Piura: exigen declaratoria de emergencia por déficit hídrico en Sullana y Morropón

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) Piura, Eduardo Arbulú Gonzales, se mostró preocupado porque desde el 9 de julio sustentaron ante el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) el pedido de declaratoria del estado de emergencia por peligro inminente ante déficit pluvial en los distritos de Morropón, Chulucanas, La Matanza, Salitral, Buenos Aires (provincia de Morropón) y Lancones (provincia de Sullana). Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna.

“Han transcurrido 18 días desde que el gobernador regional solicitó ante el Indeci la declaratoria del estado de emergencia, con la finalidad de mitigar el impacto inminente por la escasez del recurso hídrico en los medios de vida y población de los distritos de la provincia de Morropón y Sullana, sin que hasta la fecha se haya logrado una respuesta favorable al pedido del gobierno regional”, dijo.

Añadió que el gobierno central cuenta con un informe técnico que sustenta la solicitud, con datos reportados por los sectores involucrados: Dirección Zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Dirección regional de Agricultura- Agencia Chulucanas, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y Dirección Regional de Salud; así como también la no disponibilidad de recursos presupuestarios y financieros para atender a dichos distritos que vienen siendo afectados por el déficit hídrico.

Arbulú dijo que en las zonas de Morropón y Sullana, en Piura, existen 10 mil cabezas de ganado en riesgo, al igual que 3 mil hectáreas de cultivos. “Si no nos atienden, dentro de poco podríamos estar lamentando las pérdidas de animales y cultivos. Ojalá la Presidencia del Consejo de Ministros declare el estado de emergencia cuanto antes”, indicó.

Vale precisar que esta declaratoria busca la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias frente a un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del gobierno regional. Pretende proteger la vida y la integridad de las personas, el patrimonio público y privado y/o restablecer los servicios básicos indispensables.

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