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Dictan 5 años prisión contra ex funcionario que se apropió de más de S/38 mil

El ex trabajador del Servicio de Administración Tributaria de Piura utilizó documentos falsos para apropiarse del dinero. Él deberá pagar una reparación civil de S/41 mil 180

Piura

Pablo Enrique Rivera Jorge fue sentenciado por los delitos de negociación incompatible y uso de documento privado falso en agravio del SATP y la ACOMEMOP. (Foto: Corte de Justicia de Piura)

El Comercio

El juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez, impuso una condena efectiva de cinco años y dos meses para el ex funcionario del Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP), Pablo Enrique Rivera Jorge, por la comisión de los delitos de negociación incompatible y uso de documento privado falso en agravio del SATP y de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Piura – ACOMEMOP.

Al sentenciado se le impuso una pena efectiva de tres años y seis meses por el delito de negociación incompatible (corrupción de funcionarios), así como un año y ocho meses de pena efectiva por el delito de uso de documento privado falso. Ambas penas son acumulativas.

Rivera Jorge ya se encuentra en el establecimiento penitenciario de Río Seco para cumplir la sentencia impuesta. Además, el ex funcionario tendrá que pagar una reparación civil total de S/41 mil 180, así como el pago de 180 días multa a favor del Estado, que equivale a S/5 mil 580.

Los hechos ocurrieron en 2013, cuando Rivera Jorge se apropió de S/38 mil 980,23, valiéndose del cargo de funcionario del SATP, alterando dicho monto en la suma de dinero que la ACOMEMOP debía cancelar por concepto del impuesto de alcabala por la compra de la Sección 52 del Mercado Modelo de Piura.

Posteriormente, el ex funcionario falsificó la firma de la presidenta de la asociación en un escrito en el que solicitó al SATP la devolución del exceso de dinero depositado. Pidió que el dinero sea depositado a la cuenta bancaria de Juana Ocaña Ramírez, quien es procesada en calidad de cómplice.

Estos hechos fueron descubiertos por los directivos de la asociación de comerciantes cuando fueron hasta las oficinas del SATP para solicitar la liquidación del impuesto que habían pagado.

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