(Foto: El Comercio)
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José Carlos Requena

El próximo miércoles 29 se iniciará en Paracas la edición 2017 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), descrita por sus organizadores como “el principal foro empresarial del país, donde se tratan los temas de la agenda nacional y se generan propuestas desde el empresariado”. ¿De qué está compuesta hoy la “agenda nacional”?

Si se arriba a tal conclusión al revisar aquello que ocupa los principales espacios de los medios capitalinos y el debate político asentado en Lima, son tres los principales ejes: el Caso Lava Jato y su amplio impacto –que hoy abarca a casi la totalidad de la clase política–, la desafiante reconstrucción y el promisorio escenario económico que se anuncia para el 2018.

¿Son aquellas las preocupaciones centrales de la población en las regiones? Sin duda, la reconstrucción sí lo es, sobre todo en el norte. Por ello, son preocupantes los reiterados reportes de irregularidades y retrasos en los trabajos de atención a los afectados, que los medios de comunicación no dejan de reportar.

Por si fuera poco, el jueves 23, el gobernador regional de Lima Provincias, Nelson Chui, denunció en RPP que el sicariato y las mafias existentes en su región afectan los trabajos de descolmatación del río Huaura, ya que piden cupos o realizan extorsiones. Lejos de estas necesidades parecen estar las mediáticas capturas que el Mininter anuncia con frecuencia.

Aunque no son insuficiencias de vida o muerte, vale la pena incluir en este listado de necesidades no atendidas el apremiante abandono en que se encuentran los miles de sitios arqueológicos. En semanas recientes, se ha visto el desastre ocurrido en Ventarrón. Se evidencia, una vez más, el abandono en que tiene el Estado a su patrimonio cultural. Subleva recordar que en diciembre del 2015 se derogó el decreto legislativo 1198, que promovía la participación privada en la preservación del patrimonio cultural.

No menos importante es la necesidad de mantener en la agenda pública las reparaciones a las víctimas de la violencia política de décadas pasadas, un tema que parece estar cayendo peligrosamente en el olvido. La desidia del Estado y la sociedad solo incubará las condiciones que hicieron posible el surgimiento y la consolidación de Sendero, hace casi 40 años.

El inventario es más largo: conflictividad social en torno a proyectos mineros, actividades criminales en zonas forestales, impacto del cambio climático, agricultura, infraestructura, violencia contra la mujer, desprotección de la infancia, por nombrar algunos temas.
CADE 2017 busca forjar “un solo Perú”, evitando las cuerdas separadas en que se suelen manejar política y economía. Que la agenda no se limite a lo coyuntural.

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