Eyvi Ágreda es una de las recientes víctimas de feminicidio.
Eyvi Ágreda es una de las recientes víctimas de feminicidio.
Lourdes Fernández Calvo

Solo hasta abril de este año, 43 mujeres fueron asesinadas en el país y más de un centenar fueron víctimas de intento de feminicidio, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Ante esta situación, el Ejecutivo publicó ayer la actualización del “Protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo”.

Según explicó la viceministra de la Mujer, Silvia Loli, el sector ya había publicado un protocolo similar en octubre del 2015 para atender los casos de violencia hacia la mujer; sin embargo, no podía aplicarse, ya que un mes después se publicó la Ley 30364, con la que se modificaron los roles de las instituciones del Estado ante estos casos.

“Por ejemplo, la fiscalía de familia era la que daba la medida de protección a la víctima; ahora la da el juzgado. Hubo un conjunto de variaciones y por eso se tenía que actualizar todo”, precisó la funcionaria.

—Mujeres en riesgo—
Si bien el protocolo busca atender con más énfasis los feminicidios, también se prioriza la atención de las mujeres que están en riesgo tras haber sufrido un intento de feminicidio y, de este modo, evitar que el agresor vuelva a atacar.

El nuevo protocolo establece, por ejemplo, que si existe un inminente riesgo para la vida de la víctima, la fiscalía penal o mixta deberá solicitar medidas como el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento a la víctima en cualquier forma y la prohibición de comunicación con la víctima, incluso vía chat o a través de redes sociales.

Además, se prohíbe el derecho de tenencia y porte de armas para el agresor denunciado.

“Ahora se evalúa el riesgo de vivir una situación de violencia mayor. Por ejemplo, si me apuntaron con un arma de fuego en la cabeza, hay riesgo alto pese a que no tengo lesión y, en ese caso, también se está interviniendo”, comentó Loli.

También se han establecido nuevos plazos para atender a las víctimas. Anteriormente, la policía debía derivar en un máximo de 24 horas la denuncia al juzgado de familia para que se tomaran medidas de protección. Ahora, se hará de forma inmediata, incluso por WhatsApp.

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