En una operación conjunta entre la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, se ejecutaron este lunes cuatro allanamientos en las regiones de Arequipa y Puno, en el marco de la investigación contra la presunta organización criminal Los Fríos del Hambre, vinculada al caso de intoxicación masiva de 23 escolares en marzo de este año en el distrito de Cabana, provincia de San Román.
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Uno de los principales implicados es Ronald Loza Machicao, funcionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, quien fue detenido en el hotel AuroMar INN, ubicado en la avenida El Sol de la ciudad de Puno. Además de su detención, se allanaron propiedades vinculadas a su nombre, incluyendo un inmueble en la urbanización Las Colonial III, en el distrito de Paucarpata (Arequipa).
Según el Ministerio Público, Loza habría recibido sobornos de parte de la empresa proveedora Frigoinca S.A.C. con el fin de alterar los resultados de los análisis microbiológicos de conservas de pescado marca Don Simón, distribuidas por el programa estatal Qali Warma. La finalidad era encubrir la contaminación del producto y desviar la responsabilidad hacia un supuesto consumo de agua en mal estado por parte de los escolares.
Las autoridades fiscales han identificado depósitos realizados por Noemí Alvarado, trabajadora de Frigoinca, a la cuenta personal de Loza, lo que refuerza la hipótesis de una red de corrupción que operaba desde dentro del sistema sanitario regional para proteger los intereses de la empresa, cuyo propietario, Nilo Burga, falleció recientemente en circunstancias aún bajo investigación.
El escándalo tuvo su origen en marzo de 2024, cuando al menos 23 menores de edad resultaron intoxicados tras consumir productos enlatados suministrados por Frigoinca en la institución educativa Gamaliel Churata, en Cabana. Los estudiantes fueron atendidos en el hospital Carlos Monge Medrano y, desde entonces, el caso generó una profunda alarma sanitaria y derivó en investigaciones de alcance nacional.
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Las diligencias ejecutadas esta semana se realizaron bajo estricta reserva judicial. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Loza habría manipulado o influenciado directamente en los informes sanitarios para eximir a Frigoinca de sanciones contractuales y administrativas, asegurando así la continuidad de la empresa en el programa de alimentación escolar.
La operación deja al descubierto una trama de corrupción que compromete la seguridad alimentaria de menores, y forma parte de un esfuerzo mayor por desarticular redes criminales que operan bajo la fachada de proveedores estatales. Las investigaciones continúan para identificar a otros involucrados y determinar el alcance total de los delitos cometidos.
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