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Piura: Contraloría detecta deficiencias en obras para mejorar embarcaderos pesqueros

Inversión conjunta supera los S/ 27 millones, precisa la Contraloría General de la República

cabo blanco

(Foto: Francesca García)

La Contraloría General de la República constató deficiencias en los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento de los desembarcaderos pesqueros artesanales piuranos de Cabo Blanco, en la provincia de Talara y Yacila en la provincia de Paita, cuya inversión total supera los S/ 27 millones.

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La institución corroboró que el desembarcadero de Cabo Blanco está paralizado desde el 25 de marzo y solo tiene un avance del 61.47%. Estos trabajos, informó la Contraloría, debieron terminar en marzo último.

La Contraloría informó además que el contratista no cumple con el pago al personal desde hace más de un mes ni a los proveedores, tampoco ha asignado los recursos y materiales requeridos, lo cual afecta la calidad y normal ejecución de dicha obra.

Estos hechos están detallados en los informes de Control Concurrente N° 005-2019-OCI/4380-CC y N° 006-2019-OCI/4380-CC, los cuales han sido notificados al Fondo Nacional de Fondo Pesquero (Fondepes) desde el 23 y 25 de abril de este año. Esto para que se adopten las medidas correctivas y salvaguardar el buen uso de los recursos públicos.

-Desembarcadero Cabo Blanco-
El 30 de marzo de 2017, la entidad firmó un contrato con la empresa PSV Constructores S.A. para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto, provincia de Talara (Piura). El proyecto tiene como objetivo dotar de una adecuada infraestructura a estos servicios.

Durante la inspección realizada del 28 al 30 de marzo de 2019 se advirtió la paralización de los frentes de trabajo. Incluso, la comisión fue abordada por un grupo de trabajadores para expresar su malestar por la falta de pago de haberes.

Los auditores señalan que se ha incrementado en 142% del plazo original (426 días más), por lo que se generan riesgos de mayores paralizaciones, resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales y mayores plazos y costos, lo cual aumenta el conflicto social ya existente en la zona.

Un segundo aspecto relevante apunta a las deficiencias del expediente técnico, pues derivaron en la aprobación de nueve adicionales de obra, un mayor metrado y 19 ampliaciones de plazos. También se advirtió demoras en la tramitación de los adicionales N° 04 y 06 que fueron aprobados entre agosto y octubre de 2018, pese que la entidad tenía conocimiento de las omisiones en el componente de instalaciones eléctricas desde mayo 2017.

-Desembarcadero de Yacila-
En la misma fecha que se suscribió el contrato por Cabo Blanco, se hizo lo propio con Yacila. El mismo contratista ganó la licitación pública. Respecto a las situaciones advertidas se notó la falta de autorización del uso del área acuática para la instalación del emisor submarino y para la modificación del muelle y cabezo.

Esta situación viene generando 90 días de ampliación de plazo parcial aprobadas, lo cual retrasa la culminación de obra (prevista para el 11 de abril de 2019).

La comisión advirtió, igualmente, que se ha incrementado en 197.92% del plazo original (475 días más). Además, se estimó un plazo de 10 meses mínimos adicionales para la obtención del trámite señalado, lo que genera riesgos de paralizaciones, resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales y mayores plazos y costos a la misma.

Asimismo, las deficiencias del expediente técnico derivaron en la aprobación de seis adicionales de obra y cinco mayores metrados (hay otros tres en trámite). Esta situación, aunada a la demora en la formulación de adicionales (media y baja tensión aprobados en agosto y noviembre de 2018, pese a conocerse desde mayo de 2017) sin ejecutarse a la fecha y ante la falta de recursos en obra, viene retrasando el cumplimiento del plazo contractual. Se registra un avance del 68.01% a febrero de 2019).

Otro aspecto es la ausencia de personal, equipamiento y la falta de recursos materiales en obra, pues impide dar inicio a nuevos frentes de trabajo, afecta el cumplimiento de la meta del proyecto y genera el riesgo de incurrir en mayores plazos y costos además de controversias y resolución de contrato por parte del contratista o la entidad.

Los dos informes, elaborados por un equipo de auditores del Órgano de Control Institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), están publicados en el portal web institucional www.contraloria.gob.pe (Sección: Participación Ciudadana/Buscador de Informes de Servicio de Control).

* Con información de la Agencia Andina.


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