Colegiatura obligatoria para trabajar en el Perú: Congreso a un paso de aprobar polémica norma

”La presente Ley tiene por objeto disponer la colegiatura obligatoria y habilitación permanente de los profesionales egresados de las universidades del Perú para garantizar la calidad del servicio, la capacitación y actualización continua de los mismos en el ejercicio de sus labores” es el objetivo de la norma, según figura en el documento presentado. El proyecto de ley N° 8112 presentado por Flores Ancachi contiene cinco artículos y tres disposiciones complementarias finales

Vea el documento del predictamen:

El proyecto de ley también establece que los colegios otorguen la habilitación profesional de forma gratuita hasta dos veces por año a pedido de la persona. Además, dispone que los profesionales colegiados que adeuden cuotas por más de tres años puedan fraccionar esta cantidad en tres partes para no perjudicar su ejercicio laboral.

Asimismo, la propuesta incluye modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, para exigir constancias de habilitación profesional actualizadas para la apertura de negocios. La iniciativa propone la modificación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) para incorporar el numeral 36. De esta forma, el texto quedaría de esta manera:

“Establecer como requisito indispensable para el funcionamiento de establecimientos o la atención al usuario o cliente la presentación de la constancia de habilitación profesional actualizada con una vigencia mínima de dos meses para el trámite de apertura del local en la jurisprudencia competente”, se lee en el documento del proyecto de ley.

¿Cuáles son los fundamentos de la propuesta?

Según el documento, la ley tendrá como consecuencia una “mejora significativa en la calidad profesional y en el servicio brindado a la ciudadanía”, porque obligará a los profesionales a mantener sus conocimientos actualizados y a cumplir con los estándares de sus colegios. Señala también que promoverá un mayor control y regulación del ejercicio profesional, contribuyendo así a la protección de los usuarios y consumidores de servicios profesionales.

Además, el proyecto de ley sostiene que los profesionales podrán mantener su habilitación “sin enfrentar cargas económicas desproporcionadas” para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones colegiales. En esa línea, asegura que la obligatoriedad de la colegiatura y la habilitación profesional contribuirá al fortalecimiento de la ética y la responsabilidad profesional.

Sobre la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, la iniciativa asegura que garantizará que los establecimientos cuenten con profesionales habilitados y actualizados, contribuyendo así a la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos en el país.

Por todos estos motivos, el documento presentado por el parlamentario Flores Ancachi afirma que los beneficios de esta ley “superan ampliamente a los costos”.

La Comisión de Trabajo solicitó la opinión de 10 colegios profesionales del país, como el Colegio de Enfermeros del Perú, Colegio de Licenciados en Administración y el Colegio Médico del Perú

Si bien la mayoría se mostró a favor de la propuesta, pidieron reconsiderar el artículo 3 de este proyecto de ley sobre la entrega gratuita de constancias de habilitación profesional cada dos años. “Este artículo sería lesivo, ya que perjudicaría los pequeños fondos que los colegios profesionales puedan adquirir en relación con el cobro que quieran realizar por la expedición del certificado o constancia de habilitación”, observó el Colegio Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Áncash.

Adicionalmente, la Comisión de Trabajo solicitó la opinión del Ministerio de Educación (Minedu). No obstante, la entidad evitó manifestarse. Según lo consignado en el predictamen, el Minedu aseguró que “no corresponde a este Ministerio pronunciarse sobre la viabilidad” del proyecto de ley.

En entrevista para El Comercio, Jorge Toyama, abogado laboralista, considera que el proyecto descrito no es conveniente para el desempeño de los profesionales del país. En ese sentido, Toyama indicó que la propuesta afecta directamente a los jóvenes.

“Los jóvenes serían los principales perjudicados por su falta de experiencia profesional, dificultades para insertarse en el mercado laboral y la carga administrativa para trabajar, que también resulta costosa. Como consecuencia, puede agravar la desprotección de los jóvenes y la brecha entre la formalidad y la informalidad”, explicó.

En esa línea, Gloria del Carmen Rodríguez, abogada laboralista especializada en la gestión de recursos humanos, opinó que la aprobación de la iniciativa supondría una barrera que limitaría el acceso al trabajo. “Un proyecto de ley de esta envergadura, sin una revisión a fondo e independiente del cargo y funciones que hace un profesional, representa una barrera que limitaría el acceso a trabajo a de cualquier profesional, sobre todo de los jóvenes, si se pretende que todos tengan una colegiatura”, detalló.

Así también, Toyama mencionó que la iniciativa del congresista Flores Ancachi atenta contra la libertad de trabajo. “La constitución indica que toda persona tiene libertad de trabajo. Es cierto que la colegiatura tienen sentido para actividades reguladas —como litigar en un juicio para un abogado o realizar una operación para un médico— no es razonable pretender que los profesionales sean obligatoriamente colegiados para el desempeño de todas sus actividades. La libertad de trabajo debe primar”, subrayó.

Asimismo, Rodríguez expresó que el proyecto de ley podría representar una vulneración al derecho fundamental al trabajo. “No debe existir discriminación en el mundo laboral. El objetivo de este proyecto de ley puede representar una vulneración al derecho al trabajo por un factor económico, debido a los costos considerables para obtener una colegiatura, sobre todo para los jóvenes”, resaltó.

La abogada mencionó como ejemplo que el costo de la ceremonia de colegiatura en el Colegio de abogados de Lima —un requisito para obtener esta distinción— cuesta alrededor de 2.000 a 3.000 soles, además del pago de una cuota mensual de 20 soles.

Por otro lado, Toyama dijo que los gremios profesionales deberían generar incentivos adecuados para que los profesionales se afilien a los colegios. En ese sentido, aseguró que los gremios profesionales “han perdido autoridad, porque hoy no se evidencia que la colegiatura de un valor agregado. “Una ley no genera reputación ni prestigio. Los colegios profesionales deberían ganarlos antes de que exista una obligación por ley”, argumentó.

Por su parte, Rodríguez manifestó que no debe confundirse una colegiatura con un grado académico, como una maestría o doctorado, que se obtiene a partir de evaluaciones que miden los conocimientos y capacidades de los profesionales.