Walter Aduviri: estas son las razones del pedido de prisión preventiva en su contra

El Ministerio Público solicitó un mes de prisión preventiva para el gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, argumentando que existe peligro de fuga en el proceso penal que afronta por los sucesos ocurridos durante la protesta antiminera denominada 'Aimarazo', en el 2011.

► Walter Aduviri: fiscalía pide un mes de prisión preventiva en su contra

El fiscal Juan Monzón Mamani, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, planteó este requerimiento ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, que despacha el juez Youl Riveros Salazar.

La audiencia de revocatoria de comparecencia restringida que pesa actualmente sobre Aduviri Calisaya fue programada para la tarde de este jueves. A la cita deberá acudir el investigado junto a su abogado, según lo dispuesto por el magistrado.

El pedido fiscal se sustenta en el hecho de que el acusado incumplió varias medidas restrictivas dictadas por el citado Juzgado en octubre del 2012, cuando inició el proceso contra los dirigentes del 'Aimarazo'.

Entre las acciones incumplidas está el haberse ausentado de la región, luego de que viajara hacia otras regiones del país en reiteradas ocasiones sin solicitar permiso e incluso una vez al vecino país de Bolivia para reunirse con el jefe de Estado de esa nación, Evo Morales.

Asimismo, no haber asistido en varias oportunidades a la comparecencia obligatoria ante el despacho judicial, durante los tres primeros días de cada mes, a fin de dar cuenta de sus actividades. Además, el acusado no cuenta con registro biométrico.

Igualmente, el documento fiscal de pedido de prisión preventiva señala que Walter Aduviri, cuando fue sentenciado en anterior juicio con siete años de pena privativa de la libertad -ratificado en segunda instancia, pero luego anulado en recurso de casación por la Corte Suprema- pasó a la clandestinidad durante nueve meses.

-Proceso que afronta Aduviri-

El gobernador regional de Puno viene siendo procesado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios en agravio del Estado.

Como se recuerda, la autoridad regional ya fue condenada por un tribunal a 7 años de prisión efectiva, sin embargo, presentó un recurso de casación el cual fue declarado fundado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta ordenó un nuevo juzgamiento en primera instancia por un nuevo juzgado colegiado.

En aquella oportunidad, los magistrados de la Sala Penal Permanente declararon fundado el recurso de casación debido a la inobservancia del precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación en que incurrió la sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Puno, el 29 de diciembre de 2017.

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