Complejo de La Oroya tendría dueño en primer trimestre del 2017
Complejo de La Oroya tendría dueño en primer trimestre del 2017
José Carlos Requena

En 1926 ya se tenía noticias del impacto ambiental de la fundición de La Oroya en las zonas aledañas. Se alertaba de la desaparición de pastos y la merma de las ya naturalmente limitadas tierras de cultivo: la zona es una prolongación de un pequeño valle. También eran conocidas las nuevas enfermedades que presentaba la fauna de la zona.

En “El pacto faústico de La Oroya” (PUCP, 2015), Fernando Bravo Alarcón presenta información detallada sobre el problema ambiental de esta localidad desde el establecimiento de la fundición en la zona, por parte de la compañía estadounidense Cerro de Pasco Corporation (CPC). 

Según refiere el autor, el documento pionero en los esfuerzos por comprobar la contaminación es “El informe sobre los humos de La Oroya” (1926), encargado por el Cuerpo de Ingenieros de Minas a José Julián Bravo, cuyas conclusiones “ratifican las quejas de las comunidades respecto a los impactos que la nueva fundición generaba varios kilómetros a la redonda”. 

Desde entonces han soplado muchos vientos en La Oroya, todos con olor a metal. A la administración de la CPC le siguió la gestión de la estatal Centromin Perú, sin que la situación cambiara. Cuando en los noventa entró en escena Doe Run, la realidad parecía irreversible: La Oroya se había consolidado como uno de los centros poblados más contaminados del mundo. 

Por ello es llamativo que se crea que se puede revertir la contaminación en la zona. Vista la configuración geográfica de La Oroya, el viento y los humos terminan encajonados. Es irónico, además, que el mismo Estado que permita la existencia de La Oroya luche contra los mineros que depredan la Amazonía. 

Hace poco, analizando el caso desde la viabilidad económica y social, Marita Chappuis (El Comercio, 29.8.2016) dice lo que muy poca gente se atreve: cerrar el complejo metalúrgico debería ser una posibilidad real y no un tabú. Al explorar las opciones y sus respectivos costos, y sugerir la dificultad de que cualquier inversionista los pueda afrontar, Chappuis precisa que “existen experiencias exitosas en todo el mundo para el cierre de operaciones no competitivas. Sucedió, por ejemplo, en España, cuando ese país cerró sus minas de carbón, otorgando ayudas estatales para evitar la desocupación”.

En los últimos años, mientras nuestras autoridades persisten en prolongar una agonía, la población de La Oroya ha empezado a actuar con pragmatismo y sabiduría. 

Según estimaciones del INEI, al 2015 la población de la localidad era de 13.637, cerca de 8 mil menos que la del 2005 (21.301 habitantes). Más de un tercio de sus habitantes huían así del perenne plomo en el viento. 

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