Linchamiento a alcalde puso los ojos en Ilave hace 10 años

RENÉ ZUBIETA @renezp Redactor de Sociedad

Cuando la noche del 2 de abril del 2004, Cirilo Robles rendía cuentas ante la población de Ilave (aymara en su mayoría) sobre su gestión como alcalde, sabía que –de todos modos- iba a encontrar reticencias y furibundas críticas en esa plaza de armas en la que se encontraba. Mas para nada esperó que 24 días después -tras una breve ausencia- su retorno a la enfrentada capital de la provincia del Collao iba a significar un vía crucis para él, que ese mismo lugar al que representaba como autoridad iba a ser su lecho de muerte. Y así fue.

Hoy se cumplen 10 años de aquel fatídico linchamiento a aquel representante local del Estado, que hizo que los ojos de las autoridades de turno y la lejana Lima miren hacia esa zona altiplánica de Puno, a 4 mil m.s.n.m. El hecho dio la vuelta al mundo. Robles Callomamani había iniciado su gobierno hacía poco más de un año y, por entonces, ya era acusado de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas electorales. Su gestión iba a durar hasta el 2006.

Tras la frustrada rendición de cuentas que terminó en un enfrentamiento el 2 de abril, optó por irse Puno. Al volver a Ilave para evitar la declaratoria de su vacancia, el día 26 se encontraba reunido en su casa junto a regidores, pero un sector de la población se enteró. La turba llegó, lo secuestró y torturó por varias horas junto a otros aliados. Su vida se fue apagando por la tarde en el frontis de la municipalidad y fue arrastrado hasta debajo del denominado ‘puente viejo’. Sus suplicios no fueron escuchados, no tuvieron valor. Su cuerpo y su organismo no soportaron los múltiples ataques con objetos contundentes y punzantes.

En enero de este año, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión -impuesta el 2012- a Valentín Ramírez Chino y Alberto Sandoval Loza, quien fuera teniente alcalde de Robles pasando a ser opositor poco tiempo después de iniciado el mandato. A ambos se les sentenció por ser instigadores del delito contra la libertad, en su modalidad de secuestro agravado con subsiguiente muerte.

Y aunque algunos ex dirigentes en Ilave creyeron que fue por una orden del gobierno de Alejandro Toledo, lo cierto es que el 2005 se supo que dos informes de la Contraloría General de la República exculparon a la autoridad asesinada de haberse beneficiado con el dinero de su comuna. "¿En qué cambió o qué ganó Ilave con el asesinato de Cirilo Fernando?”, se preguntó por entonces Marina Cutipa, viuda de la víctima, respecto a ese mal llamado e injusto ajusticiamiento popular.

(Archivo El Comercio / Panamericana TV)

CRISIS DE LEGITIMIDAD Para el antropólogo Ramón Pajuelo Teves, quien realizó un estudio del caso, lo que pasó en Ilave reveló principalmente las “carencias de la construcción de país” durante la experiencia republicana y derivó en un desplazamiento del poder urbano legal de parte de las comunidades aymaras rurales. Cabe recordar que justamente, la provincia de El Collao no tuvo gobierno municipal unos seis meses, hasta que se designó a un alcalde encargado en setiembre del 2004 (otros dos previos habían sido rechazados) convocándose en octubre a elecciones complementarias.

Mas lo sucedido respondió también, explicó el antropólogo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a una crisis de legitimidad política local y fue un “baldazo de agua fría” para el proceso de descentralización que se emprendía por entonces, y que necesitaba reformas de fondo.

“Mostró un conjunto de demandas insatisfechas, que sí tienen un componente indígena y que se han venido manifestando esta década en el país. Diez años después, Ilave muestra que esos problemas de fondo persisten. Estamos embarcados con entusiasmo en un delirio de crecimiento, pero que lamentablemente no se está acompañando de una visión del país de manera más profunda, amplia, democrática e igualitaria”, explicó a El Comercio, resaltando que esas comunidades aymaras exigieron ser vistas con plenitud de derechos aspirando a formas de desarrollo y modernidad propias.

UN MALESTAR QUE SE MANTIENE La representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Luz Herquinio Alarcón, aseveró que Ilave no presenta actualmente una fuerte conflictividad, pero mantiene problemas aún por resolver y la población evidencia su malestar. Por ejemplo, el adecuado servicio de electricidad, de agua potable y la culminación de la carretera hacia Masocruz, por la que también se reclamaba hace 10 años al alcalde (El actual gobierno inauguró el primer tramo, hacia Checca, en febrero pasado).

“Todavía falta que la población recupere esa confianza y la credibilidad. Tiene que ver mucho con que las instituciones públicas cumplan con sus funciones”, refirió considerando además que de todas maneras falta mayor atención a la prevención de conflictos y problemas con gobiernos locales. Asimismo, comentó a este medio que hace unos días, el actual alcalde de Ilave rindió cuentas y no se presentó mayor inconveniente.

¿Se podría repetir otro caso en Ilave como el 2004? El peligro es latente y si se han presentado linchamientos últimamente, han sido contra personas acusadas de ser delincuentes, como lo ocurrido esta semana en Juliaca.

Pajuelo apuntó que hay problemas de fondo que se mantienen actualmente en zonas andinas y amazónicas, como el caso de los nativos de la cuenca del río Corrientes, en Loreto, que bloquearon la carretera hacia instalaciones de Pluspetrol en protesta por los impactos causados en su territorio. Por su parte, Herquinio consideró que falta una mayor coordinación y logística de parte del gobierno regional y nacional para la prevención de conflictos.

DATOS - Dos días después de la masacre en Ilave, Filomena Mucho Páucar miembro del Movimiento Independiente Unión Regional al que pertenecía el alcalde, aseguró que estas fueron las últimas palabras de la autoridad ante dirigentes encapuchados y con efectos de alcohol: "Perdónenme. Piedad. Pido perdón a mi pueblo. No me maten".

- El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, revela que Puno es la tercera región del país que registra más conflictos sociales (18). Entre los tipos de conflicto, el referido a gobiernos locales es el segundo (32).