Martin Hidalgo Bustamante

Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos

martin.hidalgo@comercio.com.pe

Los proyectos de ley en el Perú deben incluir tres características: el efecto de la vigencia de la norma, el análisis costo-beneficio y su vinculación con el Acuerdo Nacional. Tras la revisión de 890 iniciativas presentadas entre agosto del 2016 y marzo del 2017 en el Congreso, El Comercio detectó que no todas cumplen con los tres requisitos.

Estos tres requisitos están contemplados en el artículo 76, inciso 2, literales a) y e) del Reglamento del Congreso. “[Los proyectos] No pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. Esta regla no afecta el derecho de los congresistas de hacer proposiciones en ese sentido durante el debate del presupuesto”, dice el literal ‘a’.

—Costo-beneficio—
De los 890 proyectos de ley revisados –presentados hasta marzo último– en 750 de ellos se asegura que no generan costos. En estos se repite la frase “el proyecto de ley no ocasiona gasto al Estado Peruano”, sin mayor análisis de fondo.

La asociación civil Transparencia presentó en el 2008 y 2013 una “Guía para la evaluación de proyectos de ley”, en la que aborda la problemática del análisis costo-beneficio en los proyectos de ley del país. Su actual secretario general, Gerardo Távara, sostiene que existe una malinterpretación del requisito.

“Se reduce a una simple frase que dice ‘no irrogará gastos al Estado’, pero no se explica si en realidad va a generar costos en términos monetarios u otros costos, como sociales, culturales. Hay otros costos que evaluar. Se supone que se deben explicar y comparar los beneficios para tener un análisis”, dice.

Este Diario también encontró 104 proyectos con redacciones ambiguas en los que solo se habla de los “beneficios” pero no son precisos en determinar el costo de los mismos.

También figuran 36 iniciativas que consignan que generarán costos, pero no especifican montos. Un ejemplo es el proyecto para regular la responsabilidad administrativa de empresas por el delito de cohecho activo transnacional. Su autora, Marisa Glave señala: “En tal medida, los beneficios de restringir los espacios de impunidad de los que se benefician las empresas corruptas son –claramente– superiores a los costos que conlleva la implementación de la presente propuesta legislativa”.

Existen casos como los de los legisladores Miguel Torres y Alberto de Belaunde cuyos proyectos presentan cuadros de análisis comparativos entre los costos y los beneficios. De Belaunde además ha presentado un proyecto de ley para crear una oficina para estudiar el análisis costo-beneficio de los proyectos presentados. Aunque en este proyecto, como costo, solo señala: “posible aumento del gasto operativo administrativo”.

—Acuerdo nacional—
La concordancia con las políticas del Acuerdo Nacional es lo que menos toman en cuentan los congresistas del actual Parlamento. De los 890 proyectos analizados, 513 no desarrollaron este apartado en sus propuestas.

Y de los 377 que sí lo consignan, no todos lo desarrollan debidamente. “A veces se menciona que concuerda con la política quinta, pero no te explican en qué sentido”, señala Gerardo Távara.

—Vigencia—
La vigencia de un proyecto de ley está referida a los efectos que tiene dicha propuesta sobre la legislación actual. Sobre esto existe otro problema detallado por Távara. “Se usa la frase ‘deróguese toda norma anterior a la presente ley’ y no se especifica cuáles”, dice.

Ante esta problemática, el Parlamento creó una comisión encargada de evaluar normas que fueron derogadas tácitamente y que se mantienen en vigencia. En el 2010 se depuraron 6 mil de estas normas obsoletas.

(Ilustración: Víctor Aguilar)

Da clic para incrementar el tamaño de la imagen. (Ilustración: Víctor Aguilar)

COMPARACIÓN REGIONAL

Perú
Este ejemplo resume la estructura de los proyectos de ley en el país con los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso: la vigencia de la norma, el análisis costo-beneficio y la concordancia con el Acuerdo Nacional. El desarrollo de los textos varía según el legislador.

Colombia
En Colombia, al igual que en nuestro país, no todos los proyectos cuentan con un análisis costo-beneficio, pero los que sí lo tienen desarrollan cuadros al detalle. Este ejemplo especifica el costo mensual y anual de la propuesta de formalización de madres sustitutas .

Chile
En este país, las iniciativas de ley no cuentan con análisis costo-beneficio. Su estructura común es más simple: ideas generales, los considerandos, el contenido de la propuesta y el proyecto en sí. El desarrollo de sus textos suelen ser concisos en no más de seis páginas.

Ecuador
Tienen una estructura similar a los proyectos de ley de Chile, priorizan los “considerandos” en el desarrollo de sus propuestas. En los considerandos se especifican al detalle todas las normas que se modifican o derogan con la propuesta de ley presentada por el asambleísta.

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