Walter Aduviri conversó desde la clandestinidad. (Foto: GEC)
Walter Aduviri conversó desde la clandestinidad. (Foto: GEC)
Redacción EC

El gobernador regional de , , condenado a seis años de prisión efectiva como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, por los hechos ocurridos durante la protesta denominada 'Aimarazo', en el 2011, dijo desde la clandestinidad que se le ha sentenciado sin medios probatorios.

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La autoridad regional manifestó que los más de 140 testimonios recogidos por el Ministerio Público durante el proceso que se le siguió provienen de personal de Inteligencia del Estado y de informes periodísticos.

“Creemos en una justicia objetiva en donde se debería sentenciar con medios probatorios. El hecho de sentenciar leyendo algunos periódicos y leyendo alguna información de Inteligencia creemos que no es un medio probatorio justificable”, indicó en conversación con RPP Noticias.

En ese sentido, indicó que la quema de varios locales públicos y desmanes durante el 'Aimarazo' fueron “provocados por agentes del servicio de Inteligencia infiltrados en las protestas, al mismo estilo de la marcha de los Cuatro Suyos".

Aseguró que no hay pruebas de que él haya ordenado la realización de esos actos de violencia y exigió que se le pruebe que ordenó a terceros cometer delitos.

"Eso lo ejecutaron terceras personas, eso es lo que no me prueban a mí. No hay audio, ni un medio probatorio en el que yo ordeno. Que me prueben que ordené a terceros para cometer delitos", aseveró.

Cuando fue consultado sobre si piensa entregarse a la justicia, indicó que agotará todas las medidas legales en su defensa y que incluso podría acudir a instancias internacionales.

“Voy a agotar todas las medidas legales que corresponden y probablemente tengamos que acudir a instancias internacionales”, puntualizó.

Walter Aduviri fue condenado a seis años de prisión por ser coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso 'Aimarazo'. Además, se le ordenó pagar S/2 millones como concepto de reparación civil.

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