Según la fiscalía,el agresor aprovechaba que la menor se quedaba sola en su vivienda, ubicada en Casma, para someterla sexualmente
Según la fiscalía,el agresor aprovechaba que la menor se quedaba sola en su vivienda, ubicada en Casma, para someterla sexualmente
Lourdes Fernández Calvo

Desde octubre del 2016, Germán Ruíz Paragua, de 65 años, y su hijo Ger­mán Ruíz Barrera, de 34 años, integran la lista de los delincuentes más buscados. El Ministerio del Interior (Mininter) ofrece una recompensa de S/25 mil a quien ayude a ubicarlos. Ambos son requisitoriados por el delito de violación sexual a menores de edad.

Padre e hijo están prófugos desde el 2011, cuando fueron acusados de violar sistemáticamente a dos hermanas de 8 y 10 años de edad en una chacra de Huánuco, donde vivían. Las menores contaron que ellos les ofrecían frutas para luego obligarlas a ver pornografía; después las violaban. Este es uno de los casos más críticos y complejos identificados por el Mininter.

Como estos dos sujetos, hay 396 requisitoriados por violar a menores incluidos en el programa de recompensas de este ministerio.
Hasta finales de octubre, de los 2.279 requisitoriados incorporados al sistema de recompensas, 878 están acusados por delitos de violencia sexual o de género. De este subtotal, 525 integran la lista de abusadores de menores; en los últimos meses han sido capturados 129.

Según explica el viceministro de Orden Interno del Mininter, Rubén Vargas, recién en el actual gobierno se incluyó a acusados por delitos de violencia sexual en el programa de recompensas.

“Antes el programa estaba limitado a casos de organización criminal, narcotráfico y terrorismo. Empezamos a analizar las cifras y saltó inmediatamente la enorme cantidad de requisitoriados por violencia sexual o de género, y entre ellos los de violación sexual a menores”, dice el funcionario.


Vargas explica un factor que, por ser muy común, agrava el problema: la mayoría de violadores de menores son familiares de las víctimas.
“Todos los casos son denigrantes, repulsivos. Lamentablemente, la mayoría de violadores está en el entorno más cercano, ese es un denominador común”, explica.

Uno de los casos más recientes sucedió en Huaraz (Áncash). Julio Salcedo Chavarría, de 23 años, confesó haber violado a su hija de apenas 2 meses de edad. Ya fue capturado por la policía. El lunes último habría intentado suicidarse cortándose la yugular, pero quedó malherido.

Precisamente, Áncash es la tercera región con el mayor número de requisitoriados por delitos de violencia sexual o de género (80 casos) según el programa de recompensas del Mininter, después de Cajamarca (204) y el Callao (113).

—Ministro de Justicia matiza sus declaraciones—
El ministro de Justicia y Derechos Humanos (y ex presidente del Poder Judicial), Enrique Mendoza Ramírez, precisó ayer que su postura a favor de la pena de muerte para los violadores de menores es “personal” y no refleja la posición oficial del Gobierno.

El domingo por la noche, Mendoza dijo en una entrevista en Canal N que sí cree que la pena de muerte debería llevarse adelante debido a que disuade a los criminales. No obstante, también explicó que la aplicación de la medida era inviable debido a que el Perú cumple el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos.

Las declaraciones de Mendoza fueron rechazadas el lunes por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y varios ministros y congresistas.

Ayer, en declaraciones que dio desde el Congreso, Mendoza matizó su postura: “La opinión fue personal, institucionalmente no es la posición de mi despacho ni del Gobierno. Tampoco compromete en nada la política de Estado”.

Incluso el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que está en contra de la instauración de la pena capital en nuestro país. El magistrado reconoció que uno de los obstáculos para aplicar este tipo de condenas son los errores que comete el sistema de justicia.
Rodríguez dijo en cambio que está a favor de incrementar las penas de cárcel para los violadores.

—En el Congreso—
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dijo ayer que el pleno pronto debatirá modificaciones al Código Penal para mejorar la proporcionalidad de las condenas. El objetivo es proteger a las mujeres de delitos como violación sexual.

“Nos comunicaremos con la Comisión de Justicia para iniciar un debate de un Código Penal. Creemos que este debe hacerse de manera ordenada, ya que nuestro código tiene penas muy desproporcionadas”, dijo Galarreta.

Respecto a la instauración de la pena de muerte para violadores de menores, Galarreta señaló ayer que le “parecía bien” que se debata, aunque no manifestó una postura.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto de Belaunde, se pronunció en contra de la pena de muerte y dijo que no hay evidencia de su efectividad en la reducción del crimen.​