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Docente que embarazó a su alumna presentó su renuncia al Gobierno Regional de Piura

Ronny Pasapera Quezada fue sancionado administrativamente en 2004, luego de embarazar a una de sus alumnas. Era consultor contratado a través del Fondo de Apoyo Gerencial del GORE Piura

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Pasapera Quezada fue secretario general del partido Fuerza Regional, movimiento del actual gobernador de Piura. (Foto: Facebook Ronny Pasapera)

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Ronny Pasapera Quezada, el docente de Piura que fue sancionado administrativamente en 2004 luego de embarazar a una de sus alumnas, presentó su renuncia al Gobierno Regional (GORE) de Piura.

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En la carta, Pasapera argumenta que se retira del GORE Piura debido a que no pretende "afectar" la imagen de Servando García, gobernador regional. La renuncia fue presentada el último miércoles.

En 2004, Pasapera Quezada fue investigado por los delitos de seducción, violación y abuso de autoridad. En las últimas semanas, fue cuestionado por su contratación en el ente regional como consultor contratado a través del Fondo de Apoyo Gerencial del Gobierno Regional de Piura. Previamente, trabajaba en la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP).

El martes, el asesor regional Fernando Cáceres y el gerente de Desarrollo Social, Eddy Leiva, respaldaron Pasapera y dijeron que "tuvo la valentía de reconocer a su hija".

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(Imagen: Carlos Chunga)

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"El señor cometió un error, una equivocación […] se habla de una seducción, que de hecho no está bien, está mal, pero no por eso le vamos a poner la cruz a una persona y perseguirla por toda la vida […] este señor (Pasapera) ha tenido la valentía y hombría de reconocer la paternidad sobre esa criatura", dijo Eddy Leiva en una conferencia de prensa.

Debido a los cuestionamientos, Pasapera dijo que lo suyo "no es cuestión penal, es cuestión administrativa, nada más".

El abogado penalista Carlos Caro, docente de la Universidad de Lima, explicó que la sanción administrativa siempre está a cargo del ente empleador, "teniendo en cuenta, en este caso, que bajo custodia está la formación de una menor". Sin embargo, detalló que la vía penal le corresponde iniciarla al Ministerio Público.

"Ahí la fiscalía debió actuar de oficio y abrir un proceso penal en contra del maestro por del delito de violación. Ahí no hace falta la denuncia de la víctima", dijo esta semana a El Comercio.

Entre el 2018 y julio de este año, un total de 1.085 docentes y personal administrativo han sido destituidos de instituciones educativas en el marco de la Ley N° 29988, que establece medidas extraordinarias para maestros y administrativos implicados en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas.

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