¿Por qué se plantea al Congreso interpelar al ministro de Cultura Rogers Valencia?

Este miércoles, la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Luz Rebeca Cruz Tévez, presentó al Congreso una moción de Orden del Día para interpelar al titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Rogers Valencia. 

En entrevista con El Comercio, la parlamentaria, precisó que este jueves será presentada la moción al Pleno. De ser aprobada, el ministro de Cultura tendría que asistir el viernes al Congreso.

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Rebeca Cruz indicó que el Mincul declaró fundados dos recursos de apelación interpuestos por la empresa inmobiliaria R&G S.A.C. contra las sanciones impuestas por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco por daños "graves e irreversibles" al Patrimonio Cultural de la Nación, que fueron cometidos durante la construcción del hotel Four Points by Sheraton.

"El pasado 11 de enero, el Mincul condonó una deuda millonaria a la empresa hotelera por causar un daño grave e irreversible a nuestro Patrimonio Cultural de la Nación. Esta empresa ha realizado excavaciones arqueológicas dentro del Centro Histórico del Cusco, a pesar que se le indicó que no lo haga. Han desmontado tres andenes inca", dijo a este medio.

La parlamentaria agregó que las dos resoluciones ministeriales 
firmadas por el ministro de Cultura, Rogers Valencia, resuelven declarar fundados los recursos de apelación porque la DDC Cusco excedió el tiempo establecido para imponer las sanciones. Esto, dice, generó la caducidad de los dos procesos administrativos sancionadores. 

"Como cusqueña yo me siento indignada de que tengamos un ministro, que también es cusqueño, que no defienda nuestros intereses. También es lamentable que existan funcionarios que hayan hecho pasar las fechas (para imponer las sanciones) para que esta empresa se beneficie", expresó la congresista.

El Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) señala que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses, contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. El plazo puede ser ampliado como máximo por tres meses. En este caso, el proceso empezó el 10 de octubre del 2017 y las sanciones fueron emitidas el 13 de julio y 31 de julio del 2018.

"A qué peruano y sobre todo a qué cusqueño de a pie le condona una deuda el Estado. Cuántas personas observamos que por menores deudas les quitan las casas", sostuvo.

-Robo de documentos-

Cruz Tévez también explicó que la presentación de una moción para la interpelación de Valencia responde a la difusión de un reportaje televisivo que puso a descubierto que 23 documentos históricos del Archivo General de la Nación fueron sustraídos por una presunta mafia al interior del Mincul.

"Es por ello que nosotros solicitamos que el ministro responda a este pliego interpelatorio, debido a que vemos que existe una negligencia por parte de los funcionarios que laboran en su sector", añadió la congresista.

-Pronunciamiento del Mincul-

El mencionado sector informó el pasado 23 de enero, mediante un comunicado, que las obras ejecutadas por la empresa inmobiliaria R&G S.A.C en las calles Saphy N° 674 (386) y Don Bosco, incumplieron las especificaciones técnicas autorizadas por el sector, así como otras normas de protección del Centro Histórico de Cusco.

Asimismo, señaló que la DDC de Cusco inició cuatro procedimientos administrativos sancionadores a la empresa, con los que se impuso multas por más de 1.940 UIT. Precisó que dos de estos procedimientos caducaron en marzo y julio de 2018, tras cumplirse los plazos establecidos por la normativa vigente.

A fin de evitar una eventual nulidad a través de un proceso judicial y la prescripción de estas infracciones, el Mincul declaró la caducidad de dichos procedimientos y dispuso que de manera inmediata, la DDC de Cusco proceda conforme a lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, a fin de iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador y ejercer la potestad sancionadora, dentro de los plazos previstos por ley, especifica el comunicado.

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