Crisis migratoria: Las cuatro medidas anunciadas por el Gobierno para frenar el ingreso irregular de extranjeros

Venezolanos, colombianos y haitianos indocumentados permanecen varados en la Línea de la Concordia, punto fronterizo entre Perú y Chile. Tras el endurecimiento de las leyes y controles migratorios chilenos, ellos aguardan que las autoridades policiales del Perú les permitan ingresar a nuestro territorio.

En respuesta a la actual crisis migratoria que se presenta en la frontera, la presidenta Dina Boluarte anunció cuatro medidas aprobadas en el Consejo de Ministros que pretenden mejorar el control de la compleja situación en la frontera sur.

1) Estado de emergencia en siete regiones

El Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara el estado de emergencia en las zonas fronterizas de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. En esta última región, migrantes extranjeros indocumentados intentan ingresar a territorio peruano desde Chile. Asimismo, la mandataria señaló que esta medida permitirá que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las operaciones de control de fronteras y la preservación del orden interno en estas zonas.

2) Ciudadanos extranjeros podrán regularizar su situación migratoria

La mandataria informó que el Ejecutivo aprobó un decreto supremo que modifica el reglamento de la ley de migraciones, para que los ciudadanos extranjeros que ingresaron al Perú sin control migratorio puedan regularizar su situación migratoria. Mencionó que se otorgará un plazo perentorio que será aprobado a través de una resolución de la superintendencia de Migraciones.

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“Esta regularización podrá aplicarse a los extranjeros que entraron de manera regular, pero por diversos motivos, su condición pasó de regular a irregular, o para aquellos que entraron sin control migratorio”, añadió Boluarte.

La presidenta sostuvo que la medida permitirá identificar a los ciudadanos extranjeros en situación irregular, de tal manera que se promueva la formalidad en control migratorio y mercado laboral. “Así evitaremos el desarrollo de diversos problemas sociales como la trata de personas y la explotación laboral”, agregó.

3) Exoneración de multa para la regularización

Boluarte anunció la aprobación de la autógrafa de ley que regulariza y actualiza la situación migratoria de las personas de origen extranjero mediante la exoneración de multa con el fin de que regularicen su situación y actualicen sus datos ante las autoridades. La mandataria informó que esta amnistía tendrá una vigencia de seis meses y que solo aplicará para los extranjeros que ingresaron de manera regular y que, por diferentes motivos, están ahora en una situación irregular.

4) Presencia permanente de militares en las fronteras

La Jefa de Estado indicó que el Poder Ejecutivo planteará una reforma constitucional para modificar el artículo 165 de la Constitución Política del Perú y autorizar el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la vigilancia y control de las fronteras del Perú.

“Estamos seguros que tendremos conversaciones fraternas con los congresistas, previas a plantear la reforma constitucional, porque esto ayudará a la seguridad ciudadana y que las fronteras estén mejor protegidas”, afirmó Boluarte.

En comunicación con El Comercio, Miguel Ángel Rodríguez, excanciller de la República e internacionalista, sostiene que la declaratoria de estado de emergencia en Tacna y otras seis regiones una decisión errónea en tanto que la crisis migratoria se produce en la frontera con Chile y no en el territorio nacional.

“El problema no es intraestatal, sino interestatal. En ese sentido, la solución debe ser de naturaleza diplomática entre estados de una misma región que tienen un problema migratorio integral como son Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Debió pensarse en convocar una mesa de trabajo entre estos países para acordar una solución”, sostiene.

Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, propuso el establecimiento de un corredor humanitario consensuado entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia para trasladar a los numerosos migrantes venezolanos que desean retornar a su país de origen.

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Rodríguez considera favorable esta recomendación. Sin embargo, asevera que la instauración de un corredor humanitario terrestre debe contar con la aprobación del gobierno de Venezuela. “En una mesa de diálogo para discutir esta medida también debe estar Venezuela, porque no tendría sentido aprobarla si Maduro no quiere recibir a sus compatriotas. Debe buscarse una aceptación expresa de su gobierno, que debe velar por sus connacionales y comprender que la crisis que creó provocó el éxodo de ciudadanos”, explicó.

Por otro lado, Rodríguez considera oportunas las facilidades anunciadas por Dina Boluarte para que los ciudadanos extranjeros regularicen su situación migratoria. Sin embargo, considera que es una decisión tardía: “Ni este ni los anteriores gobiernos han desarrollado una auténtica política de Estado para el control y registro de migrantes en el país. Es una vergüenza que hasta el momento no exista un padrón que registre los datos de los venezolanos, cuando ahora ya hay casi dos millones en el país. Saludo el anuncio de la presidenta, pero ha esperado una coyuntura compleja para tomar acción”.

Por otra parte, el experto señala que el empadronamiento de ciudadanos extranjeros atenuará la inseguridad ciudadana en el país. “En el caso de los venezolanos que no acudan a regularizar su situación migratoria, debemos intuir que ellos están al margen del Derecho, porque los delincuentes no querrán empadronarse. A ellos debemos mirarlos con lupa, porque pueden ser imputables por comisión de delitos”, añadió.

El Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) es el primer requisito para que los ciudadanos de origen extranjero que tienen una condición migratoria irregular pueden regularizar su situación. Para ello, son necesarios los siguientes requisitos:

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, en cumplimiento del cuarto requisito del expediente, las personas de origen extranjero vinculados a hechos delictivos que se encuentren en el país no pueden regularizar su situación migratoria. La norma también garantiza que no ingresen a nuestro país los ciudadanos con un antecedente penal, policial o judicial a nivel internacional.

El pasado 23 de abril, un reportaje de Cuarto Poder evidenció que carabineros y militares chilenos brindan información a migrantes extranjeros sin documentación sobre rutas de ingreso ilegal al territorio peruano. En declaraciones a la prensa, el primer ministro Alberto Otárola dijo que el hecho es bastante preocupante y se establecerá un diálogo, a través de Cancillería, con el Gobierno de Chile para que pueda rendir cuentas sobre este tema.

“Debo expresar la preocupación del Gobierno del Perú. Cancillería tiene el encargo de establecer las conversaciones y los contactos como corresponde con países hermanos como Chile y nos brinde un informe lo más pronto posible”, sostuvo. Declaró, además, que en la actualidad el Gobierno no sabe cuántas personas ilegales hay en el Perú, ni dónde viven y quiénes son.

Por su parte, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, expresó su total rechazo a las acciones de Chile de facilitar el ingreso ilegal de migrantes a territorio peruano.

En ese sentido, exhortó a la presidenta Boluarte a expresar su protesta al gobierno de Chile y exigir una respuesta clara ante este hecho. “Esto atenta directamente contra la seguridad nacional y la tranquilidad de la región Tacna, que hoy sufre las consecuencias”, dijo.

El gobernador indicó que el problema migratorio en la Ciudad Heroica está perjudicando el turismo y comercio, debido a que a diario la frontera es bloqueada por parte de extranjeros que buscan ingresar al Perú.