Policías entraron como clientes, sacaron sus armas y registraron una oficina sin orden judicial: Inspectoría investiga

El acceso a las oficinas se realiza únicamente mediante coordinación previa. Optimus Enterprise se dedica a la importación y distribución de productos electrónicos y no funciona como una tienda abierta al público. “Le hacemos una cita y ellos vienen a la oficina, ven el producto y, si les gusta, lo separan o lo pagan y se lo llevan. Pero para ello hay una previa coordinación porque no somos una tienda, somos mayoristas y distribuimos”, explicó Herrera a este Diario.

Aquel día permitieron el ingreso de los cuatro visitantes. Los primeros permanecieron algunos minutos haciendo consultas e incluso solicitaron utilizar los servicios higiénicos. Luego llegaron los otros dos. Fue entonces cuando la situación cambió por completo.

“Uno se levanta, saca el chaleco, se lo pone y dice: ‘Esto es una intervención. Nadie puede salir, nadie se puede mover’”, recordó Herrera. Según su testimonio, uno de los agentes le mostró brevemente un documento, pero no tuvo tiempo suficiente para revisarlo antes de que se lo retiraran.

La aparición de las armas incrementó la tensión dentro del inmueble. Herrera asegura que hasta ese momento los cuatro habían ingresado como potenciales compradores. “Tú estás entrando acá a mi oficina como cliente, no como policía”, recuerda haber reclamado. “Me puse súper nervioso, con miedo. Tenía temor por la integridad de todos nosotros porque, por la coyuntura que se está viviendo, no se sabe si es verdad o si es mentira”, relató.

Lo que ocurrió después es precisamente lo que ahora pide que sea investigado por la Inspectoría General de la PNP.

De acuerdo con Herrera, los efectivos comenzaron a abrir cajones, revisar documentos y recorrer distintos ambientes internos del inmueble. El empresario asegura que advirtió que se encontraban en una oficina privada y que no había autorizado el registro de esos espacios. Tampoco, sostiene, le fue exhibida una orden judicial de allanamiento o registro. Esta circunstancia también quedó consignada en la denuncia presentada ante Inspectoría.

“Se metieron a otros ambientes, comenzaron a revisar mis cajones”, contó. Las cámaras de seguridad del establecimiento, asegura, registraron parte de estas acciones.

Durante la diligencia fueron retirados diversos bienes, entre ellos dos teléfonos celulares de uso personal, zapatillas y 21 espejos retrovisores. También fueron inspeccionados cuatro televisores, aunque estos finalmente fueron devueltos luego de que Herrera presentara documentación que acreditaba su adquisición.

Según su relato, durante la intervención le indicaron que disponía de 15 minutos para presentar los documentos de los productos. Herrera sostiene que, cuando consiguió parte de ellos, recibió como respuesta que el plazo había terminado. “Ya tengo la documentación, ya me la mandaron los proveedores”, recuerda haber señalado. La respuesta, afirma, fue: “No, ya se terminó tu tiempo, me voy a llevar todo”.

En el caso de los 21 espejos retrovisores, presentó documentos correspondientes a una importación marítima realizada en 2024. Los agentes consideraron que estos eran insuficientes debido, entre otras observaciones, a la ausencia de determinados datos y de los nombres o marcas de los productos. Ahora solicita que se determine qué verificaciones se realizaron para establecer que la documentación no acreditaba su procedencia.

Los cuatro visitantes eran efectivos de la División de Investigación de Delitos Aduaneros (DIVIDAT) de la Policía Fiscal de la PNP. Según la documentación vinculada a la diligencia, participaron el capitán Walter Ynquilla Amancay, la suboficial de primera Yahaira Gallegos Vera, el suboficial de segunda Alan Nolazco Quiliche y la suboficial de tercera Leslie Vivanco Jeri.

La actuación estaba vinculada a la Orden de Comisión N.° 377-2026-DIRNIC PNP/DIRPOFIS-DIVIDAT-DEPINOC. Sin embargo, uno de los puntos que deberá esclarecer Inspectoría es hasta dónde llegaban las facultades otorgadas por ese documento y cuál fue el sustento empleado para registrar ambientes privados.

Las dudas sobre el procedimiento continuaron al concluir la diligencia en la empresa. Aunque inicialmente las cuatro personas presentes habían recibido la indicación de que estaban intervenidas y no podían abandonar el lugar, finalmente solo Herrera fue trasladado en un vehículo policial hasta las instalaciones de la DIVIDAT-DIRPOFIS, en Chorrillos.

El propio empresario asegura que en ese momento cuestionó qué significaba estar “intervenido”. Según recuerda, inicialmente les dijeron que todos debían acudir a la dependencia, pero que sus trabajadores tendrían que trasladarse por sus propios medios. “¿Estamos intervenidos o es una broma? ¿Por qué yo tengo que pagar mi taxi? Si estoy intervenido, tú tienes que llevarme”, relató.

Herrera sostiene que su traslado no fue presentado como una invitación que pudiera aceptar o rechazar. Ya en Chorrillos, permaneció durante varias horas bajo vigilancia del personal.

Según la denuncia, no se sentía en libertad de retirarse e incluso era acompañado cuando acudía a los servicios higiénicos. Sin embargo, afirma que nunca se le explicó claramente si estaba detenido, conducido o sometido a alguna otra figura jurídica.

“Ahí me tienen casi cinco horas”, aseguró. Recién después, según su versión, le presentaron el acta de incautación para que la firmara.

Este documento introduce otra interrogante sobre la cronología del procedimiento. El acta consigna las 14:25 horas del 7 de agosto en las oficinas de la DIVIDAT-DIRPOFIS, en Chorrillos, y señala que a las 14:30 se procedió a efectuar la incautación. Para entonces, según el denunciante, los bienes ya habían sido retirados de su oficina, donde la diligencia había comenzado alrededor del mediodía.

Herrera afirma además que firmó diversos documentos durante su permanencia en la sede policial, pero no recibió copias. Solo logró fotografiar parcialmente el acta de incautación.

Luego intentó obtenerla directamente del personal que participó en la diligencia. “Le pido y le pido la documentación: ‘Oye, dame la incautación porque quiero presentar mis documentos’”, relató. Según las conversaciones incorporadas a su denuncia, primero recibió como respuesta que podrían enviarle fotografías posteriormente y, tras insistir, se le indicó que “todo está a disposición de la fiscalía”.

Otro de los hechos que Herrera solicita esclarecer ocurrió después de la intervención. Los dos teléfonos incautados eran de uso personal y estaban asociados a su cuenta de Apple. Días después, ingresó al sistema de localización desde otro dispositivo para comprobar dónde se encontraba uno de ellos. “Entro por mi otro teléfono a mi cuenta y veo que estaba en un distrito que no era Chorrillos, sino en el Rímac. En una casa”, aseguró.

Herrera asegura que las imágenes de la diligencia también muestran cómo fueron manipulados los celulares. “Mis teléfonos estaban en mi escritorio”, indicó. Según su versión, uno de los agentes los recogió y posteriormente fueron guardados.

¿En qué estado se encuentra la investigación?

Tras confirmar posteriormente que quienes participaron eran miembros de la Policía Nacional, Herrera acudió a Inspectoría para denunciar lo ocurrido. “Indagamos y, claro, son policías. Definitivamente por eso también procedimos a poner la denuncia en Inspectoría”, señaló.

A más de un mes de los hechos, asegura que no ha recibido información sobre avances concretos de la investigación. “Ellos siguen trabajando ahí. Yo no sé nada”, respondió al ser consultado por este Diario sobre el estado de su denuncia.

Herrera también sostiene que, dos días después de acudir a Inspectoría, comenzó a recibir llamadas con una voz automatizada en las que le pedían retirar la denuncia.

“Después de que puse la denuncia en Inspectoría, a los dos días he comenzado a tener llamadas así, con voz de robot: ‘Quita la denuncia’”, relató. Desde entonces, asegura que él y sus trabajadores sienten temor. “Ya no podemos trabajar tranquilos. Estamos con miedo”, dijo herrera.

La denuncia presentada ante Inspectoría busca ahora reconstruir la actuación policial desde el inicio: determinar cuál fue el sustento del registro, bajo qué condición jurídica el empresario fue trasladado y permaneció en Chorrillos, establecer la cronología de la incautación y reconstruir la cadena de custodia de los bienes retirados de la empresa.

-¿Cuál fue el sustento legal y operativo de la intervención realizada el 7 de agosto en las instalaciones de Grupo Optimus Enterprise y qué diligencias autorizaba específicamente la Orden de Comisión N.° 377-2026?

La intervención se originó a partir de labores de patrullaje virtual en redes sociales como Tiktok y otras realizadas por personal especializado de la DIVIDAT-DIRPOFIS PNP, mediante las cuales se tomó conocimiento de la cuenta denominada “Optimus Enterprise”, donde se ofrecían productos tecnológicos de procedencia extranjera, entre ellos teléfonos celulares, televisores, cargadores y otros artículos, a precios considerablemente inferiores a los del mercado nacional, situación que, en prevención de posibles delitos aduaneros, motivó la realización de una verificación policial.

Como parte de las labores preliminares de verificación, al advertirse los precios considerablemente bajos de los productos comercializados en relación al costo de los mismos, ofertados en las redes sociales, se efectuaron consultas respecto de la empresa y de su representante, el señor Luis Alfonso Herrera Arellano, gerente de Grupo Optimus Enterprise con RUC Nº 20611486422, verificándose que registraba múltiples denuncias por presuntas estafas, suplantación de identidad, falsedad genérica, etc., por hechos vinculados justamente a la venta de celulares por redes sociales donde se estaría afectando patrimonialmente a diversas personas, esta información, conjuntamente con la naturaleza y procedencia extranjera de los productos ofertados y sus precios, fue considerada como un elemento adicional dentro de la evaluación preliminar, por lo que se comunicó dicha información al superior jerárquico y se dispuso realizar una verificación policial en el establecimiento, contando para ello con la respectiva Orden de Comisión.

La diligencia se desarrolló al amparo de las atribuciones conferidas a la PNP en la normatividad legal vigente, dejándose constancia que en ningún momento se ingresó mediante el uso de la fuerza, toda vez que este local comercial, de acuerdo a la información del Portal de la SUNAT figura como venta al por mayor de ventas de sonidos y video, es decir es un local de atención al público, conforme consta en las actas y demás actuados formulados sobre el particular.

Posteriormente, se efectuó la verificación física de las mercancías y se solicitó al señor Herrera Arellano la documentación que acreditara su adquisición, procedencia e ingreso legal al territorio nacional, respecto de los teléfonos celulares, zapatillas, accesorios y televisores encontrados, al no presentarse inicialmente dicha documentación, se continuó con las diligencias correspondientes y se comunicó oportunamente el hecho al representante del Ministerio Público, posteriormente, el intervenido presentó documentación respecto de cuatro televisores TCL y, luego de efectuarse la correspondiente verificación física y documentaria, se comprobó la correspondencia entre los bienes y la documentación presentada, motivo por el cual dichos productos fueron devueltos, hecho detallado en el acta de intervención correspondiente.

-¿Bajo qué condición jurídica fue trasladado Luis Alfonso Herrera Arellano a la sede de la DIVIDAT-DIRPOFIS PNP en Chorrillos?

El señor Luis Alfonso Herrera Arellano no fue detenido ni retenido, su participación en la diligencia se ha ceñido a la verificación policial relacionadas con las mercancías de procedencia extranjera carente de documentación encontradas en el establecimiento comercial.

Durante la intervención, el señor Herrera Arellano manifestó en todo momento que contaba con documentación que acreditaría la procedencia y legalidad de los productos, indicando que esta podría ser presentada posteriormente, en ese contexto, se le brindaron las facilidades y un tiempo prudencial para que pudiera sustentar documentalmente la procedencia de las mercancías, siendo el propio intervenido quien manifestó su disposición de acudir a la unidad policial para continuar con la verificación mientras le era remitida la documentación de sustento legal.

En razón de ello, dado el tiempo transcurrido sin que el señor Herrera Arellano presentara la documentación correspondiente, por medidas de seguridad (considerando que 2 efectivos policiales eran mujeres) el personal PNP interviniente optó por trasladar las mercancías a las instalaciones de la DIVIDAT-DIRPOFIS PNP para continuar con las diligencias de ley.

En la sede policial, el señor Herrera Arellano presentó documentación correspondiente a cuatro televisores TCL (Guia electronica y Factura Electronica), respecto de los cuales se efectuó la respectiva verificación física y documentaria, cabe precisar que documentos como facturas, guías de remisión, DAM y otros deben ser contrastados con la información registrada en los sistemas de SUNAT, a efectos de verificar adecuadamente su autenticidad, correspondencia y procedencia.

Una vez comprobada la correspondencia entre los cuatro televisores y la documentación presentada, dichos bienes fueron devueltos a su propietario, respecto de los demás productos, al no haberse acreditado documentalmente su procedencia legal y/o ingreso regular al país, se procedió a su incautación, dejándose constancia de ello en el acta correspondiente, siempre con la participación del señor Herrera Arellano quien suscribió la conformidad de las actas sin consignar ningún abuso por parte del personal PNP interviniente.

-¿Por qué el acta de incautación fue elaborada en la sede policial de Chorrillos y consigna las 14:25 y 14:30 horas, si, según la denuncia, los bienes habían sido retirados previamente de la oficina intervenida?

Debe precisarse que, durante la intervención realizada en el establecimiento comercial, no se procedió de manera inmediata a la incautación de la totalidad de los bienes, en el lugar se efectuó inicialmente una verificación física y se solicitó al señor Luis Alfonso Herrera Arellano la documentación que acreditara la adquisición, procedencia e ingreso legal al territorio nacional de las mercancías, el intervenido manifestó que contaba con la documentación correspondiente y que esta sería presentada posteriormente, otorgándose el tiempo prudencial para este fin, sin embargo, como se indicó anteriormente, esto no sucedió.

En razón de ello, como se indicó, al haberse otorgado un tiempo prudencial para que el señor Herrera Arellano presentara la documentación correspondiente que acredite la procedencia legal de sus bienes y no habiendo ocurrido esto, por medidas de seguridad (considerando que 2 efectivos policiales eran mujeres) el personal PNP interviniente optó por trasladar las mercancías a las instalaciones de la DIVIDAT-DIRPOFIS PNP para continuar con las diligencias de ley.

En la sede policial, el señor Herrera Arellano presentó documentación correspondiente a cuatro televisores TCL. Se efectuó el respectivo contraste físico y documentario, verificándose que las características y cantidades consignadas en la documentación correspondían con los bienes intervenidos, motivo por el cual dichos televisores fueron devueltos conforme consta en el acta respectiva, respecto de los demás bienes, pese al tiempo prudencial otorgado para acreditar su procedencia legal y/o ingreso regular al país, no se presentó documentación que permitiera acreditarlo.

En consecuencia, la incautación formal se realizó en la sede de la DIVIDAT-DIRPOFIS PNP, una vez culminada la verificación correspondiente, consignándose en el acta las horas de 14:25 y 14:30 y detallándose individualmente los bienes materia de incautación.

Es importante señalar que el señor Herrera Arellano estuvo presente durante estas diligencias y suscribió las actas formuladas, dejando constancia de su participación y conformidad con lo consignado, donde se identifica de manera individual los bienes incautados, entre ellos dos teléfonos celulares, tres pares de zapatillas, cuatro cargadores, veintidós unidades entre cubos y cables y veintisiete retrovisores electrónicos.

Respecto del inventario y custodia, las mercancías fueron debidamente individualizadas y descritas en las respectivas actas y posteriormente internadas en los almacenes de la SUNAT / Aduanas para su aforo y valoración, conforme obra en el Acta de Ingreso de Mercancías de SUNAT, mediante la cual se dejó constancia del ingreso de los bienes para su correspondiente clasificación, valoración y demás actuaciones aduaneras.

-¿Qué acciones ha dispuesto la PNP frente a la denuncia presentada ante Inspectoría General y cuál es actualmente el estado de la investigación?

Respecto de la denuncia presentada ante la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, dicha instancia ya ha tomado conocimiento de los hechos y, conforme al ámbito de sus competencias, realizará las acciones de evaluación y verificación que correspondan, en ese sentido, la PNP viene proporcionando y poniendo a disposición la documentación relacionada con las actuaciones realizadas, a efectos de que la instancia competente efectúe la evaluación respectiva y determine, de corresponder, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario que resulte pertinente.

Los efectivos policiales que participaron en la diligencia se encuentran plenamente identificados en la documentación donde se consigna al personal interviniente, asimismo, las actas correspondientes fueron suscritas por el propio intervenido, Luis Alfonso Herrera Arellano.

De igual manera, las actuaciones se encuentran debidamente documentadas mediante el acta de intervención policial, el acta de incautación y la documentación relacionada con el posterior ingreso de las mercancías a la autoridad aduanera, asimismo, la intervención fue comunicada oportunamente al representante del Ministerio Público, conforme consta en los actuados.

En ese sentido, la actuación policial se encuentra documentada en las actas y demás actuados correspondientes, y será materia de evaluación por las instancias competentes, con plena disposición de la institución para colaborar con cualquier verificación que corresponda conforme a ley.