Revisiones técnicas de mototaxis a cargo de municipalidades: el polémico proyecto de ley que le podría abrir la puerta a la informalidad y la corrupción

El proyecto de ley pretende modificar los artículos 5, 9, y 13 de la Ley de Transporte Público de Personas en Vehículos Automotores Menores, Categoría Vehicular L5 (Ley N°31917). La categoría L5 corresponde a los vehículos con tres ruedas simétricas que prestan el servicio de transporte.

Uno de los requisitos que deben cumplir los vehículos menores categoría L5 para prestar el servicio de transporte público de personas es contar con la revisión técnica vigente. El proyecto indica que de no contar con plantas de revisiones técnicas autorizadas en su jurisdicción, las municipalidades distritales podrán realizar anualmente las Revisiones de Características Técnicas Vehiculares para verificar su operatividad en la prestación del servicio especial, tanto de los vehículos menores motorizados L5 como de los no motorizados.

¿Cuáles son las justificaciones de este proyecto de ley? Entre sus fundamentos, la norma menciona que, en el poco tiempo de vigencia que tiene la Ley N°31917 (aprobada en octubre de 2023) “los transportistas de las asociaciones de mototaxis del Perú y las confederaciones a nivel local y regional manifiestan que han observado efectos negativos”.

“He sostenido diversas reuniones con representantes de confederaciones y asociaciones de mototaxistas del Perú, donde me han hecho llegar sus observaciones formuladas a la Ley N°31917″, se lee en el escrito. Entre sus justificaciones.

En diálogo con El Comercio, la congresista Alcarraz mencionó que presentará el proyecto de ley ante la Comisión de Transportes del Legislativo. Cabe resaltar que, antes de ser electa como congresista por el partido Podemos Perú, Kira Alcarraz fue mototaxistas en Ticlio Chico, Villa María del Triunfo.

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP), explicó a El Comercio que la revisión técnica verifica que un vehículo tiene las condiciones necesarias para circular por la vía pública y, de ser el objetivo, transportar pasajeros. Por ello, se inspecciona el funcionamiento de su sistema de iluminación, tracción, suspensión y dirección.

Las revisiones se realizan en los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La lista de centros en cada región se encuentra en el portal Consulta CITV.

En ese sentido, Barreto considera inapropiado que las municipalidades distritales puedan realizar las revisiones técnicas de los mototaxis como pretende permitir el proyecto de ley de la congresista Alcarraz.

“Las municipalidades son las encargadas de autorizar a los mototaxis para que operen en un distrito. Sin embargo, existen antecedentes de actos ilícitos cuando las revisiones técnicas están a cargo de la misma autoridad que expide el permiso de operación. La norma pretende que los municipios estén a cargo de todas las autorizaciones que requieren los mototaxis. Esto puede motivar actos de corrupción y una revisión inadecuada de estos vehículos”, detalla.

Barreto subrayó que no existen centros autorizados para la revisión técnica de vehículos menores en cada uno de los distritos del Perú. “La ley da pie a que cada municipalidad local pueda realizarla. Entonces, tendrían que hacer una inversión considerable para tener una planta con infraestructura adecuada, equipos homologados por el Instituto Nacional de Calidad y personal que garantice una inspección apropiada. Esto es imposible para todos los municipios; incluso, algunos se han declarado en quiebra, como Breña”, señaló Barreto.

“Si las municipalidades no cuentan con plantas apropiadas para la revisión, podrían otorgar una concesión a un centro técnico privado y obtener una ganancia económica; el proyecto de ley no lo impide. Esto puede motivar actos de corrupción”, subrayó.

Por otro lado, José Aguilar, expresidente de la ATU, mencionó que la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) fiscaliza que los vehículos tengan revisión técnica vigente. Sin embargo, advirtió que el organismo adscrito al MTC perdería esta facultad si las municipalidades se encargan de realizar la inspección técnica, como propone el proyecto de ley. “No habría una forma verídica de verificar si las mototaxis cuentan o no con la revisión técnica vigente, o si se realiza una evaluación apropiada de estos requisitos. Esto puede exponer a los pasajeros al peligro”, advirtió.

“La norma no indica que la revisión que realizarán las municipalidades seguirá la normativa del MTC. Además, las mototaxis podrían pasar por revisión técnica en un distrito diferente al que operan, porque la norma no lo restringe. Allí surge otro inconveniente para su fiscalización”, cuestionó Barreto.

Según el proyecto de ley, la modificación del artículo 9 se debe a las dificultades de los transportistas en diversas regiones del país para acceder a una planta de revisión técnica, principalmente quienes están en zonas rurales de la selva. No obstante, Barreto cuestiona que la ley otorgue esta facilidad a nivel nacional.

“Es cierto que este problema ocurre, pero no debería ponerse esta situación como ejemplo para aplicarlo en todo el país. Esta norma debería incluir una evaluación sobre los distritos donde existen mayores dificultades para que los taxistas accedan a la revisión técnica, o plantear normas complementarias al MTC. Sin embargo, no cuenta con este sustento”, aseveró.

Por todo lo mencionado, Barreto considera que la aprobación de esta ley sería una “puerta abierta a la informalidad”. “La norma no asegura la calidad adecuada para la revisión de las unidades. Existe gran presión social en las municipalidades en materia de las autorizaciones de mototaxi. Podríamos tener a más mototaxis exoneradas de cumplir las reglas mínimas de transporte circulando por las calles”, afirma.

Aguilar, en tanto, considera que el proyecto de ley daría pie a precarizar el parque automotor y que, progresivamente, los requisitos de autorización para los mototaxis sean más flexibles de acuerdo a las intenciones de los conductores.

Kira Alcarraz señaló a El Comercio que su proyecto de ley tiene como objetivo “incentivar la formalización” de los conductores de taxi que operan al margen de la formalidad. En ese sentido, mencionó que, de no existir un centro de revisión técnica en su jurisdicción, las municipalidades deberían evaluar las características mínimas que deben cumplir los mototaxis.

“Las municipalidades deben evaluar que una mototaxi tenga lo básico: tarjeta de SOAT vigente, cintas métricas, llantas de repuesto, extintor, logo. ¿Qué tan difícil es revisar una mototaxi? Esto reducirá la informalidad. Progresivamente, las municipalidades podrán contar con una planta de revisión propia”, aseguró.

Por otro lado, indicó que, aunque no se mencione al respecto en el contenido de la norma, la ley “indirectamente obligará a los centros de revisión técnica que solo revisan autos a evaluar también a los mototaxis”, de tal manera que brinden un servicio completo. “Esto incentivará la formalización”, afirmó.

El proyecto de ley también busca modificar el artículo 5 de la Ley N°31917 para exonerar del examen de conocimiento a la hora de revalidar la licencia de conducir a los conductores de mototaxis que no tengan infracciones.

Cabe recordar que, hace dos semanas, el Ejecutivo publicó un Decreto Supremo a favor de los mototaxis con licencia clase B, pues decretó que no tendrán que pasar por un examen de conocimiento a la hora de revalidar su licencia de conducir. Con el nuevo reglamento, los mototaxistas ahora solo deberán proporcionar una declaración jurada. Este documento debe contener información personal detallada y certificar que no se les ha retirado el derecho a conducir. Además, deberán presentar un certificado médico válido que avale su aptitud física y mental para conducir.

Alcarraz mencionó estar en contra de la decisión del Ejecutivo. Por ello, a diferencia del Decreto Supremo, la norma de su autoría “premia solo a los que lo merecen”. “De esta manera, incentivamos a no cometer infracciones y a flexibilizar los trámites de autorización para manejar mototaxi, que son engorrosos”, expresó.

Por otro lado, el proyecto de ley busca modificar el artículo 13 de la Ley N°31917 para determinar quiénes deben integrar la Comisión Técnica Mixta, un órgano colegiado en cada municipalidad distrital donde existe un servicio de transporte motorizado. Este grupo puede formular proyectos y planes en materia de tránsito y transporte en una jurisdicción para la consideración de la municipalidad.

El proyecto de ley busca que esté conformado por los funcionarios de la comisión de Transportes de cada municipio, la Policía Nacional del Perú (PNP) de la jurisdicción y por las Organizaciones de Transportadores por igual número de representantes. “Queremos visibilizar al mototaxista para que tomen en cuenta nuestra opinión”, aseguró Alcarraz.

Al respecto, Barreto cuestionó la modificación. “Las normas de transporte, en lugar de contar con mayor nivel técnico, podrían verse dañadas para favorecer los intereses de grupos de transportistas”, expresó. Por su parte, Aguilar también advirtió consecuencias negativas. “El riesgo reside en que los mototaxistas ejerzan presión”, sostiene.

Así también, Barreto señaló que la PNP no es una autoridad competente para formular proyectos o modificaciones a las normas de transporte, como propone la norma, ni fiscalizar a los mototaxistas, ya que tiene competencia en materia de tránsito. “La policía puede brindar garantías de seguridad a los funcionarios que fiscalizan el transporte. Esta norma busca que los policías de cada jurisdicción tengan competencias de transporte, algo que no le corresponde”, afirmó.

Al respecto, Alcarraz respondió que la norma busca que la policía participe en asuntos de transporte para que trabaje en conjunto con las municipalidades. “Por ejemplo, los policías deberían fiscalizar que los autos cuenten con revisión técnica”, mencionó.