobreza que trajo consigo la pandemia ha sido un detonante para que los grupos más violentos capten a jóvenes"
La extrema violencia también es compartida. “Las autoridades señalan que las bandas costarricenses de sicariato y narcotráfico han aprendido de las organizaciones mexicanas. Por eso, vemos con frecuencia muertes extremadamente violentas, como el asesinato de un hombre afuera de un colegio el mes pasado, que recibió más de 50 balas de cuatro tipos encapuchados y armados con AK-47″, señala la periodista Vanessa Loaiza de “La Nación” de Costa Rica.
¿Cómo llegamos a este punto de salvajismo? Aunque los factores son múltiples, todos coinciden en que el aumento de la pobreza que trajo consigo la pandemia ha sido un detonante para que los grupos más violentos capten a jóvenes. “En Bogotá, existe una exacerbación de la violencia pospandemia. Los delincuentes empezaron a matar gente por robos simples, como quitar dinero o un celular”, explica Toro.
Situación similar se vive en México, donde hasta el jueves 2 se reportaron 98 víctimas de homicidio doloso en el país, la mayoría atribuidas al crimen organizado. Este país registra en promedio más de 30.000 asesinatos al año, de acuerdo con el periodista Manuel Espino de “El Universal”.
En El Salvador, por otro lado, estos niveles de violencia han marcado su historia con enfrentamientos de pandillas y extorsiones que opacan incluso la cobertura sobre narcotráfico, dice Ricardo Flores, periodista de “La Prensa Gráfica”.
La experiencia de este país, sin embargo, evidencia otra dificultad para cubrir la inseguridad en América Latina: la falta de transparencia desde los gobiernos. “Es cierto que los niveles de homicidio en El Salvador tienen registros mínimos históricos […]. Pero detrás de eso hay treguas y negociaciones escondidas que el periodismo intenta sacar a la luz. Desde que el gobierno de Nayib Bukele asumió el poder, no podemos hacer uso de nuestro derecho a la Ley de Acceso a Información”, explica.
Respuestas tardías
Si el problema es similar, la solución ineficaz y muchas veces tardía de los gobiernos también se repite en la región. “Nunca responden a una radiografía profunda, concreta y no sesgada del problema. Los gobiernos han tomado acción frente a aspectos específicos de la coyuntura como si fueran parches para obturar una herida, pero no para tratar una enfermedad”, dice el periodista argentino Fernando Rodríguez.
Lo mismo sucede en Colombia, donde Toro advierte que las autoridades no reconocen la presencia de la criminalidad extranjera. “Para ellos es más fácil decir que ‘son bandas de delitos comunes’. Sin embargo, ‘El Tiempo’ y otros medios de Colombia informamos con pruebas cada semana sobre la presencia del Tren de Aragua”, explica.
En el Perú, en tanto, el Gobierno optó por aplicar desde el 2022 estados de emergencia en Lima y el Callao. Sin embargo, la criminalidad no ha disminuido. Por el contrario, la percepción de victimización de las personas incrementó 2,6%.
“Este período de gobierno es el más letal de la historia reciente, al registrar ya más de 160.000 asesinatos, superando el acumulado en los anteriores sexenios, la mayoría atribuidos al crimen organizado”.
“Latinoamérica está expuesta a una disputa de bandas transnacionales, como el Tren de Aragua, para tomar el control de todas las estructuras financieras del delito. Principalmente, la droga y la prostitución”.
“En tanto los estados latinoamericanos no combatan con eficacia el lavado de dinero, las organizaciones criminales van a seguir delinquiendo a sus anchas, volcando su dinero malhabido al sistema formal a través de canales opacos”.
“El Perú no tiene los recursos humanos ni logísticos para enfrentar a las bandas de crimen organizado, que por naturaleza se organizan muy rápido cuando son desarticuladas”.
“Empoderar a la policía y establecer estados de excepción han sido algunas de las medidas del Gobierno para contener el avance de la criminalidad. Sin embargo, en la percepción ciudadana, no ha retrocedido la inseguridad”.
“El régimen de excepción en el que estamos desde hace más de un año y medio nos quitó las garantías constitucionales. Prácticamente, no hay Estado de derecho y los ciudadanos están expuestos a ser detenidos por cualquier cosa, como publicar un tuit”.
“Las bandas de narcotraficantes están muchísimo mejor armadas que la policía administrativa, porque está ingresando armamento de grueso calibre a Costa Rica producto del narcotráfico”.
Contenido Sugerido
Contenido GEC